Más de Treinta organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos manifiestan su preocupación por los hechos de violencia suscitados en varias ciudades, y ante la posible profundización del conflicto a niveles no aceptables de convivencia pacífica y armónica dentro de los límites de un Estado Constitucional de Derecho e incompatibles con los valores democráticos que deben primar en situaciones como la presente.
Frente al importante desafío de afrontar la crisis política con salidas que fortalezcan la institucionalidad democrática, el respeto y protección de los derechos humanos de la población, desde las organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil de Bolivia, defensoras y defensores de derechos humanos nos manifestamos:
- Exigimos al Estado otorgar las garantías necesarias a todas las personas para ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente, con especial protección a las libertades de expresión, opinión, reunión pacífica, libre información y participación en asuntos públicos.
- Instamos a las autoridades a garantizar la seguridad de la población que se encuentra movilizada y a un uso proporcional del poder punitivo, especialmente en las detenciones cuyos procesos deberán enmarcarse en el debido proceso y cumplir con condiciones de imparcialidad e independencia frente a la ley.
- Demandamos la otorgación de garantías reforzadas para defensores y defensoras de derechos humanos, y particularmente a periodistas que están recibiendo ataques o amenazas en el marco de su labor de cobertura. En este marco exigimos que se garantice a la ciudadanía en general, y en especial a trabajadores de la prensa el acceso a la información pública garantizando una cobertura adecuada, imparcial a los hechos acontecidos en este conflicto.
- Exhortamos a la ciudadanía a ejercer sus derechos con apego a los valores democráticos de tolerancia, pluralidad y respeto. Hacemos un llamado enfático a evitar la desinformación a partir de la circulación de información falsa, que busque confundir, exaltar los ánimos, generar temor y confrontación entre la población, reiterando la importancia de verificar fuentes y veracidad sobre los datos que se comparten.
- Consideramos inadmisibles desde todos los actores decisores y en conflicto el uso de advertencias o amenazas que pongan en riesgo la seguridad de las personas movilizadas o el acceso a servicios.
- Convocamos al Estado a promover salidas pacíficas y democráticas a la crisis que vive el país, brindando respuestas consensuadas, oportunas y legítimas a la población.
