Skip to content

III.

Estado de situación de la Justicia 2018

Acceso a la Justicia de Mujeres que sufren violencia

El documento recupera datos producidos por la Alianza Libres Sin Violencia bajo la coordinación de la Comunidad de Derechos Humanos que desde hace varios años promueve un proceso de medición sobre el cumplimiento del estándar de la debida diligencia basado en diversos criterios de ponderación que para el último reporte disponible al momento de desarrollar el informe precisaron lo siguiente:

I.

Trato Digno: Muchos de los casos de violencia contra las mujeres continúan siendo procesados en juzgados no especializados, y de acuerdo a datos disponibles a 5 años de vigencia solamente existen 15 juzgados y tribunales de Anticorrupción y Violencia contra las Mujeres a nivel nacional, sin datos oficiales que permitan saber si se incrementaron.

II.

Atención inmediata: La larga de la duración de los procesos continúa siendo una barrera que puede impactar en que las víctimas abandonen los procesos.

III.

Información clara, veraz y oportuna: Para 2017 la tasa de usuarias del servicio que declaró recibir información adecuada bajo del 64% al 60%, mientras que el porcentaje de mujeres que no recibieron información subió del 36% al 40%.

IV.

Gratuidad del Servicio: Pese que la gratuidad del servicio es uno de los principios establecidos en la Ley 348, a 2017 el reporte de la Alianza Libres Sin Violencia precisó que si bien el porcentaje de usuarias que tuvieron que cubrir costes de su proceso redujo sustancialmente todavía alcanza al 32%.

V.

Valoración del riesgo y efectividad: Se tiene que al año 2017 los casos en los que el/la juez/a realizó la homologación de las medidas de protección bajaron del 49% al 26%.

VI.

Especialidad del personal: se evidencia que al 2016 el 74% de las sentencias revisadas, los/las jueces/zas aplicaron jurisprudencia nacional en la fundamentación de dichas sentencias, dato que bajó al 25% al año 2017; y en referencia a la jurisprudencia internacional, el 2016 solamente el 2% de las sentencias revisadas es fundamentada con la misma, y al 2017 subió al 4%. Por otra parte, se evidencio que la mayoría de las autoridades que conocen los casos de violencia contra las mujeres, son jueces/zas en materia penal, y existe aplicación preferente de la normativa penal ante la Ley 348.

VII.

Confianza en el servicio: El reporte precisó que sólo el 52% de las usuarias manifestó que confía en el trabajo que se realiza en esta instancia, sin embargo, el 48% no confía.

Una iniciativa de:

ap0

Apoyado por:

ap
apoyos