El ‘arcismo’ reiteró que ya no hace falta tratar el cese de los prorrogados.
La oposición rechaza que el texto de la convocatoria deja abierta la posibilidad.
El llamado publicado hoy del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, para tratar el Proyecto de Convocatoria a la preselección de candidatos para las elecciones judiciales genera optimismo entre los bolivianos.
Ante la falta de consensos para la aprobación de créditos internacionales y el tratamiento de proyectos de ley contra la prorroga judicial, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, sostuvo que los acuerdos alcanzados por la “Comisión Bicameral Multipartidaria” fracasaron, realidad que impide a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) avanzar en otros temas que le competen.
“Sin duda se puede decir que ha habido un fracaso del acuerdo alcanzado en la Vicepresidencia, pero eso es culpa del actual Gobierno al no cumplir dicho pacto. Las fechas señalaban un tiempo entre el 5 y el 9 de febrero, ya se ha sobrepasado ese lapso y ha quedado demostrada la falta de interés en encontrar salidas a este tema”, dijo Astorga en conferencia de prensa.
Señaló además que, desde la oposición se mantendrá la posición de no viabilizar ningún crédito que llegue desde el Ejecutivo, mientras no se elimine la “autoprorroga” dispuesta por el TCP en favor de Magistrados en el Órgano Judicial.
Por ello, Astorga apuntó al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, por no convocar a sesiones de esta instancia con la finalidad de tratar los proyectos de ley aprobados anteriormente en el Senado para terminar con la prorroga judicial.
Asimismo, adelantó que mientras no se avance en esos temas, el trabajo de la Asamblea Legislativa quedará estancado y no se podrán realizar sesiones absolutamente de nada, “si no quieren que exista un empantanamiento en el Parlamento, se tiene que convocar a sesiones para, de una vez, aprobar la anulación de la prorroga y otros proyectos de ley que son de interés para el país”, finalizó.
En el acuerdo firmado por los integrantes de la “Comisión Bicameral Multipartidaria”, el pasado viernes 2 de febrero, se estableció que entre los días 5 y 9 del presente mes, Diputados y Senadores traten y aprueben proyectos de ley que tienen que ver con la agenda económica del país, después de tratar, por tiempo y materia, los proyectos de ley contra la prorroga judicial.
En medio del desacuerdo para tratar con prioridad normas en la Cámara de Diputados, la diputada arcista Deisy Choque dijo este miércoles que legisladores evistas y de oposición tienen como “bandera política” su demanda de tratar primero los dos proyectos de ley antiprórroga de mandato de magistrados, con el fin de retrasar las elecciones judiciales.
“Sería una pérdida de tiempo querer tratar los proyectos de ley 073 y 075. Mis colegas de Comunidad Ciudadana, Creemos y el grupo radical o evista lo saben, conocen y entienden, pero necesitan tener bandera política que siga generando el retraso en el proceso de preselección; ahora entran en ese chantaje de decir no va a haber elecciones si no hay estas leyes porque ellos son los que, en realidad, quieren retrasar las elecciones”, afirmó a radio Panamericana Choque.
Este miércoles se cumplen cinco días desde que la sesión de la Cámara de Diputados fue declarada en cuarto intermedio sin fecha ni hora de reanudación, luego de que arcistas, que exigían primero la aprobación de créditos internacionales, y evistas y opositores, que también demandaban aprobar primero los proyectos de ley 073 y 075 o de cesación de funciones a magistrados autoprorrogados.
Ambos grupos de legisladores se acusaron mutuamente de incumplir el acuerdo de la comisión bicameral multipartidaria, del 2 de febrero, que había tratado esas demandas y se había comprometido a aprobarlas hasta el viernes de la semana pasada.
“Si la comisión que estaba tratando por tiempo y materia una semana no se animó a poner de que estos proyectos de ley iban a ser aprobados y sólo pusieron tratar por tiempo y materia, es porque no tienen argumento ni fundamentos para decir que se va a aprobar”, insistió Choque cuando explicó que ya hay una sentencia constitucional que impide la aprobación de esas normativas.
Por su lado, legisladores evistas y opositores exigieron este miércoles nuevamente al presidente de la Cámara de Diputados, el arcista Israel Huaytari, reanudar la sesión de esa instancia legislativa, para tratar los proyectos de ley 073 y 075.
El Pacto de Unidad evista advierte con reanudar movilizaciones de protesta desde el 23 de febrero, después de su ampliado, para exigir no sólo la aprobación de las leyes antiprórroga, sino también en rechazo a la escasez de combustible y dólares en el país.
La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, por más de dos tercios votos, el proyecto de convocatoria para la preselección de candidatos a magistrados.
