Del 8 al 10 de marzo de 2022 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinó la situación de derechos humanos en Bolivia y realizó diversas recomendaciones. Organizaciones de la sociedad civil defensoras de los Derechos Humanos queremos destacar algunas de las recomendaciones realizadas por el Comité que consideramos de fundamental importancia. El cumplimiento de estas recomendaciones debe ser una prioridad para el Estado ya que implicará una mejora significativa en la vida de miles de personas.
El Comité de Derechos Humanos solicitó al Estado redoblar sus esfuerzos para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias. El Comité resaltó que Bolivia debe acelerar el proceso de reforma del sistema de justicia, garantizando que el mismo se adecue plenamente a las obligaciones de derechos humanos y cuente con la participación efectiva de todos los actores relevantes, incluyendo a la sociedad civil. Además, llamó al Estado a tomar medidas para prevenir, combatir y sancionar con penas adecuadas los actos de corrupción, especialmente entre jueces y policías. Asimismo, el Comité resaltó las elevadas tasas de provisionalidad de jueces y fiscales, lo cual afecta su inamovilidad, por lo que solicitó al Estado adoptar medidas para disminuir las mismas. En relación a la tortura recomendó adoptar medidas para disminuir las mismas. En relación a la tortura recomendó adoptar una definición del delito de tortura que responda a los estándares internacionales y cuya sanción refleje su extrema gravedad y asegurar que todo presunto acto de tortura o maltrato sea investigado de manera pronta, exhaustiva e imparcial.
Por otra parte, el Comité manifestó su preocupación por la prevalencia de la violencia contra las mujeres y niñas, y las pocas condenas por estos crímenes. En respuesta, el Comité exhortó al Estado a intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. El Comité indicó que el Estado debe, en particular, asignar los recursos financieros, técnicos y humanos que resulten necesarios en materia de prevención, protección, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas; asegurar que todas las medidas de lucha contra la violencia contra las mujeres que se adopten protejan también a las mujeres trans; y tomar medidas para garantizar la debida investigación de la violencia contra las mujeres. Adicionalmente, el Comité advirtió que el Estado debe a la mayor brevedad posible adecuar los tipos penales de violación (art.308 del Código Penal) y estupro (art.309 del Código Penal) a la luz de los estándares internacionales relevantes.
En relación con el acceso a la interrupción del embarazo, el Comité instó al Estado a redoblar sus esfuerzos para garantizar el acceso efectivo y oportuno de las mujeres y niñas a la interrupción legal del embarazo, y revisar los efectos del marco normativo para evitar que las mujeres recurran a abortos clandestinos que pongan en riesgo su vida y su salud. Asimismo, solicitó al Estado garantizar en la práctica que la objeción de conciencia no resulte una barrera a la interrupción voluntaria del embarazo legal, oportuna y segura, y que se respete la confidencialidad de la atención médica de las mujeres y niñas. Recomendó también incrementar sus esfuerzos para prevenir los embarazos no deseados, especialmente entre los adolescentes, y para garantizar el pleno acceso a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva en todo el país y redoblar sus esfuerzos de sensibilización y educación sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva.
A fin de revertir la discriminación y violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género, el Comité manifestó su preocupación porque aún este en consideración del Tribunal Constitucional casos relacionados con la unión libre de parejas del mismo sexo (c. David Aruquipa y Guido Montaño) y lamentó la información de que se haya negado la inscripción a otras parejas del mismo sexo (SERECÍ). Recomendó al Estado redoblar sus esfuerzos para combatir los esteriotipos y prejuicios contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. En este sentido, señaló que el Estado debe garantizar que los delitos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima sean investigados sin demora; que los responsables sean llevados ante la justicia y sancionados adecuadamente; y que las víctimas reciban una reparación integral; adoptar a la mayor brevedad posible las medidas necesarias para garantizar que las personas trans puedan ejercer plenamente todos los derechos reconocidos en el Pacto; tomar las medidas necesarias para asegurar que todos los niños nacidos en Bolivia, independientemente de la identidad de género de sus padres, sean inscritos inmediatamente después del nacimiento y obtengan un certificado de nacimiento oficial, y adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos reconocidos en el Pacto a las parejas del mismo sexo.
También se refirió a la libertad de expresión y pidió al Estado prevenir los actos de hostigamiento e intimidación contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como revisar el marco legal de regulación a las ONG a fin de eliminar cualquier disposición que pueda restringir de manera desproporcionada su capacidad de operar de manera libre, independiente y efectiva.
El Comité abordó también la situación de los pueblos indígenas, recomendando al Estado boliviano adoptar una Ley marco para la realización de consultas con las naciones y pueblos indígena originario campesinos pertinentes, que no se adopté ninguna medida que pueda afectar las áreas protegidas y territorios indígenas y proteger a los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad.
Por último, ante la información recibida relativa a la persistencia del fenómeno de la trata de personas y que el número de condenas por delitos de trata y delitos conexos es muy limitado pese al elevado número de denuncias, el Comité hizo un llamado al Estado para que intensificara sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas y el trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre. Sobre este punto, el Comité consideró necesario que el Estado tomara medidas para investigar debidamente los casos de trata y trabajo forzoso, así como para prevenir que estos hechos sigan ocurriendo.
El Estado deberá difundir ampliamente estas recomendaciones y presentar información sobre su aplicación el 25 de marzo de 2025. En dicha oportunidad el Comité de Derechos Humanos evaluará el grado de cumplimiento de estas, por parte del Estado.
Bolivia, 4 de abril de 2022.
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