Defensoría observa intento de intimidar a los periodistas
El Ministerio de Justicia recordó que la CPE protege la libertad de prensa.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió ayer que la conminatoria judicial para que 13 medios de comunicación revelen los nombres de los periodistas y las circunstancias en que trabajaron sobre el caso del abogado sentenciado por secuestro, Jhasmani Torrico, se constituye en un acto de amedrentamiento y una indirecta amenaza a la libertad de expresión.
“Este tipo de actos se constituyen en medios de amedrentamiento para este sector fundamental de la sociedad boliviana y, por lo tanto, en un medio indirecto de limitación a la libertad de expresión por un ejercicio impertinente del Poder Judicial sobre los medios de comunicación conminados a otorgar la información requerida, cuando la rectificación de información tiene una jurisdicción especial bajo el marco de la Ley de Imprenta”, afirmó en un comunicado.
En la semana, la jueza Sofía Almanza Camacho solicitó a los medios que entreguen toda esa información, en el marco de un proceso iniciado por Torrico por difamación, calumnia e injuria contra los periodistas que considera que con sus publicaciones contribuyeron a que sea procesado.
Ya el jueves, ante el anuncio del juicio, el Ministerio de Justicia recordó que la libertad de expresión está protegida por la Constitución Política de Estado.
“Ante el anuncio de un juicio penal contra periodistas por parte del abogado sentenciado por secuestro y torturas Jhasmani Torrico, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Bolivia recuerda que la Ley de Imprenta de 1925 está vigente y que la libertad de prensa y de expresión está protegida por la Constitución”, publicó en sus cuentas oficiales en redes sociales.
Cruz recordó a las autoridades del Órgano Judicial que “todas las peticiones realizadas dentro de procesos penales en las que se encuentren inmersos trabajadores de la prensa por hechos o actos desarrollados durante su labor periodística, deben enmarcarse en los estándares internacionales de la libertad de expresión y de prensa previstos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), como también en las previsiones contenidas en la Constitución Política del Estado referentes a la comunicación social e información”.
La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (Fstpc) emitió un pronunciamiento en el que rechaza las acciones de la jueza Almanza y le solicita revisar la medida que adoptó en este caso.
“Nosotros debemos hacer notar a todos, absolutamente a todos, que la jueza no tiene competencia para conocer estos delitos previstos en la Ley de Imprenta. Consideramos que esto se va a corregir en los próximos días para tranquilidad de los medos de comunicación”, afirmó David Ovando, ejecutivo de esa organización, quien además coincidió en que ésta es una acción de “amedrentamiento cobarde a los trabajadores de la prensa, por personas que no tienen moral”.