Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2019

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos es una articulación compuesta por más de 60 organizaciones de la sociedad civil boliviana, comprometidas con integrar esfuerzos, conocimientos y experiencias para acompañar el proceso de transformación a una justicia accesible, transparente, plural, independiente, con enfoque de género, derechos humanos y debido proceso.

En 2018, la plataforma ciudadana se propuso instalar una práctica de monitoreo ciudadano al funcionamiento del sistema de justicia. La iniciativa se plasma en la publicación denominada “Informe sobre el Estado de la Justicia”, la cual se presenta en su segunda edición que considera los avances y desafíos de la gestión 2019, tomando como fuentes: informes de Rendición de Cuentas Públicas, portales Web y datos oficiales proporcionados a la sociedad civil a través de solicitudes de información; informes producidos por las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la plataforma y registro hemerográfico.

El presente informe está estructurado en siete secciones de análisis y una de recomendaciones: i) el derecho de acceso a la información pública; ii) estado actual de los órganos de administración de justicia; iii) situación de acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencia; iv) la situación de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios; v) Situación del sistema de protección de niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal; vi) la administración de justicia penal; vii) Conclusiones y recomendaciones.

El primer capítulo aborda el derecho de acceso a la información pública, a pesar de que Bolivia no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública, el derecho se encuentra plenamente garantizado a partir del Art. 21.6 de la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos humanos vinculantes para el país, a partir de los cuales está obligado a cumplir con los principios de máxima divulgación y de buena fe. Sin embargo, de manera general, y, particular en lo relacionado a la administración de justicia, las instancias públicas no garantizan este derecho a la ciudadanía lo cual restringe la capacidad del ejercicio de diversos derechos entre ellos el control social.

El segundo capítulo en relación a la situación de la administración de justicia y su vínculo con la independencia judicial, se analiza a partir de dos dimensiones; la primera, referente a la dimensión institucional o de sistema, y la segunda, concerniente a la dimensión funcional o de ejercicio individual de las y los operadores de justicia.

La primera faceta institucional o de sistema en relación al criterio financiero de Independencia financiera, en Bolivia el presupuesto otorgado al sector justicia ha sido menor al 1% los últimos seis años. Así por ejemplo un comparativo entre las gestiones 2018, 2019 y 2020 la suma de los presupuestos anuales asignados al funcionamiento del Órgano Judicial, Fiscalía General del Estado, Tribunal Constitucional Plurinacional, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Escuela de Jueces del Estado ha sido en porcentaje del: 0,47% en 2018; 0,49% en 2019, y finalmente del 0, 52% en 2020.

Los datos evidencian con preocupación que el discurso de transformar la justicia no se traduce en presupuesto necesario para ese fin, tampoco para cumplir con la demanda de justicia. Como consecuencia directa de ello se ven serias restricciones a la cobertura, personal suficiente y atención de causas.

La segunda dimensión hace referencia a la Independencia funcional o personal:  El informe expone que durante 2019 persiste la situación de provisionalidad de operadores de justicia en el Órgano Judicial y el Ministerio Público. Así como la ausencia de modificaciones a la norma que permitan crear las carreras en el SEPDEP y el SEPDAVI. Debido a la falta de información y la no entrega de datos oficiales a la sociedad civil, el informe hace referencia a últimos datos de la gestión 2018 en el que al menos 80% de las y los funcionarios en el Ministerio Público y el Órgano Judicial eran provisionales.

En relación a la independencia en ejercicio, se observa que la normativa boliviana limita la posibilidad de asensos y los sistemas no cumplen con los criterios descritos por los estándares internacionales sobre adecuado nombramiento, y la situación de provisionalidad impide prestar las garantías de estabilidad necesarias.

El tercer capítulo trata sobre la situación de acceso a la justicia de las mujeres por la aplicación de la Ley N° 348, la cual plantea un avance normativo con la redimensión de la violencia contra la mujer y su abordaje integral tomando en cuenta no solo la sanción al agresor sino el trabajo de prevención, protección, atención y sanción.

De los datos evidenciados, se puede incidir en la alta mora procesal por parte del Órgano Judicial, tomando en cuenta que no se han implementado la cantidad de juzgados especializados para la implementación de la norma, idealmente se requieren 48 nuevos juzgados sin embargo hasta la gestión 2019 se cuenta solo con 27.

En relación al feminicidio, último eslabón en la cadena de violencia y consecuencia de la falta de acciones oportunas de las instancias llamadas por ley se tiene que de 2013 a 2019 se habrían cometido 674 feminicidios contando con un porcentaje bajo de sentencias alcanzando el 32%, lo que llama poderosamente la atención cuando se habla de acceso a justicia de mujeres víctimas de violencia.

El cuarto capítulo del informe, señala casos específicos de vulneraciones a derechos de los pueblos y naciones indígenas principalmente los que tienen que ver con la titulación colectiva de tierras, la ausencia de consulta previa libre e informada íntimamente vinculada a los derechos de libre determinación y al territorio colectivo.

El quinto capítulo que hace referencia a la justicia penal analiza la Ley N° 1173 y sus cambios para mejorar la gestión judicial, limitar el uso de la detención preventiva, y la protección reforzada a grupos en situación de vulnerabilidad. No obstante, antes de que la Ley adquiera plena vigencia se desarrollaron modificaciones a partir de la promulgación de la Ley N° 1226 que aplica diversas medidas de carácter regresivo, principalmente sobre medidas cautelares.

En tal sentido Bolivia culminó la gestión 2019, con una tasa de 64,33% de presos sin condena y 269% de hacinamiento, puesto que las 18.208 personas privadas de libertad habitaban espacios con capacidad de albergar a 6.769 reclusos/as. De ellos el 73,5% se encuentra en recintos carcelarios de las ciudades del eje central del país.

El sexto capítulo aborda el sistema penal para adolescentes, con juzgados especializados que no reportan una sobrecarga procesal, vienen aplicando medidas cautelares de manera adecuada y emitiendo sentencias con un grado mayor de favorabilidad que facilita la rehabilitación y reinserción de los adolescentes

La aplicación de la detención preventiva en la gestión procesal representa tan sólo el 30%, primando la aplicación de medidas no privativas de libertad en un 50% y libertad en el 20% de las causas.

El séptimo capítulo respecto a las recomendaciones de la publicación hace énfasis en la necesidad de modificar medidas normativas como: Promulgación de Leyes: i) Acceso a la Información Pública, ii) Ley de financiamiento al sistema de justicia: que otorgue un porcentaje mínimo del TGN al sector y la posibilidad de incremento de acuerdo a necesidad, iii) Ley para suprimir la transitoriedad en los cargos del Órgano Judicial y Ministerio Público.

Modificación de Normas: I) Ley 025 para garantizar la carrera judicial y un sistema ascensos basado en méritos.

Asimismo, las recomendaciones del informen señalan la necesidad de adoptar políticas públicas que prioricen el: Garantizar el acceso a la información pública e implementar el gobierno abierto y gobierno en línea en materia judicial; Medidas para la implementación del pluralismo jurídico; Medidas para favorecer la participación ciudadana y control social a la gestión judicial, así como el proceso de construcción de las reformas al sistema de justicia y Medidas eficaces para la excepcionalidad de la detención preventiva y el descongestionamiento de los recintos carcelarios.