Pronunciamiento Público: Si la ciudadanía está obligada a votar, las candidatas y candidatos deben ser obligados(as) a debatir

La sociedad civil organizada se pronuncia saludando el proyecto de ley que plantea la incorporación del debate público y obligatorio de candidatos(as) electorales.

En pasados días el Tribunal Supremo Electoral anunció públicamente que presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto que ley de modificaciones a la Ley N° 26 en el que plantea la promoción del debate electoral público y obligatorio para la reflexión y deliberación acerca de las propuestas programáticas de candidatas y candidatos a cargos públicos elegibles con la finalidad de fortalecer las condiciones para el ejercicio del derecho al voto de manera informada.

Más de 100 redes, instituciones, colectivos y activistas que suscriben el presente pronunciamiento, consideramos que la iniciativa de una ley de debate obligatorio para candidatos(as) es altamente positiva y se enmarca en estándares del sistema interamericano de derechos humanos, los que disponen que: “el sano debate democrático exige el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones con relación a candidatos(as), sus aptitudes y capacidades durante el periodo que precede a elecciones”. En la misma línea la RELE – CIDH considera que: “Es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los electores puedan formar su criterio para votar. El libre discurso y el debate político son esenciales para la consolidación de la vida democrática de las sociedades, por lo cual revisten un interés social imperativo”.

En ese contexto, cabe destacar que la sociedad civil organizada desde hace varios años viene desarrollando acciones de exigibilidad para contar con más y mejor información en procesos electorales. Es necesaria la promoción de espacios democráticos de confrontación ideológica de las y los candidatos y de sus programas de gobierno, así como la exposición de posturas frente a diversas temáticas de interés nacional, especialmente en aquellas relacionadas a los derechos humanos de grupos prioritarios. Consecuentemente, fortaleciendo el ejercicio de un derecho ciudadano como el voto informado y la profundización del ejercicio de la democracia.

Las instituciones y personas defensoras firmantes, consideramos altamente plausible la iniciativa propuesta por el Órgano Electoral Plurinacional-OEP, y percibimos que el debate también debe darse de cara a la población, incluyendo en la norma disposiciones que fomenten la participación de las y los candidatos(as) en los espacios convocados y organizados por la sociedad civil organizada.

Hoy, la Asamblea Legislativa Plurinacional enfrenta el crucial deber de tratar este proyecto de Ley y actuar a la altura de los desafíos del sistema democrático boliviano, incorporando el marco legal que sustente el debate electoral obligatorio como una práctica y estándar que ya es implementado en casi en todos los países de la región.

En orden a todo lo dicho:

Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional al tratamiento y aprobación del mencionado proyecto de Ley, otorgando una respuesta oportuna que permita contar con la norma en vigencia para las Elecciones Generales del mes de agosto de 2025.

De no abordar y hacer efectiva esta iniciativa, se correrá el riesgo de que esta importante propuesta quede inútil y estéril, defraudando la expectativa y la confianza de la ciudadanía en nuestros representantes que tienen la posibilidad y oportunidad de dar curso al efectivo ejercicio del derecho al voto informado, y un mayor y mejor nivel de circulación de ideas e información respecto a las y los candidatos, sus aptitudes, capacidades, opiniones y propuestas frente a distintas problemáticas de interés público.

Hacemos un llamado a las y los asambleístas a actuar con responsabilidad, dar una respuesta comprometida, efectiva y a considerar el impacto altamente positivo que esta legislación tendría en el bienestar de la vida democrática del país. Bolivia se los agradecerá.

Instituciones firmantes:

 ACLO Potosí – ADESPROC Libertad – Alianza Libres Sin Violencia de Oruro – Anguirü Bolivia – Asociación Boliviana de Ciencia Política (ABCP) – Asociación de Periodistas de Beni – Asociación de Periodistas de Chuquisaca – Asociación de Periodistas de Cochabamba – Asociación de Periodistas de La Paz – Asociación de Periodistas de Oruro – Asociación de Periodistas de Pando – Asociación de Periodistas de Potosí – Asociación de Periodistas de Santa Cruz – Asociación de Periodistas de Tarija – Asociación de Promotores de Salud del Área Rural (APROSAR) – Asociación Derechos en Acción – Asociación Humanista de Diversidades Sexuales «Amigos sin Fronteras» El Alto – Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) – Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) – Asociación Un Nuevo Camino (ASUNCAMI) – Bolivia Verifica – Brújula medio digital – Casa de la Mujer – Casa Trans Cochabamba – Católicas por el Derecho a decidir Bolivia – Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT) – Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) – Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) – Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza – Centro Juana Azurduy – CIES Salud Sexual, Salud Reproductiva – Colectivo CIBERWARMIS – Colectivo de Derechos Humanos EMPODÉRATE – Colectivo Eco Feminista SALVAGINAS – Colectivo GLBT del Sur – Colectivo PLAMETA – Colectivo Plurales – Colectivo TLGB del Departamento de La Paz – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Bolivia) – Comunidad de Derechos Humanos (CDH) – Construyendo Redes para el Desarrollo – COOMUJER Beni – Coordinadora de la Mujer – Coordinadora LGBTIQ+ Cochabamba – Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL) – Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) – Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Potosí – Foro Político Departamental de Mujeres Cochabamba – Fundación CONSTRUIR – Fundación de Desarrollo y Servicio Integral (FUNDESI) – Fundación Esperanza Desarrollo y Dignidad (FEDDIG) – Fundación Integral para la Juventud (FIJ) – Fundación Internet Bolivia – Fundación IRFA Instituto Radiofónico Fe y Alegría – Fundación IVI MARAEI – Fundación JUBILEO – Fundación Kallpa – Fundación Machaca Amawta – Fundación Microjusticia Bolivia – Fundación Mujeres en Comunidad – Fundación ÑAÑOPE – Fundación para el Periodismo – Fundación UNIR – Grupo de Trabajo en Masculinidades de Cochabamba (GTM Cochabamba) – IGUAL Bolivia – Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) – La Guardiana medio digital – Laboratorio de Tecnologías Sociales (LAB TECNOSOCIAL) – Movimiento Trans Feminista de Bolivia – Mujeres en Acción – Observatorio Ciudadano de la Democracia (OCD) – Oficina Jurídica para la Mujer – ONG Realidades – Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo (OMAK) – Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos – Programa de Coordinación en Salud Integral (Red PROCOSI) – Red de Líderes para la Democracia y el Desarrollo (RELIDD Oruro) – Red Nacional de Promotoras Comunitarias de Prevención de la Violencia en Razón de Género – Ruta de la Democracia – Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) – Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos – Yo Activista

Personas defensoras de derechos humanos:

Mayra Daza Montaño – Rosa Talavera Simoni – Juan Carlos Fuertes Mamani – Wilmer Galarza Mendoza – Erika Camacho Guzmán – Ana María De la Fuente – Marco Antonio Mendoza – Ninoska Flores Loza – Hugo Eduardo Maraz – Romy Durán Sandóval – María Elena Querejazu – Cristofer Quiller Flores – Natalia Peres – Juan Carlos Balderas – Raúl Peñaranda – Franco Alejandro Albarracín Vallejos – Juan Carlos Gutiérrez – Sergio Ardaya Ríos – María Antonieta Alcón Sánchez.