El informe reconoce que uno de los principales desafíos en la agenda pública es la promulgación de una ley de acceso a la información pública, pese a ello, también asevera que el país tiene una amplia normativa que garantiza la transparencia, la participación ciudadana y la publicidad, no obstante, en la actualidad la información producida por las instancias que intervienen en la administración de justicia que es puesta a disposición del público, no cumple con criterios que permitan desarrollar un efectivo monitoreo social. Al mismo tiempo preocupa que dichas instancias no produzcan información necesaria para adoptar políticas públicas basadas en evidencia, lo cual impacta en su efectividad para solucionar las brechas de acceso a la justicia. La sociedad civil recomienda por tanto cumplir con la promulgación de una ley de acceso a la información pública, así como mejorar la calidad de los datos sobre la gestión judicial, incorporando buenas prácticas e introducir mecanismos de apertura de datos y gobierno electrónico judicial .