Índice de Percepciones Ciudadanas sobre la Justicia (IPCJ): La mayoría considera que la principal función de la justicia es castigar
En 2023, el 42,40% creía que la principal función de la justicia era la de castigar a los culpables y el 2024, el porcentaje subió a 44%.
El Índice de Percepciones Ciudadanas sobre la Justicia (IPCJ) revela que la mayoría de los consultados en dos encuestas consecutivas entiende el rol de la administración de la justicia como punitivo, por encima de la protección o la reparación del daño.
En esa línea, la mayoría considera que la principal función de la justicia es castigar a los culpables y que es más grave liberar a un culpable que castigar a un inocente.
“Las respuestas más frecuentes (la tarea principal del sistema de justicia es castigar a los culpables) revelan una tendencia clara a entender el rol de la administración de justicia como punitiva por encima de las alternativas de proteger o reparar el daño y una confirmación de esta tendencia punitiva en la segunda pregunta al identificar como un error más grave no castigar a un transgresor frente a la profunda vulneración de derechos y libertades que significa aplicar un castigo a una persona inocente”, señala el reporte del IPCJ 2023-2024, que fue elaborado por Ciudadanía y por la Fundación Construir.
En 2023, el 42,40% creía que la principal función de la justicia era la de castigar a los culpables y el 2024, el porcentaje subió a 44%.
Entre los consultados, solo el 34,66% en 2023 creía que la principal tarea era proteger a las víctimas, mientras que el 35,78% en 2024 consideraba que esa era la tarea de la justicia.
La reparación del daño tiene los porcentajes más bajos: 22,90 % en 2023 y 20,22% en 2024.
La coordinadora de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, explica que cuando una persona llega al sistema de justicia, lo hace esperando una respuesta que restituya sus derechos y que esa restitución se traduzca en reparación, sin pasar por alto la sanción.
Por eso, le llama la atención que la reparación obtenga los porcentajes más bajos. Aclara que la reparación debe ser integral, lo que incluye aspectos psicológicos, de servicios, entre otros.
“Llama la atención esta mirada de creer que todos los problemas sociales los resuelve la ley y sobre todo la ley penal y que todos tienen que convertirse en delitos, y que los delitos cada vez tenemos que subirles la pena y que de esa manera se van a resolver y no es así”, señaló Bayá durante un conversatorio organizado por Ciudadanía y la Fundación Construir en torno a los resultados del IPCJ.
Por su parte, el jurista Ramiro Orías considera que esta percepción de la mano dura no es un hecho aislado, sino que se viene dando en diversos países de América Latina y que incluso ha tomado el nombre de modelo Bukele, en alusión a las políticas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de imponer mano dura contra la delincuencia.
“Esta percepción punitiva tiene que ver con la insatisfacción de la respuesta de justicia”, señala, sin embargo, también encuentra contradicciones en esta percepción porque por un lado el 80% escoge el orden frente a los derechos, pero luego, cuando se les pregunta sobre cuáles son las instituciones que más vulneran los DDHH, el 48% dice que son la Policía y las fuerzas de seguridad pública.
Orias lamentó que la sociedad esté entrampada en un falso debate entre mano dura y garantismo cuando se puede encarar la lucha contra el crimen respetando las garantías y derechos. En ese marco, dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio hace poco un conjunto de recomendaciones sobre cómo compatibilizar la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia respetando los derechos fundamentales.
En 2023 el estudio se realizó con 460 casos en 17 municipios del país y en la ronda 2024, en 700 casos, en 21 municipios grandes e intermedios del país.
El margen de error de la muestra nacional 2024 está calculado en +- 3.70%
Cuando se les pregunta qué es peor, si dejar libre a un culpable o castigar a un inocente, la primera opción obtiene un porcentaje superior al 50 % en los dos años del estudio.
“Desde una perspectiva de derechos, vulnerar injustificadamente el derecho de una o un ciudadano (aunque sea un error involuntario), es decir, castigar a una persona inocente, es un daño peor que dejar sin castigo a una persona culpable. Es un asunto claro de aplicar el principio de no hacer daño en la aplicación de la norma y los procesos públicos”, señala el documento del IPCJ contradiciendo la percepción ciudadana.
Y, en el IPCJ también existe un alto porcentaje de gente que justifica la justicia por mano propia. “No es legal, pero se comprende” es la opción que obtuvo los más altos porcentajes, llegando a 48,75% en 2024 y a 45% en 2023.
Tanto Orias como Bayá hicieron votos porque la reforma judicial retorne al centro de debate porque el acceso a la justicia es transversal al ejercicio de los demás derechos de las personas.
Consulta el documento en:
INDICE DE PERCEPCIONES CIUDADANAS SOBRE LA JUSTICIA EN BOLIVIA