Defensor del Pueblo dice que los magistrados "autoprorrogados" son nocivos para la población
Los cuatro magistrados electos del TCP denunciaron que los autoprorrogados cometen «abusos y anomalías» para no ser cesados en sus cargos.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó este martes que los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial cumplen un rol nocivo en la población, debido a que permanecen en el cargo por encima de los límites que establece la Constitución Política del Estado.
“Nosotros lo habíamos dicho anteriormente, el rol nocivo que tienen estas autoridades (autoprorrogadas) y la situación fallida de la elección (de autoridades judiciales) del 2023, que después de un año se ha dado de forma inoportuna, incompleta y rompiendo el principio de preclusión en las Elecciones Judiciales. Ahora estamos en una situación irregular”, declaró Callisaya.
En diciembre de este año se cumplirán dos años desde que los magistrados autoprorrogados del TCP y del Órgano Judicial decidieron permanecer en el cargo por encima de la Constitución. En diciembre del 2023 concluyó el mandato constitucional de las altas autoridades que insisten en continuar en sus funciones hasta que sean reemplazados en las elecciones judiciales complementarias.
Se trata de Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Cejas, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo e Isidora Jiménez Castro, en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Los otros dos componen el Tribunal Supremo de Justicia.
Los cuatro magistrados constitucionales que fueron electos por voto en diciembre del 2024 denuncian que los cinco “autoprorrogados” cometen “anomalías y abusos” para ejercer el dominio de la Sala Plena y de la Comisión de Admisión de causas del TCP.
La magistrada electa Paola Prudencio denunció que sus pares “autoprorrogados” frenaron de manera “sistemática” las facultades de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para cesarlos en sus funciones.
El Defensor del Pueblo exhortó al Parlamento nacional a activar los mecanismos necesarios para cesar de funciones a los siete magistrados autoprorrogados, debido a que la población desconoce hasta cuándo seguirán al frente del Órgano Judicial y del TCP.
“Los magistrados electos tienen un periodo de funciones de seis años delimitado por la Constitución. Lo que hay que hacer es una decisión efectiva por parte de la Asamblea Legislativa para que se pueda reconducir esta situación, se pueda enmendar esta situación irregular”, argumentó Callisaya.
Entre tanto, políticos y analistas plantearon el inicio de un juicio responsabilidades contra dichas autoridades; pero hay quienes sugieren procesarlos por la vía ordinaria porque fungen funciones por encina de la Constitución Política del Estado.