El objetivo del diseño e implementación de un Índice de Percepciones Ciudadanas sobre la Justicia es contar con una herramienta cuantitativa científica, robusta ya confiable que mida periódicamente las percepciones de la población boliviana sobre el desempeño del sistema de justicia en diferentes dimensiones, incluyendo eficiencia, confiabilidad, transparencia e independencia y facilite un monitoreo sistemático y periódico de la mirada ciudadana
al Órgano Judicial, sus instituciones y la dinámica de administración de justicia en Bolivia.

El diseño y construcción de este instrumento es resultado de una colaboración y compromiso compartido entre Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública y Fundación Construir. Inicialmente se pensó como un insumo para el informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia desde la mirada de la ciudadanía, en el marco de
la Plataforma Ciudadana por el acceso a la justicia y los Derechos Humanos. El instrumento evolucionó para constituirse en un producto independiente y se presenta por primera vez en esta publicación como tal.

El Índice de Percepciones Ciudadanas sobre la Justicia (IPCJ) ha tenido ya dos rondas de implementación a nivel nacional, la primera en mayo de 2023 y la segunda en diciembre de 2024 cuyo objetivo fue consolidar este instrumento como una evaluación anual de la eficiencia y legitimidad del desempeño del sistema judicial desde la perspectiva de ciudadanas y ciudadanos bolivianos. En ambas versiones se priorizan cinco dimensiones de medición del desempeño del sistema de justicia en Bolivia, así como una evaluación ciudadana de su eficiencia en la protección de derechos humanos, derechos civiles y libertades.

La mirada ciudadana del desempeño del sistema de justicia es imprescindible. Provee un certificado de legitimidad del trabajo del sistema de justicia: las y los ciudadanos son los sujetos de la justicia, tienen expectativas de ser tratados con el debido procedimiento, en un marco legal y normativo claro y también tienen expectativas de que sus derechos y libertades son promovidas y protegidas por la institucionalidad de justicia y sus operadores.

El grado en que el desempeño de la justicia boliviana cumple – razonablemente- con estas expectativas es una medida de legitimidad.

Esta herramienta es una contribución de nuestras instituciones para promover una justicia de calidad en el país, para situar a la ciudadanía en el centro del debate sobre la calidad de la justicia, recordando que la justicia no es cuestión de abogados, es cuestión de derechos y de ciudadanos.