Víctimas de violencia política entre 1964 y 1982 pueden cobrar desde este martes el pago por resarcimiento excepcional
El Ministerio de la Presidencia informó que a partir de este martes se iniciará el pago por resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política en gobiernos inconstitucionales en el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.
El resarcimiento procede en cumplimiento a la Ley 1446, del 25 de julio de 2022, que establece el pago en el marco de la protección y respeto a los derechos humanos en favor de las personas contra quienes se cometió violencia política por parte de gobiernos inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular.
La ley autoriza al Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación, asignar recursos por un monto de hasta Bs 99,9 millones.
Presidencia informó que el pago se hará a través de la Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria de acuerdo a los requisitos y procedimientos establecidos.
De acuerdo con esa oficina estatal, los beneficiarios directos e indirectos deberán solicitar el pago ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Bolivia sufrió una serie de golpes de Estado y dictaduras militares entre 1964 y 1982 que resultaron una grave violación a los derechos humanos que, dejaron muerte, luto y dolor a familias bolivianas.
Durante el régimen de facto de Luis García Meza se produjeron alrededor de 26 desapariciones forzosas y la Masacre de la Calle Harrington, en la ciudad de La Paz.
Después de 59 años y diez años de vigilia las víctimas directas e indirectas serán resarcidas.
El año 2004 se promulgó la Ley 2640, destinada a resarcir a las víctimas de las dictaduras; sin embargo, no se contaba con fondos económicos y se estableció un parámetro de calificación que en muchos casos no se cumplió.
Ese año, el expresidente Carlos Mesa solo garantizó el 20% de los recursos previstos por dicha norma y dejaba el 80% restante a la voluntad de la cooperación internacional.
A mediados del 2022, el Gobierno de Luis Arce garantizó el pago de ese 80% pendiente, con recursos del Tesoro General del Estado.
GMM/Mac