DENUNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
HACINAMIENTO Y PANDEMIA
Numerosas muertes en las cárceles de Bolivia ante la indiferencia total del Gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Sistema de Justicia
Noticias recientes establecen la existencia de 75 personas privadas de libertad infectadas por COVID-19, aproximadamente 15 decesos confirmados a causa de la enfermedad y otros tres fallecimientos sospechosos de coronavirus en el Panóptico de San Pedro de la ciudad de La Paz.
En ese recinto penitenciario hay un estado de preocupación muy alto y desolación por la situación de salud y los fallecimientos. Por información de los internos se conoce que la atención médica es precaria, sin apoyo del Servicio Departamental de Salud ni de autoridades nacionales del área; se denunció que algunos de los fallecidos no fueron evacuados inmediatamente bajo protocolos de bioseguridad, aspecto que ha puesto a los mismos familiares desesperados e impotentes viendo la situación de sus seres queridos; como ejemplo se conoce que el 7 de julio fallece el señor Segundino Pari, por problemas respiratorios dejándolo en su celda que comparte con su hijo menor de edad por casi 8 horas. Este interno se encontraba en detención preventiva.
Otros ejemplos dramáticos los encontramos en el caso de Oscar Gumercindo Chambi, de quien se conoció de su estado grave de salud por su esposa quien denuncio que el mismo se encontraba en una sala común, con fiebre alta, dolor intenso en la garganta y en el cuerpo, pero no había sido atendido por el médico ni obtenido la medicación necesaria para su dolencia; por su parte el interno Franklin Sandi de 79 años de edad es evacuado del penal en estado grave el 7 de julio, falleciendo al día siguiente.
Esta situación ha empeorado, en consideración a que el Ministerio de Gobierno hace 2 semanas ha dejado cesantes a 70 profesionales en salud, apoyo y psicólogos/as, justo en este momento de pandemia y que contaban muchos de ellos con larga experiencia y especialización en la atención de personas privadas de libertad.
Si bien las organizaciones internacionales han informado a todos los países sobre los peligros del COVID-19 en las cárceles por el hacinamiento, recomendando varias medidas urgentes que muchos países asumieron inmediatamente, descongestionando su población penitenciaria, las acciones del Estado boliviano han sido deficientes. El Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, modificado y aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional no ha tenido el efecto deseado por sus amplias limitaciones y trámite burocrático, amplificado con un sistema de justicia con demasiadas carencias operativas y ralentizado por las medidas asumidas por la pandemia.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Subcomité de las Naciones Unidas por la Prevención de la Tortura, la Comisión interamericana de Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional y numerosas organizaciones de la sociedad civil boliviana han interpelado a la opinión pública y al gobierno sobre el peligro del hacinamiento, considerando que los penales del país tienen una sobrepoblación del 269% y la mayoría de los privados de libertad se encuentran detenidos preventivamente o condenados por delitos que no se encuentran en las previsiones del indulto y la amnistía decretados.
La causa principal del hacinamiento está en el uso desmedido que la justicia hace de la detención preventiva. El 64,33% de las 18.208 personas privadas de libertad estimadas a diciembre de 2019, no cuentan con una condena, generando que el país ocupe el cuarto lugar regional y el 21vo a nivel mundial en materia de población privada preventivamente de libertad.
Debido a la falta de independencia del Órgano Judicial se hace dificultoso que los fiscales y jueces puedan actuar a derecho, se continua usando de manera regular la medida cautelar de detención preventiva, imputando sin las pruebas suficientes, dejando de observar la presunción de inocencia y el debido proceso.
Por las razones expuestas, exigimos lo siguiente:
1.Se revise y modifique el Decreto de Indulto y Amnistía con el fin de que pueda beneficiar a una mayor cantidad de población carcelaria en el país, rebajando las condiciones y limitaciones que presenta, principalmente en temas de homicidio, robo y delitos de sustancias controladas.
2.La conformación de una comisión de auditoría con la participación de expertos nacionales e internacionales que revise los casos con excesivo tiempo en detención preventiva.3.Una visita in situ de organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de trabajo de las Naciones Unidas de Detención Arbitraria de en las distintas cárceles del país con el fin de que observen su real situación.
4.Se garantice a las personas privadas de libertad atención preventiva de salud con el fin de que la pandemia de COVID 19 no se expanda entre la población carcelaria del país. Y se apliquen protocolos adecuados para el tratamiento de infectados.
5. Se recontrate al personal médico, de apoyo y psicológico cesado, con el fin de que se refuerce las medidas de salud a ser adoptadas.
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1La Palabra del Beni, Registran 75 privados de libertad infectados con COVID-19 en distintas cárceles del país, publicado el 6 de julio de 2020, disponible en línea: https://lapalabradelbeni.com.bo/nacional/registran-75-privados-de-libertad-infectados-con-covid-19-en-distintas-carceles-del-pais/
2Correo del Sur Otro privado de libertad fallece en palmasola publicada el 20 de junio de 2020 disponible en línea: https://correodelsur.com/seguridad/20200620_otro-privado-de-libertad-fallece-en-palmasola.html
3Correo del Sur Tres reos en la cárcel de San Pedro de La Paz fallecen con síntomas de COVID publicada el 5 de julio de 2020, disponible en línea: https://correodelsur.com/seguridad/20200705_tres-reos-de-la-carcel-de-san-pedro-en-la-paz-fallecen-con-sospechas-de-covid-19.html