Según el informe, el Estado instigó y consintió los hechos de violencia en Vila Vila, Caracollo y Challapata, que incluyeron tortura, privación de libertad, lesiones corporales, destrucción de bienes materiales y ataques a personal de salud.
Señala que este problema abarca a la Fiscalía, el Ministerio Público y en la formulación del debido proceso, advierte que ocurría en esa época y que que «persiste» en la actualidad.
Los expertos ponen en la mira a la Justicia boliviana y proponen un plan integral de reparación de daños, además de otro para investigar los sucesos.
Además, según el resumen de su informe presentado esta mañana, que “los líderes políticos deben abstenerse de usar la problemática del racismo para generar discursos de odio, estigmatización y violencia”
El informe también señala que centenares de personas resultaron afectadas “tanto física como mentalmente”
Su informe señala a la Policía Boliviana, a trabajadores del área de la salud, a los líderes cívicos de entonces Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, y también a autoridades del gobierno de Jeanine Áñez
Recomienda al Gobierno boliviano la creación de un “programa de reparaciones” y atención integral a las víctimas
“Vamos a conformar una gran comisión inicialmente de fiscales para que de manera prolija lleven adelante la revisión y la implementación de cada una de las recomendaciones”, dijo Lanchipa.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) entregó este martes su informe sobre las vulneraciones de derechos humanos durante 2019 y concluyó que hubo masacres en Sacaba y Senkata, además de una violencia racista que requiere sanción.
Desde CC expresan dudas y temen que el oficialismo sólo haga cumplir lo que le convenga. El oficialismo dice que su cumplimiento no es obligatorio.