Sociedad civil boliviana fortalece el monitoreo de compromisos internacionales durante visita académica de Relatora de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados
La Fundación CONSTRUIR, en coordinación con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), la Universidad Católica Boliviana, a través de sus Carreras de Derecho en las sedes de La Paz y La Plata (Sucre), y el Instituto para la Democracia, desarrolló diversas actividades académicas en el marco de la visita a Bolivia de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, realizada del 14 al 18 de septiembre de 2026.
La visita permitió a la Relatora presentar, en distintos espacios académicos, los principales lineamientos de tres informes temáticos presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: el Informe sobre los principios para el nombramiento de jueces (A/HRC/62/63); el Informe sobre la independencia judicial frente a los desafíos contemporáneos de la democracia (A/HRC/56/52); y el Informe sobre el derecho de los pueblos indígenas a sus propios sistemas de justicia (A/HRC/59/52). En este marco, los días 15 y 16 de septiembre, la Universidad Católica Boliviana, en sus sedes de La Paz y Sucre, recibió a más de 150 participantes, entre autoridades del Órgano Ejecutivo, del Órgano Legislativo, representantes de la comunidad académica, líderes de opinión, autoridades de naciones y pueblos indígena originario campesinos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones vinculadas con la administración de justicia. Estos espacios permitieron conocer las recomendaciones contenidas en los informes y promover un diálogo sobre los desafíos que enfrenta el proceso de reforma de la justicia en Bolivia.
Asimismo, la Relatora sostuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en procesos de incidencia, monitoreo y acompañamiento a la reforma del sistema de justicia. En estos espacios fueron compartidos reportes y análisis sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe sobre la visita al Estado Plurinacional de Bolivia (A/HRC/50/36/Add.1), elaborado a partir de la visita realizada al país en 2022. Estas recomendaciones también fueron retomadas en el informe Cohesión Social: El camino para la consolidación de la democracia en Bolivia, elaborado en el contexto de la visita in loco realizada al país en 2023, reforzando la relevancia de su seguimiento por parte del Estado boliviano.
Durante su visita, la Relatora Satterthwaite también sostuvo reuniones con autoridades del Consejo de la Magistratura, la Escuela de Jueces del Estado y el Tribunal Constitucional Plurinacional, además de representantes de agencias de cooperación vinculadas con temas de justicia. Asimismo, participó en espacios académicos con jueces, juezas y vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia. Estos encuentros permitieron recoger distintas perspectivas sobre los avances, desafíos y condiciones institucionales que atraviesa el proceso de reforma judicial, un tema que ha adquirido especial relevancia en el debate público durante el último año.
La visita de la Relatora Especial constituyó, además, una oportunidad para fortalecer el diálogo entre los mecanismos internacionales de derechos humanos, las instituciones del Estado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil boliviana. El trabajo de monitoreo e incidencia desarrollado por estas organizaciones contribuye a mantener en la agenda pública el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia y a generar evidencia sobre los avances y brechas en materia de independencia judicial, acceso a la justicia, pluralismo jurídico y derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, el intercambio sostenido durante la visita permitió poner en común información y perspectivas sobre la implementación de las recomendaciones internacionales y reafirmó la importancia de una participación activa de la sociedad civil en el seguimiento de las obligaciones del Estado y en la construcción de una reforma de justicia que responda a estándares internacionales de derechos humanos.