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Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva en Bolivia: Observatorio Ciudadano de Audiencias Cautelares

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La reforma procesal penal vigente en Bolivia desde hace más de 10 año(1), marca la transición del sistema inquisitivo y represivo al sistema acusatorio garantista, donde la figura de la detención preventiva fue planteada con carácter de excepcionalidad, cumpliendo únicamente el fin de asegurar la averiguación de la verdad e impedir que el imputado se fugue u obstaculice el proceso y la averiguación de la verdad. La Constitución Política del Estado boliviana reconoce y ampara el derecho a la libertad estableciendo que la misma sólo podrá ser restringida en los límites señalados por Ley y con el único fin de asegurar la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. (Artículo 23, parágrafo i). Asimismo garantiza la presunción de inocencia el “in dubio pro reo” y el principio de legalidad en el proceso penal. (Artículo 116, I - II).

No obstante en la práctica, la realidad nos muestra que este carácter excepcional de la detención preventiva, no sólo no se cumple, sino que se aplica de forma sistemática como “regla”, ocasionando serios problemas de hacinamiento, salud pública y derechos humanos que afectan tanto a la población carcelaria como a sus familias.

Bolivia cuenta con 54 recintos penitenciarios (17 urbanos y 37 rurales) con una capacidad total de albergar a 5000 personas, no obstante actualmente se calcula que más de 11.500 personas se encuentran recluidas en estos centros llegando a un nivel de hacinamiento que supera el 130%, estas cifras hacen de la situación del país una de las más críticas del continente.

Los últimos años se han realizado diversas modificaciones a la legislación penal todas ellas tendientes a crear nuevos tipos penales, aumentar las penas, ampliar los plazos procesales fatales para la investigación del casos o resolución del juicio penal, así como a ampliar los criterios para que los jueces apliquen la detención preventiva(2), situación que presumiblemente ha generado un aumento de cerca de 4000 detenidos preventivos en los penales del país en los últimos dos años (2009 y 2010), cifra que supera en más del 100% casi equiparable a la que motivo hace mas de 15 años a promover una reforma procesal penal de tipo acusatorio(3). La situación se agrava si te toma en cuenta que según la Dirección Nacional del Régimen penitenciario se estima que el 84% de la población carcelaria boliviana está constituida por personas en situación de detención preventiv(4).

Frente a esta situación se hace necesario promover esfuerzos conjuntos entre sociedad civil, Estado e instancias promotoras de los derechos humanos, promuevan mayor análisis y debate en torno a la problemática, así como identifiquen soluciones que alivien y reduzcan progresivamente los índices de detención preventiva en Bolivia.

En este contexto Fundación CONSTRUIR en alianza con el Centro de Estudios en Justicia de las Américas – CEJA, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el proyecto “Convivir Sembrar Paz” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia y la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, se encuentran promoviendo el desarrollo del estudio “Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva” que busca identificar la situación, uso e impacto de la Detención Preventiva, así como los factores que inducen a su aplicación por parte de los operadores de justicia en la ciudad de La Paz.

El estudio consta de dos áreas de acción a) Recopilación de Información: Consistente en desarrollar un proceso de recopilación de información actualizada y pormenorizada sobre el sistema penitenciario y la población carcelaria en Bolivia. Es importante mencionar que se buscará que dicha información se encuentre desagregada por género, cultura, edad y situación económica, b) Observatorio Ciudadano a las Audiencias Cautelares: Iniciativa desarrollada con el apoyo de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y consistente en la aplicación de una metodología de seguimiento al desarrollo de las audiencias cautelares diseñada por el Centro de Estudios en Justicia de las Américas – CEJA, que permitirá identificar la situación, uso e impacto de la detención preventiva en la ciudad de La Paz, así como los factores que inducen a su aplicación por parte de los jueces.

