La Fundación CONSTRUIR presentó el 18 de febrero el Primer Diagnóstico de Ciberdelincuencia en Bolivia, un aporte para conocer la situación del sistema de justicia frente a los delitos informáticos. La investigación fue realizada por el abogado Fabián Espinoza, y es parte de una iniciativa impulsada por ASUNCAMI, la Fundación UNIR, Visión Mundial, en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos y el financiamiento de la Unión Europea.
En la presentación del diagnóstico de Ciberdelincuencia en Bolivia, el autor Fabian Espinoza resaltó la ausencia de datos estandarizados y de acceso a la información pública sobre ciberdelincuencia. A modo de anécdota exhibió la respuesta que llegó de un asiento judicial de Uncía, Potosí, ante una solicitud de información.
“Hago conocer a usted que en este asiento judicial no se cuenta con el sistema de Internet”, señalaba la respuesta. El investigador enfatizó que “este hallazgo dice mucho más de lo que ustedes pueden ver en el papel, porque dice lo relegado que está Bolivia, lo anticuado en la administración de justicia (…) y que existen realidades como de Uncía donde no se cuenta ni siquiera con Internet”.
Uno de los elementos sobresalientes del estudio es que en la mayoría de los casos las víctimas suelen ser mujeres. “Se ha podido identificar la particularidad no tan grata de que la mayoría de los delitos vinculados al Internet son de contenido de transgresión a la libertad sexual y a la integridad física de las víctimas”, apuntó Espinoza.
La directora de la Fundación CONSTRUIR, Susana Saavedra, mencionó la necesidad de contar con este tipo de diagnósticos ante el constante avance de la tecnología. “El Internet, a la par de constituirse en un medio para potenciar derechos, también se ha convertido en un espacio para la aparición y proliferación de los delitos. Estas actividades han avanzado de manera mucho más acelerada que el avance de los sistemas estatales para prevenir y combatir estos delitos”.
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El estudio puede ser revisado en el siguiente enlace:
La presentación contó además con la participación de cuatro expertos en ciberdelincuencia que aportaron con sus conocimientos desde su propia experiencia.
Por ejemplo, el ingeniero en sistemas y experto en transformación digital, Esteban Lima, enfatizó la necesidad de que Bolivia ingrese a una cultura de datos abiertos y digitalización de la información.
“El acceso a la información es uno de los temas pendientes en Bolivia. A veces no es que la autoridad no quiera dar información, sino que esta información no está disponible, mucho menos digitalizada ni estandarizada”, dijo Lima. Luego añadió: “No tenemos una cultura digital, seguimos viviendo en un Estado de papel como hace 20 años atrás”.
El panel de comentaristas contó con la contribución del subteniente Edwin Quiroz, investigador en la División de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz. El uniformado apuntó que el diagnóstico presentado evidencia la poca atención que se le da, por parte del Estado, a la ciberdelincuencia.
“Hacer notar que actualmente la División de Cibercrimen funciona en sólo dos departamentos: La Paz y Santa Cruz, cuando debería ser a nivel nacional. Tampoco contamos con equipos de última generación ni equipos estables para manejar lo que es ciber-inteligencia y ciber-patrullaje”, explicó Quiroz.
Por otro lado, el subteniente lamentó que las empresas telefónicas no implementen actos de prevención ante la ciberdelincuencia. “Ustedes ven en las calles la venta libre de líneas telefónicas, muchas veces con registros falsos”.
Maricarmen Sequera, abogada y directora ejecutiva de TEDIC Paraguay, dijo que se debe trabajar para definir lo que se entiende por delitos informáticos y delitos cometidos a través de plataformas electrónicas. Esto no sólo permitirá atenderlos y combatirlos de mejor manera, sino también sistematizar la información de forma más clara.
“Uno de los elementos más importantes que se debería resaltar cuando hablamos de ciberseguridad son las políticas públicas, que tienen que estar basadas y centradas en las personas”, reflexionó Sequera.
Por último, la abogada que es parte de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, Karina Medinaceli, señaló cuatro aspectos en los que se debe trabajar. El primero consiste en la necesidad de incorporar en la legislación boliviana nuevos tipos penales relacionados con la ciberdelincuencia. El segundo es la capacitación de todos los operadores de justicia (incluidos los jueces) en esta temática.
En tercer lugar, se debe reforzar y fortalecer las divisiones que previenen y combaten la ciberdelincuencia. Y por último, se debe impulsar la elaboración de una ley de acceso a la información pública que implique a todos los niveles del Estado.
“Si nosotros leemos el estudio un común denominador en todas las instancias es la falta de información estadística y de una cultura de acceso a la información. Muchas veces las instituciones públicas se creen propietarias de la información y el acceso no es fácil”, recalcó Medinaceli.
