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Séptima versión acto de conmemoración: 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos

En ocasión al 74° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, redes y plataformas de la sociedad civil organizada promovieron por séptimo año consecutivo un acto público de celebración, reivindicación de luchas y homenaje a defensoras y defensores de derechos humanos.

Dicho encuentro se realizó en un contexto muy importante en el que Bolivia afronta el desafío de fortalecer la paz social y superar los efectos críticos de conflictos muy serios y otros escenarios que han generado escenarios adversos para el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos; y a pesar de ello, su labor ha sido esencial y se ha expresado en acciones de vigilancia, exigibilidad, soporte a víctimas de violencia, promoción de espacios para el ejercicio de las libertades fundamentales, entre otras labores que hacen evidente su aporte a consolidar sociedades más igualitarias, justas, con derechos para todas y todos.

Las redes de la sociedad civil a través de sus representantes presentaron una declaración e instaron a seguir luchando por los derechos humanos y protegiendo a aquellas personas que son defensoras y defensores para que el Estado les brinde todas las garantías necesarias para su importante labor.

Como cierre del encuentro se entregaron reconocimientos a instituciones y activistas de derechos humanos. En los reconocimientos a defensoras y defensores que día a día promueven, protegen y luchan por la protección y realización de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales por medios pacíficos a los y las siguientes defensores, defensoras de derechos humanos:

  • Luis Fernando Cantoral Benavides, investigador de ANF Noticias Fides
  • Ana Paola García Villagómez, directora de la Casa de la Mujer Bolivia
  • Leonardo Tamburini, Director Ejecutivo de Ore
  • Amalia Coaquira Calani
  • Ximena Machicao Barbery
  • Linder Zenteno Futuri, Secretario General de la Coalición Boliviana de Colectivos LGBTI
  • Misión Internacional de Justicia- Bolivia

Esta actividad fue organizada por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, la Comunidad de Derechos Humanos, Fundación CONSTRUIR, la Coordinadora de la Mujer, la Mesa Nacional de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Adesproc – Libertad, la Coalición Contra la Tortura, con apoyo financiero de la Unión Europea, la Cooperación Española, y RFSU.

Un 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

Manifiesto de la sociedad civil por el día internacional de los derechos humanos

Redes, instituciones y colectivos que promueven la defensa de los Derechos Humanos en Bolivia, en el marco del 74° aniversario de la Declaración Universal y el 24° Aniversario de la Declaración sobre Defensoras y Defensores, nos pronunciamos haciendo un llamado al Estado y a la sociedad boliviana a fortalecer acciones y esfuerzos para consagrar la equidad, la dignidad, la justicia y la igualdad para toda la población.

Considerando: Que desde hace más de siete décadas los Estados del mundo vienen promoviendo compromisos para garantizar y promover los derechos humanos, sin embargo, hoy en día estos compromisos coexisten con democracias en crisis, entornos restrictivos para el ejercicio de las libertades fundamentales, guerras, pobreza y desigualdad, lo que ha mermado la confianza de la población en las instituciones públicas y generado brechas para la paz, la unidad y el desarrollo de los pueblos.

Considerando: Que en contextos de crisis las defensoras y defensores de derechos humanos tiene un rol fundamental en el progreso levantando sus voces condenando lo injusto, cuestionando el patriarcado y las inequidades, revalorizando la libertad de expresión, combatiendo el racismo y discriminación, luchando por la defensa de la tierra y el medio ambiente. Este trabajo reafirma el papel fundamental de las instituciones y personas que defienden derechos humanos para acortar las brechas en el camino a convertir los derechos humanos en una realidad.

Considerando: Que los espacios para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades fundamentales se ven amenazados diariamente con actos de criminalización, discursos de odio, desinformación, restricciones a la libre asociación, procurando debilitar a las organizaciones y detener las reivindicaciones alcanzadas, en especial derechos de mujeres, colectivos LGBTIQA+, naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, pues los alcances en la conquista de sus derechos consagran el deber de transformar nuestras sociedades y los sistemas inequitativos que hasta hoy persisten a pesar del desarrollo de los derechos humanos.

Las redes y colectivos firmantes del presente manifiesto exhortan al Estado en todos sus niveles y a la población a reforzar esfuerzos para el avance los derechos humanos y el acceso a la justicia en Bolivia, llamando la atención sobre los siguientes temas:

1.Situación General y entorno para el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos:

A pesar del reconocimiento internacional del papel fundamental de las defensoras y defensores de derechos humanos, y, aunque Bolivia ha firmado los principales instrumentos internacionales que resguardan su labor, todavía el país no garantiza un entorno favorable al ejercicio de su trabajo, ya que se enfrentan a una gran cantidad de obstáculos en su labor, los cuales incluyen desde aquellos ataques más severos en contra de su vida e integridad personal hasta aquellos dirigidos a limitar el ejercicio de sus funciones.