El estudio inició el mes de noviembre del 2011, cuando Fundación CONSTRUIR adelantó un proceso de gestión de acuerdos y alianzas con instituciones representativas para los fines del estudio tales como el Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de La Paz, Instituto Nacional de Estadística, Defensa Pública, Ministerio de Justicia, Dirección Nacional del Régimen Penitenciario, entre otras. Paralelamente impulsó acciones de inducción y reclutamiento de voluntarios estudiantes de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” con quien se tiene un convenio firmado y con otras universidades como la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Salesiana.

Posteriormente los días 9,10 y 11 de enero del 2012 se desarrolló un proceso oficial de capacitación al equipo de 26 estudiantes voluntarios, con la metodología para la observación del proceso y se diseñó de forma conjunta a los participantes un instrumento de observación basado en los preceptos de la normativa penal y procesal penal en Bolivia, así como otras pautas que permitirán recabar la información precisa sobre la calidad de las audiencias cautelares. Este proceso de capacitación fue conducido por la abogada argentina Leticia Lorenzo, consultora del Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, quien facilitó un proceso de reflexión y análisis que partió de la situación normativa y contextual que hace casi 20 años motivo la discusión sobre la necesidad de una reforma procesal penal de tipo acusatorio y garantista, para luego profundizar en las bases de la Ley 1970 (Nuevo Código de Procedimiento Penal), y llevar a los estudiantes a un análisis minucioso sobre los avances y retrocesos en los más de 11 años de vigencia de esta norma.

La metodología de capacitación incluyó la presentación de documentales y material audiovisual, con la finalidad de generar en los asistentes una percepción integral sobre la problemática e impacto de la detención preventiva, mirada que permitió que al finalizar la capacitación se pueda validar el instrumento de observación con los aportes de todos y todas los (as) participantes.

A partir del 16 de enero del 2012, se impulsó un periodo piloto de observación a audiencias cautelares con la finalidad de aplicar el instrumento de observación y evaluar posibles cambios y/o complementaciones para fortalecer su efectividad en cuanto a la información requerida por el estudio.

Culminado el periodo de prueba, el 1 de febrero se inició oficialmente el Observatorio Ciudadano de Audiencias Cautelares, conformado por un equipo de 26 estudiantes voluntarios quienes aplican la metodología de monitoreo a 15 juzgados de instrucción ubicados en las ciudades de La Paz y El Alto.

A la fecha se han observado más de 150 audiencias cautelares y se espera que esta cifra se duplique para cuando finalice el ciclo de observación (16 de marzo de 2012), momento en el cual el estudio ingresará a la fase final de sistematización, análisis y consolidación en un documento público que constituirá una fuente importante de información sobre la problemática del uso excesivo de la detención preventiva en Bolivia, y una base que permita la agenda pública y adopción responsable de medidas para reducir progresivamente los índices de detención preventiva y fortalecer el acceso a la justicia en Bolivia.

NOTA

(1) Ley 1970 de 25 de marzo de 1999
(2) Ley 2494 de 2003 que adhiere la reincidencia como causal para la aplicación de la detención preventiva, ley 007 de 2010 que amplia los criterios para determinar el peligro de fuga o obstaculización del proceso,  de 2010, ley 737 de 2010 que agrega agravantes a ciertos delitos sobre el fundamento de que se basen en móviles racistas, además de crear nuevos tipos penales.
(3) Según el Estudio “El Impacto de las Reformas Procesales Penales en la Prisión Preventiva en América Latina”-Bolivia el año 1993 cuando se desarrollaron los estudios previos a la Reforma Procesal Penal, las cárceles bolivianas albergaban a 4176 internos. Actualmente se calcula que existen más de 11.000 privados de libertad en todo el país, situación que eleva los índices de hacinamiento a más del 200%.
(4) http://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Un-16%-de-los-11.516-Reclusos--del-pais-reincide-en-el-delito-y-vuelve-a-prision&cat=362&pla=3&id_articulo=84207

Fuente : http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/component/content/article/982-reforma-procesal-penal-y-detencion-preventiva-en-bolivia-observatorio-ciudadano-de-audiencias-cautelares


Fecha de publicación: 2012-03-16

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