Freedom House ubica, en su informe de 2023, a Bolivia como uno de los ocho países “parcialmente libres”. Inseguridad jurídica, deterioro de las libertades civiles y coerción de los derechos políticos, y la fragilidad institucional en el sistema judicial, agravan la situación.
“Nosotros no tenemos la intención de esperar, porque si esperamos su voluntad no habrá elecciones judiciales”, declaró la senadora Patricia Arce.
La norma fue aprobada en el Senado el 1 de junio y en Diputados el 24 de mayo.
Desde la reelección como derecho humano hasta la suspensión de las judiciales, el TCP emitió al menos siete sentencias por encima de la Constitución o del TSE para “favorecer políticamente al MAS”.
Las asociaciones de periodistas denunciaron que el gobernador de Potosí, “en una clara vulneración a la Ley de Imprenta”, demandó la aprehensión del director de radio Fides Potosí.
Los periodistas recibirán el 10 de mayo en medio de crecientes ataques y agresiones. No hay avances en el caso de Las Londras; 3 son juzgados con IA y uno es acosado con notificaciones por la Policía y la Fiscalía.
Gremiales, médicos, jubilados y transportistas a nivel nacional se unen en contra de las denominadas “leyes malditas” del Gobierno y anuncian protestas desde mañana. Apoyan los pedidos de los maestros urbanos.
El pasado viernes, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe preliminar de su visita a Bolivia. El documento final será presentado en 45 días.
Varios de los casos registrados en materia de institucionalidad democrática tienen que ver con la destitución de jueces y fiscales por incumplimiento de deberes y actos de corrupción.
En su tercer día de trabajo, la CIDH tuvo una jornada maratónica y recibió a autoridades, indígenas, cívicos, activistas y familiares de presos políticos. Ocurrió todo en medio de protestas contra el MAS.