La situación de los derechos humanos luego de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó: “Las investigaciones independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas arrojarán luz sobre lo sucedido, abriendo la puerta a la verdad, la justicia y las reparaciones integrales.»
Desde noviembre de 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha desplegado una misión técnica en Bolivia para recabar información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos, tras las elecciones generales del 20 de octubre. La misión ha estado operando bajo el mandato global de OACNUDH, con el apoyo de las autoridades bolivianas y de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas. Las actividades de la misión forman parte del “Programa de las Naciones Unidas para la Consolidación.
Los hallazgos de OACNUDH están respaldados por más de 50 reuniones con autoridades e instituciones a nivel nacional y local, y por entrevistas con más de 100 víctimas y testigos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y otros actores. OACNUDH analizó un volumen considerable de información, incluida la proporcionada por las autoridades, testimonios de incidentes e información de diversas fuentes de acceso público. OACNUDH ejerció la debida diligencia para evaluar la credibilidad y la fiabilidad de todas las fuentes y verificó la información reunida para acreditar su validez.
Las elecciones generales se realizaron el 20 de octubre de 2019. Los resultados parciales preliminarmente apuntaban a una segunda vuelta entre Evo Morales, del partido político Movimiento al Socialismo (MAS), y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. Ese mismo día, el Tribunal Supremo Electoral suspendió la transmisión de los resultados preliminares. Cuando la transmisión se reanudó al día siguiente, los resultados preliminares indicaban un cambio en la tendencia de los mismos y la probabilidad de la victoria de Evo Morales en la primera vuelta, lo cual generó preocupación por parte de observadores electorales. De inmediato, se realizaron cabildos, vigilias, protestas, bloqueos, huelgas y paros cívicos en todo el país, denunciando un fraude electoral. El 25 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral declaró la victoria de Evo Morales en la primera vuelta, lo cual generó una intensificación en las protestas.
El 10 de noviembre, la Organización de los Estados Americanos publicó su informe preliminar de la auditoría de las elecciones, recomendando su anulación y la realización de nuevas elecciones. El mismo día, el Jefe de las Fuerzas Armadas sugirió públicamente la renuncia del Presidente Morales para restablecer la paz y la estabilidad. El Presidente Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera presentaron su renuncia, al igual que otras autoridades del Estado, algunas de las cuales se refugiaron en la Embajada de México en Bolivia. A partir de este momento, las protestas a nivel nacional se intensificaron, sobre todo por los sectores afines al MAS, y se observaron algunos hechos de violencia, actos vandálicos, bloqueos y un cerco a la ciudad de La Paz. El 12 de noviembre, tras dos días de vacío de poder, la entonces vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, asumió la presidencia para asegurar la transición hacia nuevas elecciones. El Tribunal Constitucional respaldó la sucesión presidencial.
Manifestaciones masivas contra el nuevo Gobierno se desencadenaron en todo el país y continuaron hasta que se llegó a un acuerdo político, el 23 de noviembre de 2019, cuando el Gobierno recién establecido y representantes del MAS acordaron la anulación de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, allanando el camino para nuevas elecciones en 2020. Las elecciones generales estaban previstas inicialmente para el 3 de mayo, pero debido a la pandemia de COVID-19, se han pospuesto tres veces y ahora están previstas para llevarse a cabo el 18 de octubre de 2020.
Entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, el Sistema de las Naciones Unidas registró cientos de protestas, manifestaciones, huelgas y bloqueos en todo el territorio de Bolivia. En este período, en particular a partir del 10 de noviembre, se registraron algunos episodios violentos, como incendios, saqueos de bienes privados y públicos y otras acciones de vandalismo. En ese contexto, OACNUDH documentó diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo al derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión.
La institución nacional de derechos humanos (Defensoría del Pueblo) reportó que 35 personas murieron en el contexto de la crisis postelectoral entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre de 2019, mientras que el Instituto de Investigaciones Forenses registró 30 personas muertas durante ese período. La Defensoría del Pueblo también informó que 833 personas resultaron heridas, ya sea por las fuerzas de seguridad o en enfrentamientos entre grupos de manifestantes; la mayoría de las personas heridas se registraron en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. La Defensoría del Pueblo reportó que dos policías fallecieron y 12 resultaron heridos durante el mismo período.
Violaciones a los derechos a la vida y seguridad de la persona
La institución nacional de derechos humanos (Defensoría del Pueblo) reportó que 35 personas murieron en el contexto de la crisis postelectoral entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre de 2019, mientras que el Instituto de Investigaciones Forenses registró 30 personas muertas durante ese período. La Defensoría del Pueblo también informó que 833 personas resultaron heridas, ya sea por las fuerzas de seguridad o en enfrentamientos entre grupos de manifestantes; la mayoría de las personas heridas se registraron en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. La Defensoría del Pueblo reportó que dos policías fallecieron y 12 resultaron heridos durante el mismo período.
En el contexto de las protestas mayoritariamente pacíficas del 20 de octubre al 25 de noviembre de 2019, OACNUDH pudo documentar la muerte de 30 personas y recibió denuncias de otros seis casos que no pudo corroborar. La Oficina pudo verificar que por lo menos 20 de las muertes ocurrieron durante operaciones realizadas por la policía y las Fuerzas Armadas en el contexto de las protestas; en otros cuatro casos, las víctimas murieron durante los enfrentamientos entre manifestantes, y en seis casos OACNUDH no pudo verificar las circunstancias de las muertes.
