Gobierno asegura que proyecto de ley 305 respeta la libertad de expresión
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, remarcó este sábado que el Gobierno nacional garantiza la libertad de expresión y respeta la Ley de Imprenta, en el contexto de las críticas y el rechazo al proyecto de ley 305, elaborado por el Ministerio de Justicia.
“El Gobierno siempre ha garantizado la libertad de expresión para todos los bolivianos y bolivianas. Nosotros como Gobierno somos respetuosos de nuestra Constitución, de la Ley de Imprenta vigente y no estamos proponiendo ninguna normativa o artículo que vaya en contra de la libertad de expresión, no estamos proponiendo ningún artículo nuevo de lo que ya se tiene actualmente en el país”, informó la autoridad en conferencia de prensa.
El proyecto 305 modifica el apartado 281 del Código de Procedimiento Penal y reza que serán sancionados de tres a siete años de cárcel las personas que promueven el racismo, pronuncien discursos de odio e inciten a la violencia.
“Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”, detalla parte del documento.
El politólogo José Orlando Peralta manifestó que con estos proyectos el Gobierno busca limitar de libertad de expresión. Señaló que si los proyectos son aprobados, no serán aplicados para allegados al Ejecutivo, sino solo para medios independientes, activistas, cívicos y todo aquel que los arcistas consideren opositor.
LA POSICIÓN DEL GOBIERNO
“El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, envía un proyecto de Ley donde se mejora en el artículo 281 y se amplía y se agrava la pena para servidores públicos que promuevan actos de racismo discriminación o discursos de odio, es lo único que se está mejorando en cuanto a redacción”, indicó.
Recordó que el Código Penal (CP) en su artículo 23 ya hace referencia a la sanción contra servidores públicos con discursos de racismo y discriminación.
Con este proyecto de Ley, remarcó la autoridad, se pretende que la sanción sea de 3 a 7 años en lugar de 3 a 5 años de la Ley 045, sanción vigente desde el 2010.
“Estamos ampliando nada más, y por técnica legislativa, cuando un artículo se modifica en la parte uno y dos que tienen que ver con una mejora redacción, la última solamente se la copia (…) El objetivo es mejorar la redacción en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación y evitar los discursos de odio que son recomendaciones y compromisos que tenemos a nivel de Estado” con Naciones y acuerdos internacionales.
La autoridad reiteró que el Gobierno garantiza la libertad de expresión y no se pretende vulnerar la libertad de expresión la población, de los periodistas y medios de comunicación.
“Nosotros somos respetuosos de libertad de expresión, no estamos aumentando un solo artículo, no estamos modificando nada que vaya a vulnerar el trabajo de los periodistas, porque yo vengo del gremio, y conozco el trabajo se realiza”, remarcó Alcón.