Mujeres y activistas en el país marcharon contra los feminicidios y violaciones, además exigieron el respeto a sus derechos humanos.
La Comisión Mixta de Justicia Plural del Legislativo realizó la segunda sesión para tratar el reglamento de elección judicial, en el que se dio lectura en grande a los proyectos de ley en mesa.
La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, determinó rechazar los proyectos de ley sobre las elecciones judiciales presentados por Comunidad Ciudadana y Creemos.
El excuraca de la nación Qhara Qhara y actual secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena, Saúl Flores, advirtió que las autoridades campesinas que autorizan o impulsan la expulsión de personas de las comunidades, a título de justicia comunitaria como en el caso de Martín Choque, son pasibles a procesos penales.
Después de que el MAS presentara su propuesta de reglamentación para las elecciones judiciales, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y el Conade anuncian que presentarán cuatro propuestas ante la ALP para que las asambleas legislativas departamentales, una comisión de notables y veedores internacionales como la CIDH participen en la preselección de candidatos a magistrados para transparentar el proceso y evitar que afines al partido de Gobierno sean elegidos.
El Estado benefició al sector aurífero con al menos 500 millones de dólares el año pasado a través de la subvención a los carburantes, pero ese sector sólo dejó como 70 millones de dólares en regalías para los departamentos productores, según la Fundación Jubileo.
El Movimiento al Socialismo (MAS) tiene previsto presentar una propuesta de reglamento para las elecciones judiciales, esta semana. La bancada oficialista anunció también que se buscará un consenso con la oposición para viabilizar la selección de postulantes y luego proceso electoral.
Desde CC expresan dudas y temen que el oficialismo sólo haga cumplir lo que le convenga. El oficialismo dice que su cumplimiento no es obligatorio.
El informe preliminar del grupo de expertos afirma que durante los conflictos de 2019, la Policía y las FFAA hicieron «uso excesivo de la fuerza».
«La línea de investigación obstaculizó conocer detalladamente las circunstancias de los homicidios, así como de las heridas provocadas en las demás víctimas”, sostiene el informe.