ANPB y APP denuncian restricciones a la información y judicialización de periodistas en Potosí
Las asociaciones de periodistas denunciaron que el gobernador de Potosí, “en una clara vulneración a la Ley de Imprenta”, demandó la aprehensión del director de radio Fides Potosí.
Ante el pedido de aprehensión de un periodista por parte de la Gobernación de Potosí, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Potosí (APP) denunciaron este lunes restricciones a la información y judicialización de periodistas en la Villa Imperial.
“Expresamos nuestra protesta ante la permanente vulneración de la libertad de prensa y del derecho de acceso a la información pública, así como ante la judicialización de la labor periodística por parte de autoridades estatales del departamento de Potosí”, cita una nota conjunta por parte de ambas asociaciones.
Además, denunciaron que el gobernador de Potosí, Jhonny Óscar Mamani, “en una clara vulneración a la Ley de Imprenta”, demandó al Órgano Judicial la aprehensión del director de radio Fides Potosí, Germán Antonio Vidaurre, por no haberse presentado a declarar como testigo en un juicio por difamación que la autoridad interpuso contra el asambleísta Jaime Flores.
Dicha solicitud de aprehensión fue interpuesta a pesar de que el periodista Vidaurre se excusó de declarar arguyendo que no podía oficiar de testigo porque violaba el secreto de fuente que está protegido por la Ley de Imprenta, cita la nota.
Por otra parte, las asociaciones de periodistas repudiaron la vulneración del derecho de libre acceso a la información pública por parte del gerente regional de la Comibol, Ramil Silvestre, que el pasado 5 de mayo increpó al periodista Marvin Valda, del diario El Potosí, y se negó a responder respecto a las acciones que su despacho tiene previstas para evitar el colapso del Cerro Rico de Potosí.
“Por favor, le voy a rogar que ¡no me moleste!”, arengó el funcionario que, luego, abandonó el lugar sin responder la consulta periodística, recuerda la ANPB y la APP.
“Repudiamos la conducta de dichas autoridades estatales que, en su función pública, tienen la obligación de respetar la normativa nacional e internacional que protege la libertad de prensa”, señala el pronunciamiento.
Asimismo, denunciaron que el intento de judicialización de los periodísticas es una práctica recurrente con la que se pretende- aseguran- silenciar al periodismo y, asimismo, evitar la fiscalización de las acciones del Estado para transparentar la gestión pública”.
Por último, reafirmaron que no cederán ante las constantes amenazas a su trabajo periodístico y que continuarán en la tarea de luchar contra la “cultura del secreto que intentan imponer algunas autoridades estatales como parte de su práctica cotidiana”.