Impugnan a 19 postulantes por liberar a feminicidas y narcos, autoprorrogarse y militar en el MAS

Los más cuestionados son los cuatro magistrados autoprorrogados y los vocales de La Paz, Claudia Castro e Israel Campero. También figura un juez potosino sentenciado.

Las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) presentaron 19 impugnaciones contra postulantes a magistrados. Entre los argumentos presentados figuran el haberse autoprorrogado en el cargo, militar en el MAS, haber sido sentenciado o procesado por corrupción, además de haber liberado a narcos y feminicidas.

“La Alianza Creemos impugnó a 19 postulantes a las elecciones judiciales por sus antecedentes adversos con la honestidad y la ética, por violar la Constitución y otros, para que la Comisión Legislativa revise exhaustivamente sus hojas de vida y apartarlos del proceso de preselección”, señala un pronunciamiento de esa fuerza política.

El viernes, la bancada de CC también presentó un pliego de impugnación contra cuatro magistrados que promovieron y se autoprorrogaron en el cargo por medio del Decreto Constitucional (DC) 049/2023. Los nombres de esos cuatro postulantes se repiten en la lista publicada por Creemos, se trata de Marvin Arsenio Molina Casanova, actual presidente del Consejo de la Magistratura; José Antonio Revilla Martínez y Ricardo Torres Echalar, ambos expresidentes del Tribunal Supremo de Justicia (TCP) y el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Yván Espada, uno de los dos firmantes del mencionado DC.

Pero al margen de los cuatro autoprorrogados, Creemos incidió en la impugnación de los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, Miriam Aguilar, Orlando Rojas e Israel Campero, a los que señalan por emitir fallos cuestionados con la ley y favorables al MAS durante diferentes Gobiernos.

Por ejemplo, en el resumen presentado por Creemos, en relación a la vocal Aguilar, señala que el mismo: “Otorgó detención domiciliaria a una persona condenada por violación (fallo emitido conjuntamente al vocal Campero). Fue suspendida por un mes sin goce de haberes por la comisión de faltas graves. En la gestión 2020 en el cargo de vocal de la Sala Constitucional Primera del TDJ de La Paz (también junto a Campero), benefició con detención domiciliaria a Jesús Einar Lima Lobo (sentenciado y preso por narcotráfico en Brasil)”.

En relación a Campero, además de recordar los varios cargos de funcionario público, los legisladores recordaron que fue uno de los vocales constitucionales que frenó las interpelaciones a ocho ministros. “Tiene sanción con la suspensión del cargo por un mes sin goce de haberes, que el Consejo de la Magistratura no ejecuta hace un año”, se afirma en el pliego de impugnación.

En relación al vocal Rojas, se señala que “en la gestión 2021, Orlando Rojas Alcón, juez de Instrucción fue quien anuló un proceso penal contra Evo Morales y su entorno, además de enviar a prisión a dirigentes cocaleros de los Yungas, con una evidente inclinación política al MAS”.

Asimismo, sobre la vocal Castro, la bancada de Creemos recordó que, en su calidad de jueza, en 2020, también fue cuestionada por dejar sin efecto las denuncias por los casos de fraude electoral, sedición y terrorismo en contra del expresidente Morales y sus exministros, entonces refugiados en la residencia de México.

Los fallos emitidos por Castro en favor de las exautoridades del MAS, se dieron sólo unos días después de que se confirmó que Luis Arce y ese partido ganaron las elecciones generales de 2020.

“Empezó levantando la orden de aprehensión que existía contra el exministro de la presidencia Juan Ramón Quintana por el caso sedición y terrorismo. Si bien no cuenta con militancia política, la misma la promueve de forma activa al interior del Órgano Judicial, favoreciendo al MAS con diferentes fallos judiciales”, citaron los legisladores.

Por otro lado, se menciona que postulantes como el expresidente del TDJ de Potosí, Elías López cuenta con una sentencia penal de tres años de cárcel, por incumplimiento de deberes. En el mismo departamento, se tiene el antecedente de que este año, el juez postulante, Raúl Arnold Barriga, fue gravado convocando a un levantamiento en armas, contra los ciudadanos de Santa Cruz.

“En 2018, el señor (juez) José Pedro Carvalho Ojopi también se postuló al cargo de Fiscal General, sin embargo, debido a que no pudo desvirtuar su militancia política con el MAS, fue inhabilitado”, menciona otra parte de la impugnación. Carvalho también fue suspendido por emitir resoluciones en favor de personas procesadas por narcotráfico.

El mismo juez, también es impugnado por estar involucrado en el favorecimiento al magistrado del TSJ, Carlos Alberto Egüés, quien fue procesado por el secuestro de una notaria electoral de Beni, en las anteriores elecciones judiciales. Dicho magistrado fue señalado por eliminar y cambiar las papeletas de votación para subir la cantidad de votos con los que supuestamente fue electo, el caso nunca fue esclarecido por la Fiscalía, pese al relato y todos datos proporcionados por la víctima.