“El GIEI concluye que los bloqueos (a las caravanas del Sur y a la caravana minera) fueron resultado de una acción ejecutada con la participación del Estado» e instigada por autoridades de los tres niveles de gobierno.
El documento señala que Evo Morales menospreció las movilizaciones de plataformas ciudadanas y activistas.
El documento refiere que hubo «graves violaciones a los derechos humanos” entre octubre y diciembre de 2019, periodo compartido entre el gobierno del líder cocalero y el gobierno de transición.
El GIEI presentó su informe sobre los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Antonia Urrejola destacó la cooperación del Estado y sus instituciones, así como el testimonio de víctimas y familiares.
El informe del grupo de expertos contiene siete sugerencias para los planes de investigaciones sobre la violencia y violaciones de derechos humanos en 2019.
“El GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes”, remarca el documento conclusivo.
“Las fuerzas de seguridad reaccionaron con uso desproporcionado de violencia al derrumbe del muro y la secuencia de protestas”, señala el documento del GIEI.
Con base en el informe del GIEI, que señala que ni la Policía ni las Fuerzas Armadas deben sugerir o recomendar actos políticos, Luis Arce reafirma que en 2019 hubo “golpe de Estado”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) deploró el “uso de fuerza de modo excesivo” en fuerzas militares y policiales.