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Sociedad Civil presenta Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia en 2020

En fecha 19 de octubre de 2021, en instalaciones del Hotel Plaza de la ciudad de Sucre, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, realizó la presentación pública el Informe de Estado de la Justicia de la gestión 2020. Esta entidad conformada por organizaciones de la sociedad civil en el año 2015, por tercer año consecutivo pone a disposición de autoridades, sector académico y población el indicado documento el cual se ha venido consolidando como un mecanismo de control social propositivo a la gestión de las instituciones que intervienen en la administración de justicia.

La inauguración del evento estuvo a cargo de la Tahí Abrego, Directora de la ONG Realidades, el importante comentario de Marisol Quiroga, Directora de la Fundación Esperanza Desarrollo y Dignidad y la clausura de Cinthia Armijo, destacada abogada y ex magistrada del Tribunal Constitucional, así como el saludo protocolar del Jefe de Cooperación de la Unión Europea, Emanuel Amaral.

Soraya Santiago representante de la Fundación Tribuna Constitucional, así como Susana Saavedra Badani y Marco Loayza en representación de Fundación CONSTRUIR, fueron los responsables de desarrollar la presentación del informe y sus principales conclusiones.

Participaron de la presentación la magistrada del Tribunal Constitucional Elizabeth Cornejo, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Karen Gallardo, los Consejeros de la Magistratura, Sandra Soto y Marvin Molina, los Directores de las Escuela de Jueces y Escuela de Fiscales, así como otras autoridades, representantes de la academia y sociedad civil.

El informe se estructura en seis capítulos; el primer capítulo destinado a la transparencia, rendición de cuentas y ética judicial, el segundo capítulo se desarrolla el vínculo entre independencia judicial y corrupción, proporcionando elementos para un abordaje integral sobre los posibles impactos de la falta de independencia judicial en el problema de la corrupción, enfatizando en la importante de que el Estado pueda preocuparse de garantizar la independencia institucional del órgano judicial e individual de sus miembros, con medidas como un presupuesto adecuado a las necesidades del sistema, evitar injerencias y presiones a los operadores, lo que tendría un efecto directo en la lucha contra la corrupción en ese órgano. A continuación, el capítulo tercero aborda la gestión judicial durante la pandemia de COVID-19.

Los capítulos finales desarrollan un énfasis en la situación de mujeres víctimas de violencia y personas procesadas o detenidas en la cuarentena, detectandose datos preocupantes sobre la falta de medidas adecuadas y de protección reforzada para evitar violencia contra la mujer y principalmente los altos niveles de feminicidios que se han dado durante la gestión 2020 y la grave situación de la población privada de libertad. Cada capítulo cuenta con sus conclusiones y recomendaciones a diversas instancias del Estado que tienen que ver con la temática de justicia.

Este aporte importante de la sociedad civil organizada al debate sobre la ruta crítica de reforma y al trabajo que desarrolla el sector justicia, ha adquirido reconocimiento e importancia entre las autoridades, quienes, a diferencia de otras gestiones, para 2020 respondieron a las solicitudes de información pública requeridas por la Plataforma para el desarrollo de esta investigación, lo cual es altamente favorable y merece ser destacado.

El Informe se desarrolló gracias al financiamiento de la Unión Europea en el marco del proyecto “Participación Ciudadana en la Reforma para el Acceso Igualitario a la Justicia en Bolivia” CSO-LA/2018/403-733 ejecutado por Fundación CONSTRUIR, ASUNCAMI, Visión Mundial, Fundación UNIR, en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos, y la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y Derechos Humano junto con las entidades aliadas en diversos departamentos del país.

 

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