Analizar y reflexionar sobre el sistema de justicia resulta indispensable en cualquier Estado de Derecho. En el caso boliviano, esta necesidad es aún más apremiante, dado que la administración de justicia ha estado en el centro del debate público durante varias décadas. La legitimidad de las instituciones, el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y la eficacia de los mecanismos de acceso a la justicia son elementos clave para evaluar el grado de consolidación democrática y jurídica del país.

En este marco, el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2024 representa un esfuerzo analítico y de monitoreo fundamental. Su elaboración no solo ofrece un diagnóstico crítico sobre las barreras que hacen al acceso a la justicia, también recoge el aporte de la sociedad civil organizada en la construcción de políticas públicas coherentes con los principios constitucionales y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.

El estudio evidencia la persistencia de una crisis estructural en la justicia boliviana y formula una serie de recomendaciones orientadas a garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas, además de fortalecer la independencia judicial y el acceso equitativo a la justicia. El documento está compuesto por cinco capítulos temáticos y un capítulo conclusivo que reúne las principales

Como cada año, esta investigación se perfila como un esfuerzo sostenido de la sociedad civil para mantener vigente el debate en torno a los desafíos del proceso de transformación de la justicia en Bolivia. Dicho proceso continúa siendo una de las principales aspiraciones de la población y, al mismo tiempo, constituye hoy un componente esencial para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país.

El proceso de análisis, sistematización de la información y elaboración de este reporte comprende varios meses de trabajo, orientados a poner a disposición de las autoridades del Estado —en especial de los tomadores de decisión—, así como de la sociedad civil y de la población en su más amplia diversidad, un insumo útil para guiar las medidas y acciones asumidas en el proceso de reforma judicial. De esta manera, se busca favorecer la participación ciudadana y el ejercicio del control social.

A la vez, este trabajo permite consolidar un verdadero repositorio de información sobre buenas prácticas, avances, retrocesos y desafíos en torno a las medidas adoptadas en el marco de la gestión judicial, generando evidencia empírica que sustente las acciones de acompañamiento al trabajo estatal, en aras de satisfacer la demanda de justicia y garantizar la tutela efectiva de los derechos de la ciudadanía.