En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la nueva encuesta de Diagnosis señala que la población está dividida respecto a este tema: Para 4 de cada 10 personas hay libertad de prensa en Bolivia; sin embargo, 5 de cada 10 cree que no hay libertad de prensa.
¿En Bolivia hay o no hay libertad de prensa? Esa fue la pregunta realizada a los entrevistados entre el 15 y 16 de abril de una muestra de 1800 encuestas en el área urbana y rural.
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El 51% opina que no hay libertad de prensa o hay demasiados obstáculos para la libertad de prensa.
El 40% cree que hay total libertad de prensa o libertad de prensa con limitaciones.
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Los que opinan que existe libertad de prensa en Bolivia son proclives al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, mientras los que tienen un punto de vista diferente no respaldan al Mandatario y apoyan a líderes de oposición.
No obstante, cuando la encuestadora pregunto si ¿confía en la información de los medios de comunicación en Bolivia? El 45% respondió que desconfía mucho o desconfía un poco mientras 46% confía un poco o confía mucho en lo que informan los medios.
A diferencia de otros temas de coyuntura, la libertad de prensa en Bolivia es uno de los temas con menor nivel de indiferencia o neutralidad. Este tema logra polarizar aún más a la opinión pública, posicionando a los diferentes sectores, concluye la encuestadora.
Los medios de comunicación se han convertido en un actor político que no deja indiferente a nadie, también señala la encuestadora. Para un tercio de los entrevistados los medios están atemorizados por el Gobierno y no publican noticias desfavorables al poder político. Para otro tercio, los medios son parte de la oposición y buscan desestabilizar la gestión del presidente Arce.
Algunos confían en los medios de comunicación; pero es una confianza cautelosa. Saben que detrás de varios de estos medios hay intereses políticos a favor o en contra del Gobierno. (Brújula Digital)
Más de 200 violaciones a los Derechos Humanos y la libertad de expresión e información fueron denunciadas por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), en reunión con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ayer inició su visita al país.
Tras iniciarse el encuentro, realizado en un hotel de la zona Sur de La Paz, donde se aloja la delegación, cada uno de los representantes de las entidades periodísticas denunció las violaciones a los Derechos Humanos que se registran en Bolivia y las presiones que se ejercen contra el trabajo de la prensa.
El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Jorge Carrasco Guzmán, organización que aglutina a los diarios y revistas del país, hizo énfasis en las presiones de diverso tipo que realiza el Gobierno contra los medios, por ejemplo el uso de la oficina de Impuestos Nacionales, además de otras reparticiones.
También denunció la distribución arbitraria de la publicidad estatal como premio a los medios oficialistas y castigo a los medios independientes.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, dio una visión general sobre situación de las violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia y mencionó tres casos específicos: los del dirigente cívico Marco Antonio Pumari, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de la expresidenta Jeanine Añez.
Del primero señaló que es acusado sin pruebas de haber alentado el incendio de Tribunal Departamental electoral de Potosí y que se encuentra con detención preventiva desde hace 15 meses.
Sobre la expresidenta Añez, Peñaranda dijo que la Constitución y las leyes bolivianas establecen que un exmandatario solo puede ser juzgado mediante un Juicio de Responsabilidades y en ningún caso en un juicio ordinario. El presidente de la APLP también dijo que en el país existe casi un centenar de presos políticos.
También se hizo mención a que de acuerdo con la fundación Unitas, en 2018 se producía una agresión o acto de violencia contra los periodistas cada seis días y ello ha ido agravándose hasta este momento, en el que existe una cada dos días. Antes de la llegada de Evo Morales al poder, los ataques a los periodistas eran inusuales.
Asimismo, fue referido el caso de Las Londras, donde seis periodistas fueron torturados, secuestrados y forzados a firmar un documento en el que prometían no volver al lugar de la toma de tierras de un grupo afín al MAS, o las golpizas a periodistas de Santa Cruz sucedidas en el segundo semestre de 2022.
El expresidente de la asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, hizo un repaso de la manera cómo el gobierno amedrenta a los periodistas al identificarlos y calificarlos como opositores.
Recordó que el expresidente Morales calificó como “enemigos” de su gestión a los periodistas cuando ellos, dijo Glasinovic, no son enemigos de nadie excepto de la corrupción y los abusos.
Inmediatamente antes de recibir a los periodistas independientes y los y sus asociaciones ingresaron a una reunión un grupo de periodistas cercano al oficialismo.
Antes del ingreso de los representantes de entidades periodísticas, la comisión recibió a un grupo de comunicadores oficialistas o cercanos al gobierno, entre los que destacaban Freddy Morales, de Telesur; Jaime Iturri, de ATB, y Julio Peñaloza, de La Razón.
En la reunión, de parte de la CIDH estuvieron presentes Pedro Vaca, el relator para la libertad de prensa, y la primera vicepresidenta de la entidad, Esmeralda de Troitiño.
CARLOS MESA
Tras sostener un encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el líder de la oposición, Carlos Mesa, expresó su sorpresa con la presencia del comisionado Joel Hernández en un “acto de desagravio” a quienes ejercieron como vocales electorales en la elección del 2019, en la que se denunció un fraude electoral que fue corroborado por una auditoría de la OEA.
“Le he expresado mi preocupación, mi sorpresa (a Hernández). Le digo cómo es posible que la CIDH refrende algo que ha sido probado como fraude por la OEA, de la que la CIDH es parte, y refrendado por la Comunidad Europea”, manifestó Mesa.
El líder de CC se refiere a un acto de desagravio que fue organizado ayer por el Ministerio de Justicia a favor de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED) que fueron acusados de fraude electoral tras la realización de las elecciones generales de 2019.
Mesa señaló que la respuesta que le brindó Hernández es que en esta oportunidad vino para evaluar la situación de los Derechos Humanos en Bolivia. (EL DIARIO y agencias)
¿El gobierno de Arce está vulnerando o no está vulnerando sistemáticamente los derechos humanos? Esa fue la pregunta que hizo Diagnosis en su reciente encuesta: El 53% afirmó que el Gobierno está vulnerando los DDHH mientras el 29% dijo que no está violando los DDHH.
El Ministerio de Justicia puso en marcha este miércoles una Comisión Nacional de Seguimiento para Casos de Feminicidio (Conascfe), compuesta por nueve abogados especializados en derecho penal y constitucional para hacer seguimiento a los procesos.
Queda prohibida la propaganda electoral que utilice símbolos, lemas, materiales electorales u otros identificativos de cualquier órgano o entidad del Estado, además de utilizar la imagen no autorizada de personas individuales y se difunda discursos de odio.