Evistas y opositores discrepan sobre el reinicio de preselección de las judiciales en la Asamblea

Leonardo Loza apunta al vicepresidente, David Choquehuanca, por paralización de proceso de preselección con la intensión de dar continuidad a los magistrados autoprorrogados.

Legisladores del Creemos, Comunidad Ciudadana (CC) y el Movimiento al Socialismo (MAS) del ala radical que respalda a Evo Morales, discrepan sobre cómo deberá reiniciar el proceso de preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Por su lado, desde el oficialismo, el vicepresidente David Choquehuanca declaró que no es necesario que el reinicio de ese proceso sea tratado en una sesión del pleno de la Asamblea Legislativa.

Opositores

“Consideramos que la Sentencia Constitucional (SC) 0191/2024 ya le da competencias directas a las comisiones para reiniciar el proceso de preselección para las judiciales”, afirmó el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, en contacto con Visión 360.

El criterio, coincide con lo manifestado por el Choquehuanca, la pasada semana, cuando descartó convocar a una sesión de Asamblea para destrabar las elecciones judiciales porque,  en su criterio, esa es una tarea de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, las que paralizaron su trabajo debido a los amparos constitucionales que se presentaron.

Una vez resueltas las demandas, con la emisión de la SC 0191/2024-S2 del TCP, la decisión de reiniciar el proceso de preselección está en manos de dichas comisiones. En ese contexto, para Gutiérrez, tampoco sería necesaria una ley corta para modificar las fechas del cronograma.

Por su lado, el senador de CC, Santiago Ticona, miembro de la Comisión de Justicia Plural, no coincide con su colega de Creemos y el vicepresidente, pues considera que la sesión del pleno de la Asamblea debe dar un espaldarazo legal y generar certidumbre tanto a los legisladores como a los 401 postulantes que estaban habilitados hasta el 20 de abril, cuando se paralizó la preselección, en el momento en que debía pasar a la fase de exámenes orales.

Desde el ala evista, el senador Leonardo Loza también señaló al vicepresidente Choquehuanca por el estancamiento del proceso. “Las elecciones judiciales, en mi criterio, siguen siendo manipuladas, maniobrada, por el poder Ejecutivo que bajo ninguna circunstancia quiere que se realicen este año. Al contrario, buscan cómo regularizar a los magistrados truchos, autoprorrogados”, aseveró.

Para Ticona, el hecho de dar validez a la SC 0191 también fue una imposición del Ejecutivo, para obligar a la Asamblea Legislativa a que acepte la legalidad de los actuales magistrados, cuyas acciones son cuestionadas y calificadas como inconstitucionales.

De acuerdo a la Ley 1549 “Para las Elecciones Judiciales 2024”, la Asamblea Legislativa tenía 80 días para aprobar una lista con 130 postulantes habilitados, por voto de dos tercios. Esta nómina debió pasar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que inicie con el proceso electoral de 150 días, hasta el día de los comicios, cuando se debía elegir magistrados para el Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia (TSE), TCP y Tribunal Agroambiental.

Estos comicios estaban previstos para la primera semana de septiembre, pero con la demora de más de un mes por los amparos constitucionales, ahora la fecha es incierta y corre el riesgo de que choque o se sobreponga con la fecha en la que debían realizarse las elecciones primarias, en las que militantes de partidos políticos eligen a su candidato para las elecciones generales en 2025.

El vicepresidente Choquehuanca apuntó a los “extremos” del ala evista y la bancada de CC, por la dilación del proceso. “La oposición que opera en el escenario pre electoral del país, magnetiza dos extremos. El extremismo ‘evista’ y el extremismo ‘mesista’. Se sabe que los extremos se necesitan, se apoyan, como lo han demostrado (Carlos) Mesa, Evo (Morales) y Andrónico (Rodríguez- MAS)”, declaró.

La mayoría de los amparos constitucionales presentados contra las Elecciones Judiciales, ordenaron que los miembros de las comisiones mixtas revisen las inhabilitaciones y emitan nuevas resoluciones fundamentadas, ya sea ratificando la descalificación del postulante y que pase a la fase de los exámenes orales.