La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos es una articulación compuesta por más de 60 organizaciones de la sociedad civil boliviana, comprometidas con integrar esfuerzos, conocimientos y experiencias para acompañar el proceso de transformación a una justicia accesible, transparente, plural, independiente, con enfoque de género, derechos humanos y debido proceso.

En 2018, la Plataforma ciudadana se propuso instalar una práctica de monitoreo ciudadano al funcionamiento del sistema de justicia. La iniciativa se plasma en la publicación denominada “Informe sobre el Estado de la Justicia”, la cual se presenta en su segunda edición que considera los avances y desafíos de la gestión 2021, tomando como fuentes: informes de Rendición de Cuentas Públicas, portales web y datos oficiales proporcionados a la sociedad civil a través de solicitudes de información; informes producidos por las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la plataforma y registro hemerográfico.

El Informe sobre el Estado de la Situación de la Justicia en la gestión 2018 abordó la situación de independencia judicial boliviana, a partir del análisis de sus dimensiones, la dimensión institucional y la individual. Para la gestión 2019 el Informe se centró en analizar la falta de información oficial de las instituciones del sector justicia haciendo un recorrido por los estándares internacionales y nacionales sobre acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y control social. En la gestión 2020 el Informe abordó la situación de la justicia en la Pandemia por el COVID-19, así como vinculó la independencia judicial con la lucha contra la corrupción.

La presente publicación corresponde a la cuarta edición del Informe Sobre el Estado de Situación de la Justicia, correspondiente a la gestión 2021 y en esta ocasión a partir del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la visita del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de magistrados y abogados, el Informe aborda la situación de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y el vínculo entre las mismas con la verdad, justicia y reparación y por ende con la independencia judicial.