Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2020

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos es una articulación compuesta por más de 60 organizaciones de la sociedad civil boliviana, comprometidas con integrar esfuerzos, conocimientos y experiencias para acompañar el proceso de transformación a una justicia accesible, transparente, plural, independiente, con enfoque de género, derechos humanos y debido proceso.

En 2018, la Plataforma ciudadana se propuso instalar una práctica de monitoreo ciudadano al funcionamiento del sistema de justicia. La iniciativa se plasma en la publicación denominada “Informe sobre el Estado de la Justicia”, la cual se presenta en su segunda edición que considera los avances y desafíos de la gestión 2020, tomando como fuentes: informes de Rendición de Cuentas Públicas, portales Web y datos oficiales proporcionados a la sociedad civil a través de solicitudes de información; informes producidos por las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la plataforma y registro hemerográfico.

Este aporte importante de la sociedad civil organizada al debate sobre la ruta crítica de reforma y al trabajo que desarrolla el sector justicia, ha adquirido reconocimiento e importancia entre las autoridades, quienes, a diferencia de otras gestiones, para 2020 respondieron a las solicitudes de información pública requeridas por la Plataforma para el desarrollo de esta investigación, lo cual es altamente favorable y merece ser destacado.
Si bien este avance es considerado favorable, todavía queda camino por recorrer hasta consolidar la transparencia activa e información suficiente para tomar decisiones que garanticen un acceso a la justicia equitativo, igualitario, plural, con enfoques de género, debido proceso y derechos humanos.

En este sentido el presente informe se estructura en seis capítulos; el primer capítulo destinado a la transparencia, rendición de cuentas y ética judicial, como elementos fundamentales para una correcta administración de justicia de cara a la sociedad, mostrando los avances que se han tenido en esta materia, pero también las carencias y desafíos que tienen las entidades del sistema para transparentar de mejor manera su actividad y resultados de gestión. En esta oportunidad el informe incorpora una serie de criterios propuestos para la elaboración de códigos de ética en las instancias de justicia, como un aporte de la sociedad civil al proceso de fortalecer la legitimidad, transparencia, rendición de cuentas y servicios de cara a la ciudadanía.

En el segundo capítulo se desarrolla el vínculo entre independencia judicial y corrupción, proporcionando elementos para un abordaje integral sobre los posibles impactos de la falta de independencia judicial en el problema de la corrupción, enfatizando en la importante de que el Estado pueda preocuparse de garantizar la independencia institucional del órgano judicial e individual de sus miembros, con medidas como un presupuesto adecuado a las necesidades del sistema, evitar injerencias y presiones a los operadores, lo que tendría un efecto directo en la lucha contra la corrupción en ese órgano.

El tercer capítulo aborda la gestión judicial durante la pandemia de la COVID-19, identificando las medidas aplicadas por el Estado y las instituciones que intervienen en la administración de justicia para garantizar los servicios judiciales, relevando la información más importante obtenida a partir de la información proporcionada a sociedad civil y los informes de gestión.

El cuarto capítulo desarrolla un énfasis en la situación de mujeres víctimas de violencia y personas procesadas o detenidas en la cuarentena, detectandose datos preocupantes sobre la falta de medidas adecuadas y de protección reforzada para evitar violencia contra la mujer y principalmente los altos niveles de feminicidios que se han dado durante la gestión 2020.

El quinto capítulo se ocupa el documento nuevamente de analizar la situación de la población privada de libertad, igualmente enfocada en la situación de la emergencia sanitaria, pero desarrollando un balance integral por tipo de población y necesidades en orden a una protección adecuada de sus derechos humanos.

El capítulo sexto contiene las conclusiones y recomendaciones de la sociedad civil en orden al contenido y temas abordados en el reporte.

Asimismo, el Informe  menciona el agradecimiento a los miembros de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos que coadyuvaron a la elaboración del Informe que espera constituirse en una herramienta de información para el cambio, hacemos extensivo nuestra gratitud a las entidades que de manera transparente colaboraron con los datos necesarios y con su predisposición de transformar la justicia.