Skip to content

Sentencia Constitucional dispone que el acceso a la información pública tiene relevancia social y enriquece el sistema democrático representativo

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional emitió el 2 de diciembre de 2021 la SCP 0920/2021-S2, reconociendo que el acceso a la información pública no sólo es importante para la transparencia de los actos trascendentales en cada institución pública, sino también para permitir a las personas controlar los actos de gobierno, permitiendo a las personas conocer información de carácter público que pueda tener relevancia no sólo personal, sino también pública de tal manera, lo cual enriquece el sistema democrático representativo.

El Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, revoca un fallo dictado en primera instancia por el tribunal de garantías sobre Acción de Amparo Constitucional en contra del Director a.i. del Seguro Universitario de Cochabamba por haber negado información sobre contrataciones de asesores externos. En dicha oportunidad la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba consideró que no procedía la tutela porque el accionante no acudió con su reclamo a la autoridad departamental superior, y que las notas de respuesta a su solicitud de información, no implicaban una negativa debido a que se le había pedido al accionante que argumente su interés legítimo en la información solicitada.

La SCP 0920/2021-S2 revoca el fallo en interpretación del del artículo 21.6 de la Constitución Política del Estado y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que realizó un ciudadano al Seguro Social Universitario de la Universidad Mayor de San Simón el año 2020, señalando en su Fundamento Jurídico III.1 que “..el derecho a la información forma parte del derecho a la libre expresión e implica la facultad de toda persona a solicitar información de las instituciones públicas, quienes se encuentran obligadas a proporcionarla, salvo algunos supuestos en los que se determina la confidencialidad de los datos, confidencialidad que debe ser razonable y destinada a la protección de determinados valores. Se trata de un derecho fundamental que consolida el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, con relación al cual, es posible establecer que se lo satisface cuando: a) Se pone a disposición la información; b) Se justifican las razones de su negativa, cuando existe alguna causal que implique información de acceso restringido; y, c) Se acredita la inexistencia de la información incoada; supuestos que no se configuraron en el actuar del demandado”.

El fallo resulta emblemático ya que permitirá que las y los ciudadanos recurran a este razonamiento para la exigibilidad de su derecho de acceso a la información pública.

Es importante recordar que en un sistema democrático todas las personas tienen derecho a pedir y recibir información que les permita participar en los asuntos públicos, controlar las acciones del Estado con el fin de que la gestión pública sea transparente. Además, este derecho está relacionado íntimamente con el cumplimiento de los fines y objetivos del Estado los cuales deben responder a las necesidades de la población.

La Carta de Santo Domingo por el Libre Acceso a la Información Pública de 2002, establece: “1) El libre acceso de las personas a las fuentes de información pública es un derecho humano universal y un principio democrático inherente al derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa. 2) El libre acceso a la información pública contribuye a la transparencia de la gestión pública, combate la corrupción y la cultura del secreto como práctica y asegura un mayor grado de eficiencia en el manejo de la cosa pública. 3) El libre acceso a la información pública garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés público, factor indispensable para la construcción de una cultura democrática. 4) Es imperativo que la totalidad de los países de la región resuelvan el vacío legislativo existente mediante la aprobación de leyes con sentido democrático que garanticen el libre acceso a la información pública.5) Es menester que en los países en que existan estas leyes, no se vean ellas impedidas o distorsionadas en su aplicación o vigencia por reglamentaciones limitativas del derecho de libre acceso a la información pública”

En ese entendido, dentro de las obligaciones que adquiere el Estado para garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho de acceso a la información, se encuentran el cumplimiento de los principios de máxima divulgación y de buena fe, el primero refiere que toda persona puede acceder a la información en posesión de los órganos y entidades públicas, ya que la misma es en principio totalmente accesible, con excepcionales limitaciones interpretadas de manera restrictiva. Además, bajo este principio el Estado debe diseñar un régimen jurídico en el cual la transparencia y el acceso a la información sean la regla, por lo que, cualquier negativa de brindar información debe ser motivada y corresponderá al Estado la carga de probar los motivos para negarse a entregar información.

Como se observa el acceso a la información pública es un derecho expresamente consagrado en la Constitución y por lo tanto desde la interpretación constitucional del artículo 109 es jerárquicamente igual a todos los demás derechos reconocidos, su aplicación es directa y es también claramente justiciable, por lo que, la observancia del catálogo de derechos es ineludible para todos y todas, gobernantes y gobernados, con el propósito de vivir libres de arbitrariedades como la acontecida con el Seguro Social Universitario de la UMSS.

Leer la Sentencia Constitucional:  

Sentencia-No.-0920-Pinto-Davalos-vs-SSU

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *