Los mismos se constituyen como la autoridad judicial para los comicios de agosto.
Fernando Arteaga, secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó que el calendario electoral avanza con normalidad rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto. Aseguró que esta semana comienza la impresión de las papeletas y cuestionó la falta de compromiso de los partidos para auditar el padrón biométrico.
Los adversarios de Evo Morales aseguran que es él quien pretende confrontar al país y por eso tratará de sabotear los comicios.
Según datos preliminares el Padrón Electoral Biométrico llegará a 7.5 millones de habilitados para las elecciones generales del 17 de agosto.
Los constantes anuncios y advertencias de los evistas de no permitir la realización de las elecciones o impedir el desarrollo de los comicios en algunas regiones, prenden las alarmas del TSE, que pide respeto al derecho de votar de las personas.
Analistas manifestaron que el crecimiento de nuevos electores tiene que ser transparente.
El padrón electoral consolidado tiene 7 millones 500 mil ciudadanos habilitados para sufragar en las elecciones generales del 17 de agosto.
El padrón electoral consolidado tiene 7 millones 500 mil ciudadanos habilitados para sufragar en las elecciones generales del 17 de agosto, anticipó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.
Según Ávila, su crecimiento está en 250 mil nuevos votantes aproximadamente, en comparación a las elecciones judiciales de 2024, con una concentración en los departamentos que tienen una mayor población, como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
El vocal confirmó a EL DEBER que el 12 de este mes será presentado el padrón electoral, en cumplimiento del calendario electoral.
Al ser preguntado si es confiable, Ávila dijo que en el cuarto encuentro multipartidario en Santa Cruz, las organizaciones políticas emitieron su confianza y se comprometieron a designar dos delegados técnicos para su revisión.
«El Tribunal Supremo Electoral se ha comprometido entregar el padrón electoral a todas las organizaciones políticas 30 días antes y el día de las elecciones vamos a entregar la lista de habilitados a todos los delegados. Esa es la transparencia con la que vamos actuar», señaló.
Sobre el caso del economista Jaime Dunn, el vocal dejó en claro que sí demuestra que no tiene deudas con el Estado, en la apelación que realice, podrá ser habilitado como candidato presidencial.
Agregó que por ahora está inhabilitado debido a las observaciones en la solvencia fiscal.
Dunn se registró como candidato a la presidencia por Nueva Generación Patriótica (NGP) y es uno de los pocos postulantes que se refirió a la aprehensión inmediata del expresidente Evo Morales si es electo presidente de Bolivia.
La mayoría de las fuerzas partidarias en Bolivia apenas considera el tema de la transformación de la Policía en sus planes de Gobierno. Esto a pesar de que gran número de bolivianos siente mucha desconfianza en la institución policial.
En medio del ruido de la campaña y el desfile de promesas de todo calibre, un tema crucial para la democracia y el Estado de derecho en Bolivia ha quedado relegado al último asiento del debate electoral: la reforma de la Policía Nacional. A un mes de las elecciones presidenciales de agosto, la mayoría de las fuerzas políticas apenas sí mencionan el asunto en sus programas de gobierno, mientras la ciudadanía sigue enfrentando un sistema de seguridad que -según datos de percepción pública- es uno de los menos confiables del país.
De las principales fuerzas en carrera, solo tres –Nueva Generación Patriótica, Unidad y el Movimiento de Renovación Nacional (Morena)- abordan la transformación policial con cierta profundidad. El resto se limita a enunciados ambiguos, promesas tecnológicas o directamente evita el tema.
NGP, con la propuesta más destacada, ofrece “una restructuración orgánica de las fuerzas policiales” mediante un proceso de descentralización operativa; el combate a la corrupción en la Policía mediante la creación de una Comisión Independiente de Depuración que evaluará a todos los efectivos “utilizando herramientas como exámenes de confianza, pruebas psicométricas, análisis de declaraciones juradas y patrimonios y uso de polígrafos”.
También anuncia la rotación obligatoria de mandos y fiscalización sobre gastos en la institución, mientras que, a nivel logístico, “se plantea la incorporación del rastreo satelital de patrulleros” y “la implementación de cámaras corporales”, de forma obligatoria.
El plan de la alianza Unidad tiene un acápite aparte, denominado Seguridad ciudadana como política de Estado, en el que se propone la reforma de la Policía para garantizar “su despartidización, profesionalización y descentralización”, además de mejorar la “formación, distribución de personal, equipamiento, condiciones salariales y se creará una unidad especializada en inteligencia y tecnologías”.
En el Morena, se anuncia una “reestructuración de la Policía Nacional, con enfoque preventivo y de derechos humanos”, mediante aspectos como el rediseño del modelo actual con enfoque de resolución pacífica de conflictos, sistema de formación ético y profesional, respeto al mérito y a la carrera policial y, como punto destacable, la implementación de “mecanismos de rendición de cuentas y control social externo”.
Falta sustento
APB-Súmate anuncia “la consolidación” de Guardias Autonómicas Departamentales, que se articularán con las guardias municipales y servicios privados de seguridad, un sistema departamental “de seguridad ciudadana inteligente y la implementación de una Policía Judicial Científica. Además, señala que “se optimizarán los servicios de la Policía Nacional”, aunque no dice cómo.
El PDC establece seis estrategias para mejorar la seguridad ciudadana en Bolivia, pero solo la tercera hace mención a las fuerzas del orden, anunciando la “modernización y profesionalización de la Policía Nacional”, aunque también establece aspectos como el fortalecimiento de la atención prioritaria a víctimas, intercambio de información con la cooperación internacional y uso de Inteligencia Artificial, sistemas de videovigilancia y drones.
La alianza Libertad y Democracia (Libre) menciona el tema brevemente, en un solo párrafo, bajo el título Reforma de la Policía, apuntando en su plan de gobierno a que “el potenciamiento de la Policía boliviana se orienta a que materialice sus fines y funciones”, y especifica que dicha reforma “se integra en el marco de una Bolivia digital”, pero no establece ni la forma ni el plazo.
Sin mención
El resto de fuerzas políticas, como el MAS-IPSP, La fuerza del pueblo (UCS), Alianza Popular y Libertad y Progreso-ADN, pasan de largo. Ni siquiera llegan a tocar el tema más allá de menciones aisladas referidas a infraestructura carcelaria. Así, para finalizar el recuento, el programa del MAS IPSP no establece ninguna reforma a la Policía, aunque menciona de pasada la “construcción y remodelación de centros penitenciarios”.
Alianza Popular, a su turno, no anuncia ningún cambio en la fuerza del orden público y en ninguna parte de su plan de gobierno se menciona a la fuerza del orden.
La alianza Libertad y Progreso-ADN, en un apartado sobre reducir funcionarios y limitar el gasto público, solo señala que las funciones del Estado deben limitarse a seguridad, control de fronteras, orden y seguridad interna, prevención y lucha contra el crimen y seguridad ciudadana.
Y por el lado de La Fuerza del Pueblo (UCS), tampoco hay menciones específicas a posibles cambios en la institución policial y solo se anuncia la modificación de la ley de Lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas.
No hay interés
En un país donde los casos de extorsión, impunidad y violencia institucional son moneda corriente, resulta alarmante que los partidos eludan una propuesta clara y estructurada de reforma policial. A poco más de un mes de las elecciones, la seguridad sigue siendo tratada como un aspecto intrascendente, cuando debería ser una prioridad nacional.
¿Por qué hay tanto silencio frente a una institución que arrastra denuncias de corrupción, abuso de poder y vínculos con el narco? Para el analista Franco Gamboa, la respuesta es tan política como estructural: aunque algunas de las propuestas de reforma policial son interesantes, en su mayor parte los planes partidarios solo enfocan el problema por la superficie, porque a nadie le interesa una verdadera transformación de la fuerza del orden.
“Es necesaria una refundación de la Policía, porque la corrupción en su interior es demasiado profunda y parte desde los institutos, las universidades policiales. No es posible una transformación de la seguridad sin transformar a la Policía”, explicó el analista.
Gamboa argumenta que la Policía está infectada desde su raíz formativa. Pensar en reformarla sin transformar su cultura formativa interna, su lógica jerárquica y sus tratos con el poder político es ingenuo. Eso requiere valentía, y, en opinión del analista, pocos candidatos están dispuestos a asumir ese costo electoral.
PARA DESTACAR
Tecnología. NGP ofrece rastreo satelital de los patrulleros y cámaras corporales en cada agente, para evitar abusos en los operativos.
Tres ejes. Alianza Unidad promete despartidizar, profesionalizar y descentralizar a la Policía, a nivel municipal y departamental.
Factor regional. APB-Súmate buscará consolidar guardias departamentales y la creación de la Policía Judicial Científica.
Enfoque. Desde Morena anuncian una Policía con enfoque preventivo y de derechos humanos, y respeto al mérito y a la carrera dentro de la policía.
Las organizaciones campesinas seguidoras de Evo Morales también declararon a Andrónico Rodríguez como el “Felipillo del Siglo 21”.
En una reunión de emergencia realizada el 6 de julio en Lauca Ñ, con presencia del expresidente Evo Morales, una fracción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) resolvió que “no habrá elecciones” el próximo 17 de agosto.
“Repudiamos el accionar del gobierno tirano que allana el camino para el retorno de la derecha saqueadora y privatizadora de los recursos naturales porque sin la participación de nuestro único candidato del pueblo, el hermano Evo Morales, no se practica la democracia y no habrá elecciones”, cita el segundo punto de la resolución leída en una declaración de prensa realizada la noche del domingo.
En el mismo sentido, uno de los dirigentes campesinos, que participó de esa declaración de prensa junto a Morales, ratificó que “el 17 de agosto no habrá elecciones” e incluso instruyó que no se permita la realización de la campaña electoral en las provincias.
“No podemos permitir que aquellos traidores vengan a hacer campaña en nuestras provincias, no van a entrar esos traidores. Además, aquellos candidatos que nos han reprimido, que nos han masacrado, (…) no tendrán perdón, por eso decimos, desde acá, que no vamos a permitir que hagan campaña. Hermanos dirigentes provinciales, no dejar entrar a hacer campaña a ningún partido político de la derecha”, dijo.
Asimismo, en otro punto de la polémica resolución, la CSUTCB evista declaró como “Felipillo del Siglo 21 a Andrónico Rodríguez (pupilo político de Evo Morales que decidió candidatear a la presidencia con otra alianza) por traición a la patria, los principios éticos y morales de la revolución democrática y cultural eliminando los derechos más sagrados de la democracia interna”. Felipillo es un personaje de la época de la conquista española tildado de traidor.
Entretanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante un comunicado, denunció ante “la ciudadanía boliviana y la comunidad internacional sobre una preocupante escalada de ataques sistemáticos y deliberadamente planificados” en contra de las elecciones generales convocados para el próximo 17 de agosto.
Las elecciones generales en Bolivia están previstas para el 17 de agosto próximo. la cadena de custodia es parte del proceso de transparencia electoral.