El pasado viernes 26 de agosto de 2022 en conferencia de prensa, el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, acompañado las autoridades del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, Mirtha Meneses y Omar Michel, informaron que siguiendo las recomendaciones de Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) y del Relator de Independencia Judicial de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, en informes que referían la grave situación de la justicia en Bolivia, se había determinado poner fin a la provisionalidad de 489 jueces y juezas a nivel nacional.
Anunciaron que la reforma judicial de 2009 produjo esta situación de transitoriedad de las autoridades jurisdiccionales, por lo que en cumplimiento de compromisos internacionales se ha tomado la decisión firme de “erradicar la transitoriedad”, emitiéndose una convocatoria interna en los siguientes días, evitando cualquier vulneración de derechos constitucionales para que la totalidad de jueces y juezas transitorios/as, puedan postularse y continuar sus labores.
Informaron además, que el proceso tendrá tres etapas, la primera de evaluación de méritos, una segunda, de examen de competencia y finalmente la última de entrevista personal; esperando la participación activa del Tribunal Supremo de Justicia, del sistema universitario, la Escuela de Jueces del Estado y de la sociedad en su conjunto para el respectivo control social siempre con el objetivo de que hasta el mes de octubre del año en curso se pueda contar con un órgano judicial completamente institucionalizado.
Entre los criterios de evaluación, se señaló que deberían considerarse designaciones a los egresados de la Escuela de Jueces del Estado y otorgar una respuesta definitiva a la problemática de aquellos jueces y juezas que egresaron del extinto Instituto de la Judicatura por lo que se realizó una nueva normativa de ingreso a la carrera judicial que se utilizará en este proceso.
A su vez, el titular de la cartera de Justicia, resaltó el trabajo del Consejo de la Magistratura, cumpliéndose recomendaciones realizadas al Estado boliviano para que el sistema de justicia cuente finalmente con jueces de carrera, y llamó a la sociedad boliviana a que durante la etapa de evaluación de méritos se presenten las denuncias correspondientes por cualquier persona afectada por irregularidades cometidas por malos jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones, aspecto que sería verificado por la Dirección Nacional de Control y Fiscalización dependiente del Consejo de la Magistratura.
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