Una vez aprobado este proyecto, se debe convocar al pleno de la Asamblea para aprobar la convocatoria.
Tomando en cuenta los plazos, se espera que desde la próxima se empiecen a recibir las postulaciones de los profesionales, quienes pretendan ser elegidos como magistrados de los altos tribunales o consejeros de la Magistratura.
El diputado Juan José Jáuregui ya había anticipado que la intención era aprobar la convocatoria en Comisión este jueves, para que el jueves la Vicepresidencia convoque a sesión de la Asamblea a realizarse el viernes.
Una vez aprobada la convocatoria en sesión de Asamblea del viernes, se publicaría en medios de comunicación desde el sábado y por tres días. Así se podría comenzar a recibir los documentos de los postulantes desde el martes de la próxima semana, según indicó Jáuregui.
La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa solicitará al Ministerio de Economía un presupuesto adicional de Bs 830.723,8 para encargarse del proceso de preselección de los candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La petición fue respaldada por más de dos tercios de los legisladores en la sesión de este miércoles, en la que también se aprobó la convocatoria que debe ser ratificada por el pleno del Legislativo para activar la preselección de los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura.
De acuerdo con el secretario técnico de la Comisión de Constitución del Senado, el presupuesto financiará la compra de equipamiento, contratación de personal, alimentación, trasporte y comunicación para el operativo que debe concretarse en 80 días.
Por ejemplo, se realizará la contratación de personal eventual por el lapso de seis meses con un presupuesto de Bs 347.000; para viáticos se destinarán Bs 20.000; para comprar al menos cinco computadoras e impresoras, Bs 250.000; y para publicidad, Bs 25.000, entre otros ítems.
“Todo esto, señor presidente (senador Miguel Rejas) y miembros de la Comisión Mixta hace un total de 830.723,8 bolivianos, lo que quiero aclarar es que la Comisión Mixta no tiene ningún presupuesto asignado”, precisó el funcionario durante la sesión.
La senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos informó que en la gestión 2023 cada Comisión, tanto de Constitución y de Justicia Plural de Diputados y de Senadores, hicieron la solicitud de presupuesto adicional de forma independiente.
El diputado de Comunidad Ciudadana Pablo Arizaga consideró que es una vergüenza discutir quién va a administrar el dinero.
Mientras, el jefe de la bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado, replicó que es necesario definir competencias y sugirió que los oficiales mayores de Senadores y de Diputados se encarguen de realizar las gestiones para cada comisión.
Al respecto, el presidente de la Comisión Mixta, el senador Miguel Rejas, coincidió que deben “ponerse de acuerdo con los oficiales mayores y gestionar ante el Ministerio de Economía”.
La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó ayer el proyecto de convocatoria para la preselección de candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Con ello, se espera que el pleno apruebe la convocatoria la próxima semana.
La Comisión Mixta de Constitución, que está compuesta por legisladores de las distintas fuerzas políticas del Senado y la Cámara de Diputados, aprobó el proyecto de convocatoria por más de dos tercios de los votos de los presentes, luego de alrededor de dos horas y media de debate.
Según se conoció, la mayoría decidió también rechazar la propuesta que presentó la bancada de Comunidad Ciudadana (CC).
Tras la aprobación del proyecto de convocatoria en la Comisión Mixta de Constitución, lo que sigue es su tratamiento y aprobación en el pleno de la Asamblea.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), que responde al ala ‘arcista’ del MAS, adelantó que el informe de la Comisión Mixta de Constitución será remitido este jueves al pleno de la Asamblea Legislativa, por lo que espera que el vicepresidente David Choquehuanca convoque a sesión dentro de las próximas 24 horas.
“Mañana por la mañana (por hoy) se enviará el informe y la convocatoria al pleno de la Asamblea y, en el plazo de 24 horas, se deberá convocar a sesión del pleno. Entendemos que esto sucedería el viernes. Posteriormente, el sábado, domingo y lunes, se deberá publicar la convocatoria. (Con ello), el día martes ya estaríamos abriendo las oficinas de las comisiones (respectivas) para recibir las postulaciones”, anticipó el legislador, según declaraciones recogidas por la agencia ANF.
De acuerdo con la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, el Legislativo tendrá un plazo máximo de 80 días para la preselección de los candidatos, una vez que se publique la convocatoria, que deberá hacerse por tres días consecutivos en un medio de comunicación nacional, según explicó Jáuregui.
Entretanto, y luego de que concluya ese proceso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá un plazo máximo de 150 días para organizar el proceso electoral.
PLAZO
De acuerdo con la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, los aspirantes tendrán 20 días para presentar sus postulaciones ante el Legislativo.
