Gobierno busca fortalecer medios originarios a través de consultorías
Bolivia aún no cuenta con leyes nacionales en materia de acceso a la información pública, aunque sí con regulaciones de menor jerarquía (DS N° 28168 y DS 0214), y tampoco una norma que regule la distribución de publicidad.
El pasado miércoles 7 de abril, el Gobierno central aprobó, mediante el Decreto Supremo 4484, el incremento presupuestario del Viceministerio de Comunicación para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, además del fortalecimiento del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios. Algo que llama la atención es la asignación de pautas publicitarias, de manera discrecional, debido a la falta de una norma específica.
El presupuesto adicional es de 50.77.049 de bolivianos, que se suma a la asignación inicial a través del PGE 2021 de 59.567.107 de bolivianos, que da un total de 110.337.156 de bolivianos.
De esta nueva asignación, algo que llama la atención es el destino de 770.048 de bolivianos para el fortalecimiento del sistema de radiodifusión de pueblos originarios, pero a través de “consultorías”.
El artículo 3 de la norma señala: “Se autoriza al Ministerio de la Presidencia incrementar, en la gestión 2021, la subpartida 25220 ‘Consultores Individuales de Línea’ en Bs 770.049 (…), destinado al fortalecimiento del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios”.
¿Objetivos institucionales?
Desde enero a la fecha, el Viceministerio de Comunicación, dependiente del Ministerio de la Presidencia, registró en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) algo más de 40 contratos de difusión de productos comunicacionales, que van desde 20 mil bolivianos a 1 millón de bolivianos.
En principio, se adjudica de manera directa campañas de prevención contra la Covid-19. y posteriormente otros productos no especificados.
Los contratos adjudicados a unos cuantos medios de comunicación tienen una modalidad que va desde la asignación de un monto por un espacio de tiempo definido como 15 días y otros recursos que llegan al millón de bolivianos con fecha determinada o hasta haberse agotado el presupuesto.
Actualmente no hay una regulación explícita para la publicidad, por lo que la publicidad estatal es por tanto susceptible de ser utilizada de forma inapropiada.
Presión
Por más de una década, desde la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS), se ha desarrollado una especie de asfixia económica contra algunos medios de comunicación, particularmente contra los que no comulgan con la línea oficialista.
Informes de 2020 revelaron que en los últimos nueve años del gobierno del expresidente Evo Morales se gastaron 1.718 millones de bolivianos, que beneficiaron a un gran número de semanarios desconocidos y que incluso percibían más dinero que los diarios de circulación nacional.
En 2011, la inversión en publicidad gubernamental fue de Bs 37,6 millones; en 2012, Bs 63,2 millones; en 2013, Bs 103,5 millones; en 2014 (año electoral), Bs 239,5 millones; en 2015, Bs 217,4 millones; en 2016, Bs 204 millones; en 2017, Bs 264,6 millones; en 2018, Bs 291,3 millones, y en 2019 (año electoral), Bs 297 millones.
Sin normativa, se puede presionar
Bolivia aún no cuenta con leyes nacionales en materia de acceso a la información pública, aunque sí con regulaciones de menor jerarquía (DS N° 28168 y DS 0214), y tampoco una norma que regule la distribución de publicidad, lo que permite al poder ejercer presión sobre los medios de comunicación, sostiene la politóloga Patricia Velasco.
“Desde que el MAS llegó al poder, las autoridades de mayor jerarquía señalaban que los medios de comunicación son el (enemigo) número uno o que el Gobierno no da publicidad a medios de comunicación porque mienten y hacen política partidaria; es decir, la asfixia económica contra los que consideran contrarios”, señala Velasco al referir que su intención fue minar los cimientos de empresas a las que considera enemigas.