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La Paz, 13 de enero de 2021

JUSTICIA:  ROQS denunció a una autoridad pública por acoso sexual, pero al final fue ella quien terminó en prisión. Hoy un tribunal le concedió medidas sustitutivas.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz emitió hoy un mandamiento de libertad en favor de “ROQS” (por las iniciales de su nombre) una mujer indígena, migrante, en situación de pobreza y abandono que habita la cárcel de obrajes desde hace casi cuatro años en detención preventiva, por un proceso que las abogadas del caso han denominado “injusto y con un trasfondo de género”.

“Se expide el mandamiento de libertad en el día y notifíquese al Ministerio Público y a la parte acusadora”, manifestó el presidente del mencionado tribunal.

Después de denunciar un hecho de acoso sexual contra una alta autoridad de la Asamblea Legislativa, ROQS fue a su vez denunciada por falsedad ideológica y abuso de firma en blanco, ambos delitos con una pena mínima de un año y con penas máximas de seis (6) años para el primero y cuatro (4) años para el segundo.

El Código de procedimiento penal establece que la detención preventiva debe cesar, entre otras causales, cuando la privación de libertad haya excedido el mínimo legal para el delito por el que se juzga a la persona, cuando la duración exceda los 18 meses sin que se haya dictado sentencia o 24 meses sin que la misma adquiera carácter de cosa juzgada. Sin embargo, con frecuencia la duración de esta medida se extiende en el tiempo, sin respuestas oportunas de la justicia frente a los derechos vulnerados de las personas, que esperan con angustia y tras las rejas, una solución a su causa.

Este es el caso de ROQS que desde el 8 de abril de 2017 fue enviada por la justicia al Centro de Orientación Femenina de Obrajes con detención preventiva, y durante tres años y nueve meses sólo tuvo el apoyo de un grupo de promotoras comunitarias, quienes conmovidas por su situación de abandono tocaron las puertas de la sociedad civil para solicitar asistencia jurídica en el caso.

Una larga búsqueda de justicia

La procesada es una mujer indígena de bajos recursos que llegó a la ciudad de La Paz en calidad de migrante. Debido a su prolongado encierro, además, se quedó sin fuente de ingresos y, de acuerdo a las declaraciones testificales de quienes la conocen, se sabe que ella no tiene allegados cercanos que puedan colaborarla.

En diciembre de 2019, un tribunal dispuso la detención domiciliaria para ROQS, sin embargo, puso como requisito el pago de una fianza de 50.000 bolivianos, omitiendo considerar que una mujer en situación de abandono y sin recursos económicos por su estadía en la cárcel, de ninguna manera podría pagar ese dinero.

El 6 de febrero de 2020, la medida fue modificada en una primera instancia, reduciendo la fianza a 25.000 bolivianos. Pero el monto, tampoco podía ser cancelado por ROQS, por lo que continúo en la cárcel sin poder salir en libertad. Esto, sumado a la pandemia del coronavirus que azotó a Bolivia a mediados del año pasado, condujo a que la mujer continuara privada de libertad por otros 11 meses.

La sociedad civil en acción para transformar la justicia

A mediados de la gestión 2020, la clínica legal de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos tomó conocimiento del caso, y se conformó un equipo de trabajo en el que varias abogadas y abogados trabajaron de manera articulada a organizaciones de la sociedad civil como Fundación CONSTRUIR, el Centro YACHAYWASI de la ONG Realidades, la Comunidad de Derechos Humanos, la Coordinadora de la Mujer, la Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad, la Fundación IVI Maraei y CLADEM Bolivia, integrando la defensa legal con herramientas de participación como las veedurías ciudadanas, todo ello parte de un plan de litigio estratégico.

En el camino se fueron conquistando hitos dentro del proceso de transformación de la justicia, citando como ejemplo que los tribunales reconozcan que el auxilio judicial tiene que ser aplicado para recabar pruebas requeridas por la justicia en los casos en que la situación de precariedad de ciertas personas, les impida materialmente cumplir con tales requisitos, y, el reconocimiento expreso de que el juzgamiento con perspectiva de género – al cual están obligadas las autoridades judiciales – debe dar lugar a la presunción de veracidad, permitiendo una interpretación extensiva de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, como en el caso de ROQS, mujer indígena, migrante, en situación de pobreza y abandono.

Finalmente, el día 13 de enero de 2021, el Tribunal Cuarto de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, fallo a favor de modificar los requisitos impuestos para la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, suprimiendo la presentación de la fianza económica y los garantes con solvencia, luego de que la abogada principal del caso, María Elena Attard en su argumentación hiciera un llamado al Tribunal a interpretar los derechos de ROQS desde los enfoques de género, interculturalidad e interseccionalidad a los que está obligado el Estado boliviano como signatario de instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución Política del Estado, la Jurisprudencia y la normativa.

Después de una larga discusión entre la Defensa y los miembros del Tribunal de Sentencia, se concluyó que no se podía exigir a la detenida pagar un monto que no dispone, por lo que las medidas sustitutivas fueron modificadas disponiendo la detención domiciliaria, el arraigo, y la obligación de presentarse ante la Fiscalía una vez al mes.

La decisión fue bien recibida por la defensa y la procesada, que al fin verá la libertad después de pasar tres años y nueve meses en prisión.

La sociedad civil continuará en la defensa del caso hasta lograr que ROQS sea absuelta del proceso penal.

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