Instituciones alertan que la justicia boliviana está “al borde del colapso” y exigen una reforma estructural urgente
Bolivia ocupa el puesto 131 de 143 países en Estado de derecho, según el World Justice Project 2025, además de ubicarse en los últimos lugares en justicia penal y civil.
La justicia boliviana atraviesa una crisis tan profunda que la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil como Fundación Construir y Red Unitas advirtieron que el sistema está “al borde del colapso”. Las conclusiones se hicieron públicas durante la Mesa de Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, donde se coincidió en que los problemas acumulados durante años ya no admiten medidas paliativas, sino una transformación integral basada en derechos humanos y participación ciudadana.
El Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Calizaya Aro, presentó un diagnóstico crítico que expone el deterioro estructural del sistema.
Señaló bajos niveles de desempeño, observaciones constantes de organismos internacionales y una independencia judicial “severamente debilitada”. A ello se suma un uso abusivo de la detención preventiva, la injerencia política, la corrupción y un presupuesto insuficiente.
Recordó que Bolivia ocupa el puesto 131 de 143 países en Estado de derecho, según el World Justice Project 2025, además de ubicarse en los últimos lugares en justicia penal y civil. “Las iniciativas anteriores fracasaron porque se convirtieron en mecanismos de cooptación o porque no tuvieron compromiso político real”, afirmó en el evento.
Para revertir este escenario, la Defensoría propone una reforma apoyada en tres pilares: convertirla justicia en una política pública de Estado, asumir plenamente el enfoque de derechos humanos y garantizar una participación ciudadana vinculante, especialmente de víctimas.
Además, identificó áreas prioritarias como la independencia judicial —solo el 28,5% de jueces están institucionalizados—, la reducción del uso de la detención preventiva —que afecta al 60% de la población penitenciaria— y la modemización tecnológica, incluida la digitalización de expedientes y el uso regulado de inteligencia artificial.
Las organizaciones de la sociedad civil coincidieron en el diagnóstico y añadieron datos preocupantes. Susana Saavedra, de Fundación Construir, recordó que el presupuesto para todo el sistema judicial se ha mantenido entre 0,36% y 0,52% del Presupuesto General del Estado en los últimos 15 años.
“Menos de la mitad de los municipios tiene presencia del órgano judicial o del Ministerio Público”, alertó.
La crisis carcelaria también es crítica: el hacinamiento alcanza el 210%, ubicando a Bolivia entre los países con mayor sobrepoblación penitenciaria en la región. Además, la aplicación excesiva de detención preventiva sitúa al país en los primeros lugares de Latinoamérica.
Desde Red Unitas, Claudia Terán expuso la dimensión institucional del colapso. Su observatorio registró 46 casos de falta de independencia entre 2021 y 2024, demostrando la ruptura del sistema de pesos y contrapesos, y 57 casos de corrupción judicial, muchos vinculados a consorcios entre autoridades del Órgano Judicial y el Ejecutivo.
También alertó sobre el incremento de la criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos: “Los casos se duplicaron en 2024, y la impunidad estructural erosiona el ejercicio de las libertades fundamentales”.
Las instituciones coincidieron en una serie de demandas urgentes: restaurar el equilibrio entre los órganos del Estado, otorgar autonomía al Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), consolidar un sistema integral de transparencia, garantizar igualdad jerárquica entre justicia ordinaria e indígena y aplicar enfoques de género e interseccionalidad con producción de datos desagregados para decisiones basadas en evidencia.