Como ejemplo de ello, durante la gestión 2021 el Observatorio de UNITAS registró al menos 666 agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, lo que implica dos agresiones cada tres (3) días. En relación a defensores de la tierra y medio ambiente, la situación es de mayor preocupación puesto que tan sólo en los primeros tres meses del 2022 el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) registró 190 agresiones, mismas que fueron georreferenciadas y distribuidas en categorías de acuerdo al tipo de vulneración.

Esta situación sucede a pesar de que hace año y medio se encuentra vigente el Acuerdo de Escazú, lo que implica que a la fecha no se han tomado medidas desde el Estado para su implementación.

En relación a la labor de periodistas, cuyo rol es fundamental para contribuir al acceso a la información, el derecho a la comunicación y la libre expresión, la Asociación Nacional estimó de acuerdo a una base de datos, estimo que cada tres a cuatro días se agrede o vulnera a un periodista en Bolivia habiendo registrado más de 420 casos entre 2018 y 2021. Tan sólo durante los 36 días de conflictos por el paro cívico, se agredieron a 40 periodistas, de ellos 15 fueron mujeres, en cuyo caso, varios de los ataques tuvieron sesgos de género, a partir de insultos referidos al hecho de ser mujer.

En ese contexto preocupan también ataques a defensores y defensoras de los derechos humanos de las mujeres y grupos QLGBTI+, cuyas particularidades serán mencionadas más adelante.

Este 9 de diciembre de 2022 se cumplen 24 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, actores clave para las democracias, el desarrollo de los derechos humanos y la transformación de las sociedades del mundo, aprovechamos la oportunidad para conmemorar este fecha y la labor que nosotros cumplimos e instamos a continuar su labor de defensa de los derechos humanos por su aporte vital a la democracia, la lucha contra las injusticias, la inequidad, la corrupción y el desarrollo equitativo.

2.Acceso a la Justicia y lucha contra la impunidad:

El sistema de justicia vive una profunda y larga crisis estructural, que no ha sido resuelta a pesar de los avances normativos y las décadas de esfuerzos por garantizar una justicia accesible, equitativa, plural, transparente independiente con enfoque de género, derechos humanos y debido proceso.

En Bolivia bajo el diseño constitucional vigente, deberá entenderse el acceso a la justica como un derecho ciudadano que busca ser realizada como una responsabilidad estatal que garantice la vigencia y efectividad de ese derecho. El acceso a la justicia en sí mismo, es un derecho que se encuentra vulneraciones para su efectiva realización de gran parte de la población esta situación se hace aún muchas difícil para los grupos en situación de vulnerabilidad.

Si bien los últimos años diversas entidades del sector justicia vienen adoptando medidas para modernizar la gestión judicial y enfrentar la mora procesal, todavía persisten amplias barreras que solucionar las causas, principalmente en materia penal cuya mora alcanza al 61%, y de esta cifra una gran parte se concentra en delitos de violencia contra las mujeres.

En contraposición las cárceles del país registran tasas de ocupación del 293% puesto que, al mes de junio de 2022, se estimó que 22.121 personas ocupaban espacios diseñados para albergar a 7.549 privados y privadas de libertad.

Todavía el 50% de los municipios del país no cuentan con cobertura de servicios judiciales, y las medidas adoptadas para garantizar una justicia especializada y capaz de atender las necesidades diversas de la población no han sido eficaces.

A todo ello se suman las denuncias públicas de corrupción, las cifras de impunidad en delitos de alta relevancia social, que entre otras han debilitado la confianza ciudadana en el sistema de justicia, lo que se hace evidente en los resultados del Índice del World Justice Project que en 2020 develaron que el país ocupa el puesto 130 de 140 analizados a nivel mundial.

En el marco del compromiso del Estado de llevar adelante una reforma que transforme el sistema de justicia, la sociedad civil hace un llamado a promover medidas estructurales reviertan el rezago judicial y todas las cifras antes mencionadas. En esta línea el reto más importante es garantizar la independencia judicial elevando el porcentaje de recursos económicos al sector justicia y adoptando medidas para garantizar la institucionalización e institucionalidad de las y los servidores/as y servicios judiciales en el país.

Las recomendaciones del Informe del GIEI y aquellas derivadas del informe del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, reafirman la necesidad de una reforma judicial oportuna, vinculada a políticas públicas y al compromiso sostenido del Estado, con el fin de construir una sólida institucionalidad democrática desde los referentes constitucionales y estándares internacionales para la realización efectiva del derecho de acceso a la justicia plural para todas y todos.

