Doria Medina proyecta decreto para eliminar el secretismo en los contratos, acuerdos y convenidos que firme el Estado

Mediante un comunicado, el candidato por la alianza Unidad presentó el segundo decreto que promulgará si gana las elecciones, denominado Se acabó el secreto.

El candidato a la presidencia por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, anunció este jueves que, de ganar las elecciones, promulgará un decreto para eliminar el secretismo en la gestión estatal, concretamente en la firma de contratos, acuerdos y convenios, al que denominó «Se acabó el secreto».

Afirmó que el decreto, que incluye 11 medidas, será un antídoto a “20 años los sucesivos gobiernos del MAS, que han considerado a las instituciones gubernamentales y estatales como su propiedad y no como espacios plurales bajo el control democrático del pueblo y las leyes”.

El equipo de campaña de la alianza difundió un borrador del decreto. El primer artículo señala que “se establece la total transparencia de todos los contratos, acuerdos y convenidos que celebre el Estado con otros Estados, con empresas trasnacionales y nacionales, con organismos internacionales y sus agencias. Toda la información que respalde, explique y constituya dichos contratos, acuerdos y convenios, será publicada por las autoridades competentes. Los funcionarios que transgredieran esta disposición serán procesados por desacato a la autoridad y otros delitos asociados”.

Doria Medina explicó que es esencial tener transparencia de la información y los datos estatales. “Bajo el MAS, los parlamentarios de oposición e incluso oficialistas han sido inducidos a votar en uno u otro sentido mediante la maniobra de suprimir la información que necesitaban. Los contratos de litio han sido considerados por el gobierno del presidente Luis Arce como ´secreto de Estado para poder imponerlos sin consultar a las regiones productora”, señaló.

También se refirió al Banco Central de Bolivia, institución a la que acusa de complicar la crisis económica actual, por silenciar la información sobre las reservas internacionales, y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la falta de información sobre las reservas de gas.

El decreto también anula y deja sin efecto el acuerdo de cooperación en materia de defensa, firmado por el anterior gobierno de Bolivia con el Estado de Irán. Además instruye al Banco Central y YPFB publicar, sin demora, la información sobre la economía y la industria del gas, y a la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) volver a publicar los nombres de los accionistas que están detrás de las llamadas “sociedades controladoras de los bancos”, a fin de que haya más claridad en el sistema financiero.

Según el proyecto, las actuales rendiciones de cuentas de las máximas autoridades ejecutivas de las reparticiones públicas serán «espacios de debate de los problemas y los desafíos de las instituciones».

Asimismo, establece mecanismos para evitar las contravenciones a esta decisión de apertura de los archivos estatales; se obliga al Instituto Nacional de Estadísticas a abrir sus bases de datos a los ciudadanos; se exige que todos los responsables del Poder Ejecutivo que institucionalicen las instituciones de análisis y diagnóstico que estén a su cargo, todo bajo el precepto del “uso público” de la información de la esfera pública; que el sistema judicial facilite el acceso público a los procesos judiciales.

Finalmente, el decreto asegura que el presidente dará una conferencia de prensa, con preguntas de la prensa, una vez a la semana.