Organizaciones de la sociedad civil, junto a abogados constitucionalistas de Bolivia y de la región, denunciaron la vulneración de derechos de más de 20 juezas y jueces agroambientales, a quienes respaldan para que el Consejo de la Magistratura anule una convocatoria que pone en riesgo su estabilidad laboral y derecho a la carrera judicial.
En este sentido, el pasado 12 de abril estas organizaciones presentaron ante la autoridad jurisdiccional un Amicus Curiae (Amigos de la Corte), con la cual se respalda la Acción de Amparo Constitucional presentada por los/as jueces y juezas afectados para que preserven sus fuentes laborales y su independencia funcional e institucional.
Lo anterior debido a que en diciembre de 2020 el presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Durán, junto a los consejeros Dolka Gómez Espada y Gonzalo Alcón Aliaga, emitieron la Convocatoria Nacional No. 39/2020 que coloca en acefalía los puestos de varios juzgados agroambientales, sin considerar los estándares internacionales de derechos humanos sobre independencia judicial y protección a la carrera de servidores públicos judiciales, así como la normativa y jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.
El Amicus Curiae presentado por las organizaciones de la sociedad civil observa que la convocatoria emitida por el Consejo de la Magistratura que afecta a jueces y juezas agroambientales que actualmente se encuentran en funciones, los cuales son considerados de carrera y no provisionales bajo los estándares internacionales de derechos humanos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como pretende esa entidad del Órgano Judicial.
Las organizaciones que suscriben el documento consideran que se debe otorgar el amparo constitucional a las autoridades jurisdiccionales ahora accionantes para fortalecer la independencia judicial, la cual se basa también en la inamovilidad de los cargos y la prohibición de aplicar un régimen transitorio indefinido.
Se espera que la jurisdicción constitucional dé curso a la Acción de Amparo Constitucional interpuesta, dejando sin efecto la Convocatoria Pública Nacional No 39/2020, y proteja los derechos de los magistrados accionantes, garantizando su inamovilidad como autoridades de carrera, así como el debido proceso y su derecho al trabajo, que estarían afectados por la decisión del Consejo de la Magistratura.
Organizaciones que presentaron el Amicus Curiae:
ONG REALIDADES – FUNDACIÓN CONSTRUIR – FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO (DPLF) – FUNDACIÓN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DE BOLIVIA – FUNDACIÓN ESPERANZA, DESARROLLO Y DIGNIDAD – FUNDACIÓN IVI MARAEI – RED DE MUJERES CONSTITUCIONALISTAS DE LATINOAMÉRICA – RED INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS – ACADÉMICAS Y ACADÉMICOS INDEPENDIENTES.
