Pronunciamiento de apoyo a la propuesta de la Organización de Inquilinos Cochabamba

“Ayudemos a que las familias en situación de inquilinato se queden en casa”

Dirigido a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, al Ministerio de Obras Públicas y Servicios Básicos y al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo:

El Comité Popular del Hábitat –constituido por los Comités Populares del Beni, Cochabamba, La Paz, Oruro, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, Pando y Tarija–, respaldado por redes nacionales como la Red Nacional de Asentamientos Humanos (RENASEH) e internacionales como la Coalición Internacional del Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés), la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PDGC) y otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil como We Effect y Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO), nos dirigimos a las mencionadas autoridades y a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

PRIMERO. El Comité Popular del Hábitat de Bolivia es una instancia de participación de la sociedad civil conformada con la finalidad de vigilar el cumplimiento de los acuerdos suscritos en Hábitat III (Quito, 2016) y que forman parte de la Nueva Agenda Urbana que traduce las propuestas elevadas desde la población.

Las organizaciones que conforman el Comité Popular del Hábitat iniciaron un trabajo articulado en 2006 para la inclusión del Derecho a la Vivienda y Hábitat adecuado en la Constitución Política del Estado, y para hacer incidencia en política pública nacional y local basada en las experiencias organizacionales, es el caso de la Propuesta de Política de Vivienda, que lamentablemente hasta hoy no ha logrado concretarse.

Cada una de las organizaciones que forma parte del Comité ha participado activamente de diversas iniciativas y elevado propuestas a las diferentes instancias del gobierno, como el pronunciamiento del 27 de septiembre del 2018, orientado a la exigibilidad del Derecho a la Vivienda Adecuada.

SEGUNDO.  Siendo la vivienda el espacio desde el cual las familias bolivianas deben enfrentar al coronavirus (COVID-19), apoyamos la propuesta de la Organización de Inquilinos Cochabamba (OINCO), presentada mediante el pronunciamiento público del 21 de marzo de 2020, el mismo que ha ido sumando adhesiones de diversos actores que manifestaron públicamente su respaldo a esta lucha. Este pronunciamiento ha dejado sentado que las familias que viven en situación de inquilinato son uno de los sectores de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia del COVID-19.

TERCERO. Por tanto, ratificamos las medidas propuestas por la OINCO y solicitamos la inmediata promulgación de una normativa de excepción que coincida con el tiempo no laborable al que están sujetas las familias a través de medidas de cumplimiento obligatorio, y que incluya:

● Suspensión, en todo el país, de procesos de desalojo judiciales por falta de pago de alquileres.

● Prórroga de contratos de alquileres y congelamiento de precios convenidos.

● Prohibir y sancionar los desalojos, por constituir –en el actual contexto– un atentado contra la vida humana.

● Condonación de deudas por alquiler e impuestos de viviendas, respaldada en la condonación impositiva a los arrendatarios como medida compensatoria y en base a rangos de costo de alquileres.

● Condonación de deudas por alquiler e impuestos de vivienda, locales y tiendas de comercio, servicios de expendio de comidas y artesanales, peluquerías, oficinas y otros rubros en consideración al alto porcentaje de trabajadores informales que existe a nivel nacional.

● No aplicación de intereses moratorios ni cualquier otra penalidad prevista en los contratos.

CUARTO. Apelamos también a que se desarrollen medidas responsables frente a la vulnerabilidad de las personas en situación de calle y personas migrantes, entre ellas niños, niñas y ancianos que se encuentran desamparados. En el contexto de emergencia global en el que nos encontramos, las medidas destinadas a favorecer un sector repercutirán en el bienestar de toda la comunidad boliviana.

Solicitamos al gobierno nacional priorizar estas medidas, aplicadas ya por otros países de Latinoamérica.

La Paz, 22 de abril de 2020.