Las disputas entre los líderes tanto de la oposición como del oficialismo frenan posibles acuerdos.
Cinco alianzas y once frentes políticos se inscribieron para asistir a la competencia electoral de agosto.
La meta es registrar a 250 mil nuevos votantes y a más de 400 mil por cambio de domicilio.
El empadronamiento está dirigido a los jóvenes que cumplirán 18 años hasta el 17 de agosto, fecha de las elecciones generales. Las personas que cambiaron de residencia también podrán actualizar sus datos.
“No jueguen con fuego. Los bolivianos apreciamos nuestro derecho al voto por encima de todo. Lo probamos en 2019. Si los malos jueces se meten en las elecciones por incitación de los malos políticos, el pueblo se va a levantar”, escribió esta mañana en su cuenta de X.
El vocal del TSE habló incluso de una “sublevación y anarquía social” si se afecta el proceso electoral, por lo que pidió a la Asamblea aprobar la ley de preclusión.
Asambleístas de la oposición y el “evismo” denunciaron una presunta intención del Gobierno de prorrogarse en su mandato, mediante una Acción de Inconstitucionalidad planteada por el diputado “arcista” Israel Huaytari en el marco del proceso electoral.
El Tribunal Supremo Electoral no fue notificado con ninguna medida cautelar o comunicación por parte del TCP, según su vicepresidente Francisco Vargas.
El exmagistrado, Gualberto Cusi, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para exigir igualdad de condiciones en las elecciones para “ciudadanos y pueblos indígenas”.
La Cidob también reclama y recordó que viene con ese reclamo desde 2009.