La comisión bicameral, conformada por legisladores del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, acordó avanzar con el Proyecto de Ley 144 para la convocatoria a elecciones judiciales.
La diputada arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Deisy Choque aseguró que el acuerdo de la comisión bicameral, cuyo objetivo fue avanzar con el Proyecto de Ley (PL) 144, se cumplió a cabalidad y garantiza la ejecución de las elecciones judiciales.
En entrevista con La Razón Radio, la legisladora indicó que los diputados respetaron el acuerdo que dice “tratamiento y aprobación” del Proyecto de Ley 144 en su primer punto de acuerdo. En el segundo dicta “tratamiento” de los PL 073 y 075.
El PL 073 trata la suspensión de plazos procesales y la continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Y el PL 075 determina la suspensión del mandato que los actuales magistrados “prorrogados”; es más corto, solo tiene dos artículos.
Choque afirmó que la Cámara de Diputados decidió avanzar con la ley y no “empantanar” el proceso. “Ahora ya tenemos un proyecto aprobado con sus 42 artículos, cinco adicionales y una disposición final”.
La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este martes, en grande y en detalle, el Proyecto de Ley 144, Transitoria de Elecciones Judiciales, que fue remitido a la Cámara de Senadores para su tratamiento.
Explicó que la ley cuenta con plazos, calificaciones, requisitos e incluso los tiempos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
A su vez, afirmó que “el único ganador”, con la aprobación del Proyecto de Ley 144, es el pueblo y la transparencia, debido a que garantiza la realización de las elecciones judiciales.
Al ser consultada por la “prórroga” de magistrados y consejeros, aseguró que el Órgano Judicial no puede cerrarse ni tener una transición con secretarios o decanos, como lo propuso Comunidad Ciudadana (CC).
“No puedo ni siquiera pensar en que los decanos se van a sentar en el lugar de autoridades electas”, afirmó Choque.
La Cámara de Senadores ya considera la ley.
La Ley de Elecciones Judiciales, promulgada la tarde de este martes por el presidente Luis Arce, prevé la realización de los comicios la semana entre el 22 y 29 de septiembre de este año. El plazo de 230 días dictado por la norma se cumple el 24 de ese mes.
Aprobada en medio de presiones políticas, sociales e incluso un bloqueo nacional de caminos de 16 días, diputados y senadores dieron luz verde al documento redactado por la comisión bicameral tripartidaria de la Asamblea Legislativa.
En su contenido, y subsanados los ocho artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TCP), la ley establece la evaluación meritocrática de los postulantes, que dispone una calificación específica a la experiencia profesional, la formación académica, la producción intelectual e incluso valida y califica el ejercicio de autoridades indígenas; todo eso sobre 100 puntos.
También existe una serie de nuevas medidas, entre ellas, los novedosos mecanismos de comunicación y verificación electrónica descritos en el artículo 6 de la ley.
“En la fase de preselección se podrá hacer uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicación”, señala el parágrafo I de dicho artículo.
Elecciones judiciales
Además, el segundo parágrafo dicta: “las y los postulantes al momento de su postulación autorizan a la Comisión Mixta respectiva el acceso a las bases de datos públicos para la verificación de la información proporcionada”.
Finalmente, manda que las comisiones mixtas de Constitución y Justicia, encargadas del proceso de preselección, deberán hacer conocer sus determinaciones a las y los postulantes a través del correo electrónico y/o WhatsApp, a efectos de notificaciones.
Otro de los temas que se debatió en las cámaras de Diputados y Senadores fue la veeduría del proceso, que constará con actores nacionales e internacionales.
En el ámbito nacional, están incluidas las universidades públicas y privadas, los colegios de auditores, las asociaciones de periodistas y medios de comunicación, asociaciones de profesionales y sectores indígenas, gremiales “o de cualquier otra naturaleza”, que deberán acreditar sus representantes ante las comisiones que llevan el proceso.
Por otra parte, las organizaciones internacionales consideradas para la veeduría son la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El Estado Plurinacional de Bolivia podrá considerar las recomendaciones que formulen estas misiones, para el mejor desarrollo de los próximos procesos de Elecciones de Máximas Autoridades Judiciales (sic)”, dice el parágrafo II del artículo 8 de la ley.
La norma marca un plazo de 80 días calendario para cumplir con todas la fase de la preselección de candidatos, desde la recepción de documentos de los postulantes hasta la aprobación de la lista de los habilitados para los comicios. Cumplido ese proceso, será el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de organizar las elecciones en 150 días.
La que viene será la tercera elección judicial en el país luego de las de 2011 y 2017.