Fundación CONSTRUIR y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, se encuentran ejecutando el proyecto “Sociedad Civil en Acción por la Defensa y Promoción del Derecho a Defender los Derechos Humanos” (EIDHR/2017/391-814) financiado por la Unión Europea con el objetivo de fortalecer las competencias y capacidades de redes, plataformas y colectivos que defienden los Derechos Humanos para promover procesos de promoción, protección, exigibilidad y defensa legal de los defensores de Derechos Humanos en Bolivia.
La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, ha sido una de las redes que ha participado activamente de las acciones del proyecto impulsando acciones de investigación, debate público, monitoreo e incidencia propositiva desde la perspectiva de exigibilidad y el derecho a defender los derechos humanos que requieren un sistema de justicia independiente y respuestas oportunas para garantizar la protección de las libertades fundamentales a la población.
Considerando que los últimos años diversos organismos internacionales han venido alertando sobre el impacto de la corrupción en los derechos humanos, generando estándares y recomendaciones a los Estados, así como mecanismos de participación que posibiliten una participación activa de la sociedad civil en el monitoreo al cumplimiento de sus gobernantes sobre los compromisos asumidos en materia anticorrupción, la sociedad civil organizada, se ha propuesto promover la participación de la sociedad civil boliviana en los mecanismos antes mencionados e impulsar el diseño de agendas a nivel departamental y nacionales que permitan mecanismos sostenidos y articulados en la tarea de incidir por una gestión pública más eficiente, transparente, participativa y acorde a los derechos humanos.
En este contexto durante las próximas semanas se desarrollarán talleres en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija con el objetivo de instalar un debate sobre los desafíos en la agenda anticorrupción desde los derechos humanos, las libertades fundamentales y el acceso a la justicia, que tenga alcance local y nacional a partir de una declaración que será presentada públicamente el 9 de diciembre de 2020 en ocasión al día internacional de lucha contra la corrupción.
