En 13 meses se recluyó por día una media de 18 personas

Seguridad. Unas 40 cárceles en el país albergan a 25.000 privados de libertad.

La población recluida en las 40 cárceles que existen a nivel nacional, en los últimos 13 meses, creció considerablemente. Juristas atribuyeron al sistema judicial por la sobrepoblación preventiva.

Los delitos que prevalecen en estas detenciones corresponden a robo agravado, narcotráfico y violación, según informó el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

“Ha subido la población privada de libertad, estamos hablando que en más de un año 7.000 privados de libertad llegaron a las cárceles, es un número importante, nunca históricamente se ha subido a una cifra tan alta como ésta”, explicó Limpias a LA RAZÓN.

Actualmente, las 40 cárceles de Bolivia albergan a una población total de 25.000 privados de libertad, de los cuales una cifra importante está en condición de detenidos preventivos, acusados por diferentes delitos, indicó.

“Ya tenemos al momento 16.500 privados de libertad en detención preventiva de los 25.000, es un número alto, lo que representa el 65% más o menos a nivel nacional. Seguimos teniendo un número alto de detenidos preventivos. Por eso, llama la atención y por eso nuestra preocupación de buscar reuniones interinstitucionales con el Órgano Judicial para intentar resolver de manera pronta la incertidumbre que tienen estos 16.500 privados de libertad”, dijo Limpias a este diario.

En criterio del funcionario, la recarga procesal en estrados judiciales continúa siendo el principal factor que provoca retardación en la aplicación de la justicia y, por ende, hacinamiento en los recintos penitenciarios del país.

“Sigue siendo parte de la falla el sistema judicial, nosotros administramos lo que el Órgano Judicial nos envía o las disposiciones que ejerce. Justamente, con este órgano, queremos coordinar para buscar alternativas y soluciones”, explicó el funcionario.

Asimismo, Limpias puntualizó que por día el Estado destina al menos Bs 24 por cada recluso, tomando en cuenta el prediario de Bs 8 a los cuales se suma los servicios básicos, pago al personal de reinserción social y salarios de los funcionarios policiales que custodian los recintos penitenciarios.

Tomando en cuenta la cantidad de privados de libertad que llegan a 25.000, diariamente solo para el prediario se destinan Bs 200.000, lo que representa al menos Bs 6,2 millones al mes y Bs 72 millones anualmente.

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En torno a esta problemática, el abogado constitucionalista Jorge Quiroz señaló que existen debilidades en el sistema judicial, atribuidos a jueces y fiscales que ven como primera opción la detención preventiva. En su criterio, los casos deberían pasar un filtro antes de llegar a ese extremo.

Edson Foronda, del colegio de abogados de La Paz.
Edson Foronda, del colegio de abogados de La Paz. Foto. PEDRO LUNA
El jurista resaltó que desde la gestión pasada se estén llevando a cabo al interior de las cárceles audiencias de descongestionamiento. Aquella acción en poco tiempo pudo bajar el porcentaje de detenidos preventivos. Quiroz dijo que la acción debe ser fortalecida.

“A fines del año 2022 se conocía que había un 75% de detenidos preventivos, para este año las autoridades comprendidas como el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y Régimen Penitenciario han programado audiencias de descongestionamiento penal, éstas se están llevando a cabo y se están observando los resultados”, sostuvo Quiroz a LA RAZÓN.

Para el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (ICALP), Edson Foronda, las cárceles están llenas de personas que no tienen sentencia ejecutoriada, lo que desencadena en una sobrepoblación carcelaria.

La sobrecarga procesal ralentiza la capacidad física de los investigadores policiales, lo que a su vez provoca que los operadores de justicia no cuenten con los elementos necesarios para agilizar un proceso judicial.

“Los señores policías, los investigadores deben realizar la labor investigativa, pero recordemos que a ellos los cambian cada año y a veces dejan una investigación a medias, los fiscales que deben realizar la dirección funcional del proceso y los jueces que reciben los insumos de investigadores y fiscales, bajo este criterio la falta de capacidad física y material para resolver estos asuntos es el principal de los problemas”, dijo Foronda a este medio.

La norma vigente establece que un caso debe apegarse a plazos procesales, pero no se cumple, provocando retardación de justicia.