Asimismo, la sociedad civil recuerda que la paz social requiere hoy el afianzamiento de los esfuerzos para alcanzar la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y garantías de no repetición principalmente para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, pero a través de ellas también para la población.

3.Derechos humanos de las mujeres:

  • Violencias y feminicidios:

Desde hace seis años, los delitos de feminicidio superan el centenar de casos cada año. Sin embargo, según reportes del Ministerio Público, esa dramática realidad no se repetirá este 2022, pues hasta el 8 de diciembre se habrían registrado 86 casos. Empero, las diferentes formas de la violencia sexual se han incrementado de forma sostenida en el último quinquenio. Por otra parte, este año ya superamos las 46 mil denuncias de violencia en el marco de la Ley N° 348, de las cuales más de 10 mil corresponden a violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Se trata de una “pandemia” silenciosa, invisibilizada y culturalmente tolerada por la sociedad boliviana.

Nuestro derecho a una vida libre de violencias es vulnerado todos los días. Urge que desde el Estado se implementen planes integrales que articulen prevención, sanción y reparación de las víctimas de violencia. Entre estas últimas debe considerarse también a las y los niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, quienes sufren, además, de su pérdida, el abandono del Estado.

Exigimos políticas públicas destinadas a frenar la violencia machista y a reparar los derechos de las víctimas directas y colaterales de este flagelo; exigimos destinar recursos presupuestarios suficientes para enfrentar este flagelo y una ejecución eficiente de los mismos. Ninguna iniciativa sin presupuesto cuenta.

  • Violencia política y paridad en la toma de decisiones:

La participación política es un derecho de las mujeres que el Estado debe garantizar; sin embargo, las mujeres que deciden ingresar en la arena pública en nuestro país, enfrentan múltiples barreras que se imponen desde los prejuicios machistas de una sociedad profundamente patriarcal, uno de los más importantes es el acoso y la violencia política hacia las mujeres en funciones político-públicas.

Según datos de ACOBOL, entre 2017 y 2022, más de 570 mujeres autoridades electas denunciaron acoso y/o violencia política en el ejercicio de sus cargos. En tanto, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) registró 185 denuncias, aproximadamente, desde 2016.

Bolivia se encuentra entre los diez países del mundo con mayor representación de mujeres en sus órganos legislativos. Sin embargo, no es suficiente que las mujeres puedan acceder al poder en condiciones de igualdad que sus pares masculinos; es necesario que ellas puedan ejercer el poder también en condiciones de igualdad, es decir, sin acoso ni violencia política y sin la sobrecarga del trabajo de cuidados que históricamente recae sobre sus espaldas.

Rechazamos todas las formas de violencia contra las mujeres y, particularmente, las formas que adoptan el acoso y la violencia política, que se han arraigado en la cultura y práctica política de nuestro país y que constituyen una franca violación al derecho a la participación política de las mujeres. Exigimos al Estado garantizar los derechos políticos de las mujeres.

  • Derechos sexuales y derechos reproductivos:

Bolivia todavía no tiene una ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, lo cual afecta y vulnera múltiples derechos humanos en la población, entre ellos la igualdad, la vida, la libertad, la privacidad, la salud, la educación, la autonomía y el derecho a de decidir.

Las mujeres y niñas son las poblaciones más afectadas, siendo de especial preocupación las altas tasas de embarazo adolescente, ya que según datos del Ministerio de Salud entre 2019 y septiembre de 2021, se registraron en el país 111.210 embarazos en esta población, lo que implica un promedio de 101 embarazos cada día.

Si bien la tasa de mortalidad materna, ha bajado a 160 por cada 100.000 nacidos vivos, sigue siendo una de las más altas de la región que en promedio es de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Estas muertes están vinculadas aún a las complicaciones del embarazo, parto y puerperio, en relación a múltiples causas que requieren ser analizadas y atendidas a la hora de desarrollar las políticas intersectoriales.  Un 2% de la mortalidad materna corresponde a niñas hasta 14 años.

La tasa de natalidad en mujeres entre 15 a 19 años es de 116 nacimientos por cada 1.000. (Informe: Estado de la Población Mundial. UNFPA, 2016). La necesidad insatisfecha de anticoncepción es más alta en las adolescentes (38%) y las mujeres jóvenes de 20 a 24 años (27%) que el promedio nacional (20%). El nivel de conocimiento de los adolescentes en Bolivia sobre los diversos métodos anticonceptivos supera el 90%, empero el porcentaje de jóvenes que utilizan algún tipo de método anticonceptivo llega sólo al 13%, siendo mucho menor en las adolescentes (Ministerio de salud, 2016). Según los datos oficiales en 2016 se han registrado un total de 13.332 nacimientos de niñas menores de 15 años.

