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Sociedad civil boliviana presenta decálogo para combatir la corrupción en el día internacional

Defensores de derechos humanos presentaron hoy el Decálogo de la Sociedad Civil Boliviana contra la Corrupción. El evento se realizó con la presencia de representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil y en una fecha que coincide con dos celebraciones, el 9 de diciembre se recuerda el Día Internacional Contra la Corrupción y el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. El decálogo fue firmado por al menos 48 organizaciones de la sociedad civil.

El documento, que fue elaborado en distintas mesas de diálogo realizadas en diferentes departamentos del país, establece líneas de acción de prevención de la corrupción, pero principalmente a los sectores más vulnerables y empobrecidos.

Entre las premisas a ser consideradas por las organizaciones firmantes están el exigir una ley de acceso a la información pública, promover las contrataciones públicas transparentes, controlar el financiamiento de los partidos políticos, e investigar el impacto de la corrupción en los derechos humanos, entre otras.

En el documento también se plantea promover reformas en el sistema judicial para tener una justicia transparente y, sobre todo, independiente. Además de establecer procedimientos de monitoreo a los compromisos asumidos por el Estado en materia de lucha contra la corrupción.

El acto contó con la participación del embajador de la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy, quien resaltó la importancia de la sociedad civil en la agenda anticorrupción considerando que este flagelo impacta en los derechos humanos y se lleva anualmente cientos de miles de millones de dólares que podrían ser empleados para fortalecer la agenda de desarrollo. Dóczy asimismo, expresó que la promulgación de leyes no basta para frenar estos actos ilícitos, siendo necesario los esfuerzos para su implementación tarea que involucra tanto a los estados como a la sociedad civil.

El especialista en adquisiciones públicas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Eber Espejo, recordó que Bolivia se convirtió en 2005 en Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la cual obliga a las autoridades a tomar acciones de prevención, sanción y cooperación internacional para frenar estos hechos.

Esta iniciativa fue impulsada por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los derechos Humanos, Fundación CONSTRUIR, la Comunidad de Derechos Humanos, la Coordinadora de la mujer, la Fundación para el Debido Proceso, la Fundación Tribuna Constitucional, la Iniciativa LATAM y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (CBDHDD), con el apoyo financiero de la Unión Europea.

Los paneles desarrollados contaron con la participación de expositores nacionales e internacionales. Entre ellos estuvo Samuel Rotta, director ejecutivo de PROETICA (la primera ONG peruana en promover la ética y luchar contra la corrupción), quien presentó a los presentes la iniciativa denominada Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC). La misma se lanzó a fines de noviembre con alcance en más de 15 países y con el propósito central de vigilar en qué medida los Estados de la región cumplieron los compromisos contra la corrupción adoptados en el Compromiso de Lima, durante la VIII Cumbre de las Américas celebrada 2018.

Durante la exposición, Rotta recordó que Fundación CONSTRUIR es, precisamente, una de las organizaciones que participa del OCC. “El observatorio está trabajando en indicadores para ver cómo en la normativa y en la práctica se materializan estos acuerdos”, destacó.

Por otro lado,  la expositora boliviana Soraya Santiago, directora de la Fundación Tribuna Constitucional, indicó que el hecho de que en Bolivia aún no se cuente con una ley de acceso a la información pública no debería ser motivo para que el Estado no garantice este derecho. “El que no haya esta ley no implica que no tengamos el derecho, porque éste está en el marco normativo de la Constitución”.

La expositora añadió que hay varios factores que contribuyen a la corrupción en Bolivia, estos van desde la falta de institucionalidad y estabilidad de los funcionarios públicos, hasta elementos culturales que llevan a la población a hacer aseveraciones tales como: “Este gobernante roba, pero hace”.

Por último, otro de los expositores fue Ramiro Orias, oficial de Programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Orias resaltó el vínculo entre los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, pues lo uno está estrechamente relacionado a lo otro, ya que los actos de corrupción afectan directamente a las personas más vulnerables.

“Yo creo que es más lo que une que lo que separa a estos dos ámbitos (…). Si la transparencia es un elemento fundamental de la democracia, hay que luchar por ella y debe ser defendida”, sentenció el abogado.

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