En las primeras semanas de la crisis, durante el anterior Gobierno, OACNUDH observó que la policía no cumplió con su deber de protección. En este contexto, se produjeron tres muertes causadas por enfrentamientos o agresiones entre manifestantes.
Respecto a las muertes ocurridas durante operaciones conjuntas entre la policía y las Fuerzas Armadas, el 15 de noviembre de 2019, nueve personas murieron durante las manifestaciones en Sacaba (Cochabamba) y más de 100 resultaron heridas; el 19 de noviembre, diez personas murieron durante las protestas en Senkata (El Alto – La Paz) y al menos 30 más resultaron heridas.
Los relatos de las víctimas de lesiones y testigos en Sacaba y Senkata, así como la documentación y el material audiovisual analizados por OACNUDH, indican que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes, en violación de las normas y estándares internacionales aplicables.
Múltiples fuentes verificadas por OACNUDH sugieren que las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron municiones letales para dispersar a las personas manifestantes. Elementos materiales, como los cartuchos de munición usados y los impactos de bala en propiedades públicas y privadas, encontrados por OACNUDH donde ocurrieron los hechos, corroboran los relatos recogidos sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad.
El Instituto de Investigaciones Forenses confirmó que la munición letal fue la causa de todas las muertes y varias de las lesiones en las protestas de Sacaba y Senkata. No hubo reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran muerto o resultado heridos por armas de fuego durante estas protestas.
El 5 de diciembre de 2019, el Gobierno emitió el Decreto 4100, que contemplaba una indemnización por las muertes ocurridas durante la crisis. El Decreto fue denunciado por impedir que las personas beneficiarias pudieran recurrir a instancias internacionales, cláusula que fue derogada posteriormente. El 9 de marzo de 2020, el Gobierno emitió el Decreto 4176, que modificó el Decreto 4100 y sustituyó la indemnización por una ayuda humanitaria más amplia para las personas heridas y los familiares de las personas fallecidas durante la crisis, incluyendo ayudas en materia de educación y asistencia médica. No obstante las mejoras realizadas, los decretos no terminan por garantizar plenamente el derecho de las víctimas a una reparación integral.
Según la Defensoría del Pueblo, del 20 de octubre al 25 de noviembre de 2019, más de 1.500 personas fueron privadas de la libertad, la mayoría de las cuales fueron liberadas sin cargos después de unas horas. El registro oficial de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley sobre el número y las circunstancias de las privaciones de libertad durante ese período es limitado. En varias ocasiones se realizó un elevado número de privaciones de la libertad durante operaciones conjuntas de la policía y las Fuerzas Armadas en zonas donde se produjeron protestas contra el nuevo Gobierno. Las detenciones arbitrarias de aquellas personas que se manifestaban de manera pacífica, además de la respuesta desproporcionada por parte de las fuerzas del orden a algunas de las protestas, parecen haber sido utilizadas como un medio para intimidar y desalentar el ejercicio del derecho de reunión pacífica.
OACNUDH documentó el caso de 28 personas detenidas en El Alto (La Paz), el 11 de noviembre de 2019, que fueron víctimas de detenciones arbitrarias y sometidas a torturas u otras formas de mal trato por parte de la policía, incluyendo amenazas de muerte, electrocución, asfixia con bolsas de plástico, golpes con culatas de fusil, posiciones de estrés,privación de alimentos y agua, burlas sexuales y simulacros de ejecuciones. Al finalizar este informe, las 28 personas estaban siendo procesadas por daños agravados a la propiedad y se les concedió detención domiciliaria en marzo de 2020. Deben garantizarse investigaciones prontas y diligentes de todas las denuncias de tortura u otras formas de maltrato presuntamente perpetrados por las fuerzas de seguridad.
Libertad de expresión
Entre el 17 de octubre y el 25 de noviembre de 2019, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia reportó 94 ataques en contra de periodistas y personal de medios de comunicación, incluyendo ataques físicos y verbales y acciones de hostigamiento, durante las protestas. Durante el mismo período, las instalaciones de al menos 18 medios de comunicación tanto públicos como privados fueron intencionalmente dañadas, incendiadas y su equipo destruido por personas que participaron en las protestas.
Discriminación
OACNUDH recolectó información acerca de ataques físicos (golpes), amenazas, insultos y otras acciones degradantes en contra de mujeres indígenas por parte de grupos movilizados, acompañadas de expresiones de intolerancia relacionada a su condición étnica y/o filiación política. OACNUDH también recibió información de casos de violencia en contra de mujeres indígenas que detentan cargos públicos. OACNUDH documentó el emblemático caso de la Alcaldesa de Vinto (Cochabamba). El 6 de noviembre, un grupo, denominado “Resistencia Juvenil Cochala” la forzó a caminar descalza durante dos horas en medio de una multitud de personas, con un claro propósito de incitar a la violencia en contra de ella. Posteriormente, la rociaron con gasolina, pintura, alimento y orina, entre otras sustancias, y le cortaron el cabello. En diversas ocasiones, mecanismos de derechos humanos han reportado el uso de la violencia y el desarrollo de funciones policiales por parte de este grupo. Sin embargo, este tipo de acciones no han sido objeto de ninguna investigación por parte de las autoridades competentes.