La corrupción constituye un problema de relevancia jurídica, institucional y democrática porque puede alterar la finalidad constitucional de la función pública, debilitar los mecanismos de control, afectar la imparcialidad en la adopción de decisiones estatales y reducir la capacidad material del Estado para respetar, proteger y garantizar derechos. Su examen no puede limitarse a la identificación de delitos, faltas administrativas o responsabilidades disciplinarias, puesto que también comprende condiciones que favorecen la opacidad, el trato preferente, la interferencia indebida, el uso particularista de competencias públicas, la desviación de recursos y la normalización de prácticas incompatibles con el interés general.