Más de un centenar de redes, instituciones, colectivos y activistas manifestaron su respaldo al proyecto de ley enviado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que propone la modificación parcial de la Ley N° 26 para establecer el debate electoral público y obligatorio entre los candidatos presidenciales.
Elecciones: 78 organizaciones y 19 activistas exigen a la Asamblea aprobar ley de debate obligatorio
El TSE propuso modificar la Ley N° 26 para incluir el debate obligatorio como un mecanismo que garantice la discusión de propuestas programáticas de los candidatos a la presidencia. Este intercambio de ideas permitirá a la ciudadanía evaluar de manera objetiva a quienes buscan ser representantes nacionales.
La sociedad civil organizada se pronuncia saludando el proyecto de ley que plantea la incorporación del debate público y obligatorio de candidatos(as) electorales.
«Los plazos previstos han sido fijados para garantizar el ejercicio de los derechos políticos», sostiene el Órgano Electoral.
Inicialmente, la oposición estaba abierta tanto a elecciones primarias como a una encuesta. Sin embargo, esta situación ya fue definida, y el candidato será elegido mediante una encuesta, según afirmó Carlos Mesa
La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó una denuncia y habilitó a Autonomía Para Bolivia – Súmate (APB – Súmate), para participar en las elecciones generales previstas para el 17 de agosto próximo, según informó el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.
El vicepresidente del Órgano Electoral no reveló cuándo será la fecha límite para el registro de candidatos.
La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Olivia Guachalla, informó que se remitió el proyecto de ley de debate obligatorio al Comité de Democracia y Régimen Electoral, para que dar inicio a su tratamiento.
El TSE y varios actores políticos buscan “blindar” las elecciones generales, luego de una accidentada y “mutilada” elección judicial.
La Ley 018 del Órgano Electoral señala en el numeral 10 del artículo 4, que entre sus competencias se encuentra la regulación, fiscalización y difusión de estudios de opinión en materia electoral, durante la ejecución del proceso electoral.