El aborto inseguro es la tercera causa de mortalidad materna en Bolivia, resultado de la criminalización que condena a las mujeres a tener que exponer su vida, e incluso en los casos en los que la interrupción del embarazo está legalmente permitida, las mujeres deben enfrentar una serie de barreras para acceder a ella.

Sin datos oficiales, los embarazos infantiles son parte de las cifras negras del país. Por la edad de las gestantes, siempre son producto de agresión sexual y psicológica, constituyendo por tanto uno de los problemas más graves de derechos humanos que enfrenta el país.

4.Derechos humanos de personas LGBTIQA+:

En Bolivia el movimiento LGBTIQA+ ha trabajado constantemente en generar políticas públicas que favorezcan y resguarden los derechos humanos de la población con diversa orientación sexual, expresión e identidad de género, en la actualidad se tienen alrededor 40 normas de protección y defensa de los derechos humanos, sin embargo el Estado boliviano tiene deudas no solo morales e históricas en lo que respecta a garantizar vivir una vida con dignidad y sin prejuicios en el territorio boliviano, varias de ellas solo son normas que han quedado dentro de las gavetas de las diferentes instancias porque al momento de ejercer una ciudadanía plena no se hacen carne ni encaran el espíritu con el cual fueron promulgadas o aprobadas.

Una de las imperantes necesidades es restituir los derechos arrebatados de la Ley 807 de Identidad de Género, que fue mutilada a partir de una acción de inconstitucionalidad con fuertes muestras de transfobia. Por otra parte, no se termina de hacer efectiva una ley que sancione los crímenes de odio siendo en nuestro país un recurrente ver como la justicia en todos sus estamentos incumple con su deber de actuar con la debida diligencia que implica el investigar, enjuiciar y sanción a los perpetradores de tantas vidas brutalmente perdidas en muchos de los casos de nuestra población diversa.

Por si fuera poco, el Tribunal Constitucional Plurinacional pese a haber transcurrido más de dos años de haberse dictado la sentencia de la primera unión libre entre parejas homoparentales aún no la ha confirmado; existiendo hasta la fecha alrededor de una decena de parejas inscritas en el SERECI, en absoluta inseguridad jurídica al no saber si este tribunal la convalidará o cediendo ante dogmas o preceptos fundamentalistas más bien la trunquen.

Quedan aún muchas deudas pendientes del Estado que tienen que ver con la educación, salud, trabajo, justicia entre otros, por lo que exigimos que el Estado asuma sus compromisos nacionales e internacionales en los que se sostuvo seguir construyendo medidas asertivas para evitar la discriminación, vulneración de DDHH y crímenes contra nuestra población diversa.

5.Medio ambiente y derechos de pueblos indígena, originario, campesinos:

La sociedad civil recuerda considera que la agenda de construcción del Estado Plurinacional afronta aún diversos temas pendientes, comenzando por el tránsito hacia las autonomías ya que a la fecha solamente seis territorios han alcanzado esta condición, y los mismos, todavía enfrentan barreras de gestión y coordinación.

Igualmente, todavía la justicia indígena, originario campesina está subordinada a la justicia ordinaria, por ello deben afianzarse acciones que permitan alcanzar una verdadera justicia plural, con igualdad jerárquica entre jurisdicciones atendiendo las demandas de las autoridades de los pueblos indígenas y naciones campesinas que apuestan por el respeto de sus decisiones, procedimientos y normas.

Por otra parte, la extracción y explotación desenfrenada de los bienes de la naturaleza, solo en búsqueda de ganancias y la lógica del sistema capitalista ha llevado a nuestro planeta a niveles peligrosos para nuestra misma subsistencia; la minería, la deforestación, apropiación privada del agua, el agro negocio basado en el monocultivo y la aplicación de agro-tóxicos, destruye la biodiversidad y altera el clima, nos llevan a vivir la peor crisis ambiental de la historia de la humanidad y toda la humanidad puede verse comprometida si continúa esta dinámica insana.

El cambio climático afecta además a los pueblos indígenas, pues sus territorios están siendo objeto de explotación, la biodiversidad se enfrenta a un ritmo brutal de extinción. Los suelos se están degradando por la deforestación y el monocultivo, y grandes regiones están siendo completamente destruidas por la minería a gran escala, lo que nos llama a exigir acciones concretas y urgentes.

La sociedad civil organizada por la defensa de los derechos humanos, hace suyo este día para refrendar el compromiso de trabajo y acompañamiento al Estado en la ruta de transformación de las sociedades.

Bolivia, 9 de diciembre de 2022

 

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