La Prisión Preventiva en Bolivia: Avances y Desafíos en el marco de la Reforma Penal y el Proceso de Transición Constitucional
Desde hace varios años, organismos internacionales han venido alertando a los Estados del mundo sobre la grave vulneración de derechos humanos generada por el uso arbitrario, sistemático y sostenido de la prisión preventiva que afecta a millones de personas privadas de libertad a nivel global.
Tan sólo en la región, aproximadamente 5,3 de cada 10 personas privadas de libertad se encuentran privadas de libertad a la espera de una sentencia que defina su situación jurídica. Esta situación es más grave en algunos países como Paraguay, Venezuela y Bolivia en los que la cifra es igual o mayor a 7 personas por cada 10 recluidas en cárceles.
La mayoría de los países de la región hace muchos años realizó el tránsito de sistemas acusatorios a sistemas inquisitivos, por tanto, sus ordenamientos legales reconocen las garantías del debido proceso. Sin embargo, contrariamente a las expectativas estas reformas no parecen haber tenido fuerte incidencia en reducir el uso de la prisión preventiva, tampoco lograron aliviar problemas estructurales como la mora procesal, la falta de respuesta oportuna y poca credibilidad en las capacidades de los sistemas judiciales para responder a la demanda de justicia de las partes.
Entre otros efectos, los avances tenues en la implementación de las reformas, mantienen en suspenso otros desafíos que aún no han sido contemplados con la prioridad necesaria pese a su importancia en orden a garantizar respuestas efectivas a la demanda de justicia entre partes y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, citando como ejemplo a la supresión de barreras educacionales, lingüísticas,económicas, entre otras que forman parte de las expectativas de la población boliviana.
