El Estado boliviano reconoce la necesidad de una ley de acceso a la información pública y que transformar la justicia para la población es un tema pendiente
La Paz, 08 de octubre de 2020, organizaciones de la sociedad civil boliviana presentaron a la Comisión Interamericana un informe sobre la “Situación de Independencia Judicial y Acceso a la Información Pública en el contexto del COVID-19 en Bolivia” en una audiencia pública desarrollada durante el 177° periodo de sesiones.
La articulación compuesta por el CLADEM Bolivia, Colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE, Comunidad de Derechos Humanos, la Coordinadora de la Mujer, Fundación CONSTRUIR, Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad, Fundación IVI MARAEI, Fundación para el Debido Proceso, Fundación Tribuna Constitucional y La Pública, quienes se constituyeron en peticionarios del espacio presentaron el informe estructurado en dos áreas; el acceso a la información pública y su vínculo con los derechos humanos, y la independencia judicial.
La sociedad civil precisó que Bolivia no cuenta con una ley de acceso a la información pública, no obstante, el marco constitucional garantiza este derecho y obliga al Estado a la observancia de los instrumentos y estándares internacionales de derechos humanos en la materia, sin embargo, las instituciones públicas no cumplen con esta obligación, en este contexto, la sociedad civil manifestó con preocupación que la mayoría de los portales Web de las entidades del Órgano Ejecutivo, no suministró información específica, diferenciada, detallada y actualizada sobre las inversiones, adquisiciones y donaciones de equipos, insumos entre otros para combatir la Pandemia, situación que se hace extensiva a las entidades del sector justicia, en las que la opacidad se ha visto profundizada durante la pandemia, donde las medidas adoptadas para la continuidad de los servicios no fueron asumidos de manera inmediata, sino un proceso impulsado de manera paulatina, que no ha considerado elementos necesarios para remover brechas que afectan de manera diferenciadas a grupos prioritarios, entre ellos el acceso a herramientas tecnológicas, las capacidades de la población de utilizarlas, las limitaciones de movilización durante la cuarentena rígida y como estos criterios impactan en grupos prioritarios, especialmente mujeres y niñas víctimas de violencia.
En la relación a la independencia judicial, las organizaciones presentes desarrollaron un balance de la situación a partir de sus dos facetas (institucional e individual), observando que el Estado no ha cumplido con la obligación de fortalecer el presupuesto al sector justicia que para el 2020 constituyó el 052% sobre el total de recursos del TGN, por lo que no existen condiciones en Bolivia para una independencia administrativa y financiera, pero además, las condiciones precarias para cumplir con los servicios judiciales se han visto agravadas durante la pandemia, puesto que en ese contexto de limitaciones materiales, las instituciones del sector justicia tuvieron que asumir acciones para garantizar la continuidad de los servicios judiciales durante la pandemia.
Esta situación se mantuvo, sin avances plausibles, pese a la flexibilización de la cuarentena rígida y persiste, pese a la gravedad de las cifras registradas, por ejemplo, en materia de violencia contra las mujeres, donde el 67% de los feminicidios al mes de septiembre de 2020 se desarrolló durante el confinamiento, y, hasta el mes de agosto, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia registro 18.464 denuncias de violencia, lo que implica en promedio 77 casos diarios, ello considerando que existen cifras negras de casos no denunciados por las propias condiciones de restricción en la pandemia.
La sociedad civil también expresó preocupación por los efectos del uso arbitrario del sistema penal durante la primera etapa de la pandemia, en el que el gobierno promulgó tres decretos que ordenaba una respuesta penal al incumplimiento de las condiciones de cuarentena rígida, y también a todos los actos que promuevan desinformación, lo que de acuerdo a datos a los que tuvo acceso la sociedad civil, derivo en la imputación de al menos 781 personas por delitos contra la salud pública y 273 procesos penales al mes de abril del 2020. Al menos 83 de estos procesos, terminaron en condenas a partir de juicios abreviados, obteniendo sanciones de entre uno (1) y tres (3) años de prisión. Si bien estas disposiciones fueron derogadas más adelante como consecuencia de diversos pronunciamientos de organismos internacionales, el Estado no logró con ello revertir las vulneraciones causadas por la vigencia de los decretos, siendo para esto necesario revisar las condenas emitidas.
En cuanto a la situación de las cárceles, se cuestionó el escaso presupuesto que el Estado asigna al sector penitenciario, que de acuerdo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para 2020 fue de 9.150.000 Bs, totalmente insuficiente para administrar los 48 recintos carcelarios a nivel nacional, y al no existir información sobre asignaciones adicionales, se presume que el sistema penitenciario tuvo que asumir en esas condiciones los amplios desafíos de la pandemia, en un contexto en el 17365 personas privadas de libertad ocupan espacios habilitados para albergar a 6765 reclusos/as por lo que las tasas de hacinamiento del 257% constituyen la tercera cifra más alta en la región y la décima a nivel mundial[1]. El Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía se aprobó con serias restricciones de acceso, por lo que no tuvo impacto en la descongestión de los penales, mencionando que entre marzo y agosto el número de población carcelaria redujo sólo en 895 personas y las cifras de prisión preventiva redujeron tan sólo en un 0.23%, manteniendo una tasa de 64,32%, prácticamente igual a la que se tenía al inicio de la pandemia (64,55%).
Seguidamente, se cuestionó que en Bolivia no existen garantías suficientes que protejan a jueces y fiscales contra la injerencia externa e interna, por lo que el Estado debe asegurar procedimientos expeditos de denuncia, y al mismo tiempo debe solucionar la situación de provisionalidad del 80% de jueces y fiscales que se ha extendido en el país por casi una década. Asimismo, las últimas convocatorias públicas de ingreso a la carrera judicial han sido altamente cuestionadas, mereciendo procesos contra Consejeros de la Magistratura por la selección de más de 160 jueces a nivel nacional.
Como aporte final, se abordó la separación y el régimen disciplinario del cargo destacando el despido injustificado de 89 jueces en la gestión 2017. Si bien el Estado se ha comprometido en adoptar garantías para promover la institucionalidad y estabilidad de los jueces, las mismas no han sido cumplidas pues cada día son más frecuentes las amenazas y presiones, y no solo por parte del Órgano Ejecutivo sino incluso del Órgano Legislativo quienes han aprobado normativa que atenta gravemente contra la independencia de la jurisdicción constitucional.
Al concluir la audiencia, la CIDH enfatizo en el alto porcentaje de la provisionalidad de operadores de justicia en Bolivia que se contrapone a lo establecido en estándares internacionales promovidos por el Sistema interamericano de Derechos Humanos, recomendando al Estado la necesidad de establecer mecanismos de cooperación técnica con la Sociedad Civil para generar espacios de intercambios y la recolección de buenas prácticas que permitan avanzar en la reforma a la justicia integral.
La CIDH, vio con preocupación los datos presentados por la sociedad civil en relación a violencia contra las mujeres que no cuentan con una respuesta efectiva del Estado, el acceso a la justicia de las víctimas y la necesidad de la transversalización del enfoque de género en el sistema de justicia boliviano.
Finalmente, la CIDH destacó y recomendó trabajar en la necesidad de promover una ley específica de acceso a la información, que permita promover la transparencia y el control social. Comprometiendo sus buenos oficios para establecer espacios de intercambio de buenas prácticas en la región que inspiren el tratamiento de la Ley de Acceso a la información en Bolivia que se encuentre enmarcada en los estándares interamericanos.
Octubre, 2020
[1] Comparación realizada de la estadística oficial de régimen penitenciario y los datos del observatorio mundial de prisiones, del International Centre for Prison Studies.
