Semana conflictiva: 5 sectores alistan protestas contra el paquetazo de leyes
Gremiales, médicos, jubilados y transportistas a nivel nacional se unen en contra de las denominadas “leyes malditas” del Gobierno y anuncian protestas desde mañana. Apoyan los pedidos de los maestros urbanos.
El país vivirá una semana llena de conflictos y protestas de al menos cinco sectores productivos que rechazan el denominado “paquetazo de leyes” que impulsa el gobierno del presidente Luis Arce. Anuncian una marcha para mañana.
De forma paralela persiste el conflicto con los maestros urbanos, que ingresan a su séptima semana de protestas.
Entre esos sectores a nivel nacional están los gremiales, médicos, transportistas y jubilados que exigen al Órgano Ejecutivo deje sin efecto al menos dos proyectos de ley, el 280 y 305, presentados a la Asamblea Legislativa por el presidente Luis Arce. A ellos se sumaron los cívicos y plataformas que acordaron con esos sectores comenzar mañana una serie de movilizaciones contra el gobierno.
Pero el descontento y la protesta no sólo se enmarca en esos proyectos de ley, sino también exigen que la Ley 065 -más conocida como la Ley de Pensiones- se abrogue y así se suspenda definitivamente el traspaso de los aportes que pertenecen a los trabajadores a la Gestora Pública de Pensiones que está a cargo del Estado.
Plazo
Ayer, domingo, se cumplió el plazo que médicos, jubilados, gremiales y transportistas le dieron al gobierno de Arce para que desista de tratar los proyectos de ley. No obstante, ninguna autoridad del Estado dijo que el Ejecutivo atendería ese pedido.
“Se instruye a todos los profesionales asistir a la gran marcha nacional en todos los departamentos de nuestra querida patria Bolivia, el día martes 18 de abril, en los lugares acordados y acatar todas las determinaciones por la alianza a partir de la fecha”, se lee en el pronunciamiento que publicó ayer el Colegio Médico de Bolivia
Además, la alianza de sectores expresó su respaldo a los maestros urbanos que rechazan la implementación de una malla curricular “que va en desmedro del desarrollo y educación de nuestro país”.
En ese escenario, el sábado en Santa Cruz de la Sierra se reunieron activistas y plataformas que anunciaron que respaldarán todas las movilizaciones exigiendo al Gobierno que deje sin efecto esos proyectos.
La pasada semana, el Comité Pro Santa Cruz también expresó su rechazo a los proyectos de Arce y anunció que se sumarán a las movilizaciones y protestas. La decisión depende de una reunión de directorio ampliado que se realizará mañana.
En Santa Cruz ya comenzaron los actos de protesta. Por ejemplo, ayer “vecinos autoconvocados” bloquearon las vías que circundan la rotonda de la Madre India, que está en el Segundo Anillo de la ciudad.
La medida que duró toda la jornada fue contra el “paquetazo de leyes”. “No podemos permitir que este gobierno quiera convertirnos en una dictadura como Cuba o Venezuela, con estas leyes que atentan contra la libertad del pueblo boliviano, por eso estamos realizando esta vigilia en este lugar que es símbolo de la lucha contra la dictadura del MAS”, señaló una vecina que era parte de la protesta.
¿Qué dicen esos proyectos?
Esos proyectos de ley que están en las comisiones del Legislativo son el 280 de “Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, propuesta que fue presentada por el presidente Arce el 22 de febrero.
El 25 de marzo pasado, Página Siete informó sobre la alerta que dio Comunidad Ciudadana (CC) sobre este proyecto de ley que tiene un nombre similar a la denominada “ley maldita 218”, que a fines de 2021 generó una ola de protestas de varios sectores en todo el país y obligó a Arce dejarla sin efecto.
Los cuatro puntos esenciales y figuras penales del proyecto de Ley 280 -que modifica artículos del Código de Procedimiento Penal- son el terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes. Además, esa norma “criminaliza y penaliza las protestas sociales”.
El proyecto de Ley 305 de “Cumplimiento de Compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos”, que también es una propuesta del presidente Arce, tipifica siete nuevos delitos y los incluye al Código Penal, además que endurece las penas de al menos 10 tipos de delitos vigentes .
Pero el aspecto que causa más alarma en la población es que en el punto siete del artículo 281 del Código Penal mantiene y aumenta la sanción penal contra los periodistas y medios de comunicación por la “difusión e incitación al racismo o a la discriminación”, lo que es considerado como un atentado a la libertad de expresión.
Anoche, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en un comunicado aseguró que “defenderá, respetará y cuidará” la libertad de expresión y apoyará “la supresión del artículo 281 in extenso del proyecto de Ley 305/2023”. No obstante, no hizo referencia a la modificación de la Ley 045, que también penaliza el trabajo de los periodistas y atenta a la libertad de expresión.