Monitoreo a la designación de el o la Fiscal General del Estado: Separata de prensa
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, es una articulación de 14 instituciones, redes y plataformas de la sociedad civil organizada, comprometidas con la defensa y promoción de los Derechos Humanos y el Acceso a la Justicia a nivel nacional, y que viene acompañando el proceso integral de reforma de la justicia en el marco de las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural de junio de 2016.
En el marco de este trabajo la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia durante la gestión 2017 desarrolló acciones de acompañamiento al proceso de evaluación, selección y elección de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional orientadas a contribuir a mejorar el acceso a la información pública, así como a al desarrollo de una decisión informada de la ciudadanía.
En los próximos días la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco del mandato constitucional que le precede designará a un/a nuevo/a Fiscal General del Estado, autoridad que asumirá la cabeza del Ministerio Público durante los próximos seis años.
Con el fin de contribuir a que la población boliviana conozca los perfiles de postulantes al cargo que actualmente están siendo evaluados por la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las organizaciones que conforman la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, ha desarrollado un ejercicio ciudadano independiente basado en contactar a candidatos/as con base en la información de contacto descrita en las hojas de vida difundidas por fuentes oficiales, misma que adquirió carácter público. A partir de este contacto la sociedad civil les propuso contestar un cuestionario de seis (6) preguntas de percepción que permitan conocer sus propuestas para los retos que asume el Ministerio Público en los próximos años en el marco de diversos tópicos como ser gestión pública, enfoque de género en las labores del Ministerio Público, política de persecución penal, corrupción, derechos humanos y autonomía institucional.
